“El Gobierno cree que ha llegado el momento de limitar la movilidad en el interior de establecimientos de uso público de toda clase” y “vincular la movilidad a la disposición del certificado Covid”. Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.
De momento, ha adelantado que están estudiando cómo se llevará a cabo, para “tratar de que no sea posible acceder al interior de establecimientos de uso público sin un certificado de inmunidad”.
“Se está llevando a cabo con relativo éxito en otros territorios”, ha señalado, comparándolo con la prueba que se exige a los turistas que van a hospedarse en un establecimiento alojativo de las islas.
En el caso de la medida que se plantea ahora, exigiría haber sido vacunado o contar con una PCR o un test de antígenos negativo para poder acceder a lugares como un restaurante o una tienda.
“Hay más de medio millón de personas que se han descargado ya el certificado Covid en Canarias”, ha subrayado el portavoz del Gobierno, que considera que esto supone “un principio de prueba de que es relativamente fácil” hacerlo.
Lo que pretenden es que es certificado también sea “una especie de pasaporte interno en la comunidad”, aunque los detalles aún no se han perfilado. “Esa medida se adoptará en otro Consejo de Gobierno, que si tiene que reunirse con carácter extraordinario lo hará, porque la situación lo requiere”, ha adelantado Julio Pérez. Respecto a dónde se exigiría exactamente ese certificado, ha señalado que también está pendiente de concretar.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha defendido que están tratando de “adaptar todo el conjunto de medidas a esta nueva situación epidemiológica”. Al respecto, ha adelantado que en breve esperan que se puedan empezar a comprar test rápidos en las farmacias, que también podrían ser admitidos para acceder a los locales si se implanta esta medida.
Además, durante la rueda de prensa, tanto Trujillo como Julio Pérez han reiterado la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Supremo el auto del TSJC que no ha avalado la imposición del toque de queda en las islas en nivel 3 y 4 de alerta, y han defendido la necesidad de esa restricción, no solo para evitar los botellones sino también las reuniones en domicilios de personas no convivientes hasta altas horas de la noche.
