El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este martes en el pleno del Parlamento que su departamento está "a las puertas" de aprobar un programa que permita sacar parte de las viviendas vacías en Canarias al mercado de alquiler, unas 211.000 en el archipiélago.
"Llevamos meses anunciando que vamos a revisar el programa de vivienda vacía", pero "aún no está lista", ha reconocido el consejero en una comparecencia parlamentaria.
Esa revisión del programa, explicó, se debe a que en la anterior legislatura el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) encargó un programa a Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), ambas empresas públicas del Gobierno, pero fue "un rotundo fracaso" porque se destinaron ocho millones de euros y solo salió una vivienda en alquiler al mercado.
Para remediarlo, el Icavi ha encargado a Visocan una revisión del programa. Aunque la revisión no está terminada, Visocan, con el asesoramiento de la Asociación Provivienda, ya ha remitido una propuesta al Icavi, anunció Pablo Rodríguez.
No dio detalles, pero señaló que el programa dará seguridad jurídica y garantías a los propietarios, mientras que los inquilinos podrán alquilar "una vivienda digna a precios asequibles", aseguró.
Subrayó que el propósito del programa será incentivar a los propietarios de viviendas vacías que las pongan en alquiler porque es necesario incrementar la oferta, cuya falta es el principal problema de la subida de los precios tanto de venta como de alquiler, sostuvo.
El problema de la vivienda afecta de forma transversal a todos los segmentos de población y las causas son diversas, expuso el consejero, quien recordó que para movilizar la oferta el Gobierno aprobó un decreto de emergencia habitacional.
Según dijo, el decreto ya está obteniendo resultados, como se detecta por un aumento en las peticiones de calificaciones provisionales de vivienda protegida.
La emergencia habitacional no se resolverá solamente con la construcción de vivienda pública, sino también con la edificación de vivienda protegida para alquileres asequibles por parte de la iniciativa privada y de vivienda libre, además de con la movilización de la vivienda vacía.
Indicó Pablo Rodríguez que la ley estatal de vivienda no ha conseguido incentivar el incremento de la oferta tras un año de vigencia, aunque hay artículos positivos, como el que señala que ante una falta de oferta es una opción el uso de suelo dotacional para la construcción de vivienda pública, como hace también el decreto canario.
