Intersindical Canaria ha denunciado "la situación de abandono y discriminación" que sufren los menores escolarizados en los centros dependientes de la consejería de Bienestar Social del Gobierno canario.
Como ha expresado en un comunicado la delegada de Personal de Intersindical Canaria en Bienestar Social, Nazaret del Pino Alonso, la ley es "clara" al "definir el primer ciclo de Educación Infantil como una etapa educativa única", pero en Canarias "existen hoy niños de primera en centros de la consejería de Educación, y niños de segunda en los dependientes de Bienestar Social".
Mientras Educación "presume de la expansión del ciclo 0-3 años, los centros dependientes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Infancias y Familias de esta Comunidad Autónoma de Canarias sufren cierres de aulas por falta de personal y una gestión basada en una normativa obsoleta de 1994".
La administración "incumple su propio Decreto 446/2023, que obliga a gestionar estos centros bajo criterios educativos y no como meros centros de custodia o asistenciales", ha recordado.
Intersindical Canaria ha advertido de lo que considera una situación "en un punto crítico", ya que en los últimos meses, "varias escuelas infantiles de la red de Bienestar Social se han visto obligadas a cerrar aulas completas durante días debido a la falta de cobertura de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)".
A diferencia de los centros de la consejería de Educación, donde las sustituciones y los apoyos "cuentan con mecanismos más ágiles", ha criticado que "en Bienestar Social la burocracia y la falta de previsión dejan a las familias sin servicio y a los niños sin su derecho a la educación de forma recurrente".
Alonso cree "inadmisible" que la Consejería de Bienestar Social siga utilizando el artículo 16 de una Orden de septiembre de 1994 para organizar los horarios y el funcionamiento de estos centros", una normativa dictada hace más de 30 años que responde a "un modelo asistencialista y de protección del menor que ha sido "legalmente superado".
El Decreto 446/2023 establece en su Disposición Adicional Primera que estos centros deben gestionarse según el currículo educativo actual (Decreto 196/2022) pero "la realidad es un contrasentido pedagógico" ya que se exige a los educadores cumplir con objetivos educativos modernos mientras se les imponen horarios de guardería y se les niega el personal de apoyo y los tiempos de preparación que sí tienen sus compañeros en Educación".
Lo mismo ocurre con el personal de limpieza, ha denunciado, que tiene que hacer "el trabajo de hasta dos compañeros de baja por meses o el personal de cocina sustituir al cocinero o cocinera del centro por catering teniendo una lista de reserva actualizada".
Además de la vulneración de derechos laborales, Intersindical Canaria ha advertido de la vulneración de derechos de la infancia porque "un niño en una escuela de Bienestar Social no recibe el mismo tiempo de atención individualizada ni cuenta con la misma estabilidad de personal que un niño en una escuela de Educación".
En esta línea, desde este sindicato exigen la "intervención inmediata" del Gobierno de Canarias para "unificar las condiciones de gestión de todas las escuelas infantiles públicas", independientemente de la consejería a la que estén adscritas; actualizar las RPTs de "forma urgente" para evitar el cierre de aulas por falta de personal de apoyo; y derogar de facto la aplicación de la Orden de 1994, adaptando los horarios y calendarios a "la realidad educativa del siglo XXI".