El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, Sebastián Franquis, ha reiterado la necesidad de establecer una fiscalización a través del Estado a las subidas de precios que se han producido a raíz de la entrada en vigor del descuento del 75% para residentes, "pero no la fiscalización de la bonificación en sí".
Así lo ha destacado en un comunicado ante la publicación del informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que concluye que ha habido un alza de los precios en los billetes aéreos entre Canarias y la Península y recomienda revisar esa bonificación por el efecto que ha tenido. "Este es un informe que se ha solicitado a la CNMC, uno más y no es vinculante, aunque no esperábamos que ese informe cuestionara, como se está cuestionando, la subvención a los residentes en Canarias", ha señalado el consejero.
Además, Franquis ha recordado que él ya denunció esta misma situación ante el Parlamento de Canarias en los pasados meses de septiembre y diciembre, momento en el que anunció también la celebración de una cumbre sobre el transporte con el resto de territorios extrapeninsulares de España para abordar, entre otros asuntos, los efectos de la aplicación de la subvención de residente.
"La bonificación del 75% fue un logro de todos los canarios que se consiguió con el acuerdo y el consenso de todas las fuerzas políticas canarias. Además tiene una base legal, está recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y fue incorporada en la última reforma del REF que se hizo en 2018; por lo tanto, son logros y avances que hemos conseguido todos los canarios y no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en este aspecto; eso lo tenemos absolutamente claro en el Gobierno de Canarias", explicó Franquis.
Defiende que ya tenían "una hoja de ruta"
Respecto a las conclusiones de este informe de la CNMC, el consejero ha recordado que el Ejecutivo canario ya abordó el tema de las consecuencias de la aplicación de la bonificación del 75% en el transporte aéreo el pasado mes de enero, durante la primera Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares que reunió al Gobierno canario con los de Baleares, Ceuta y Melilla. Una de las conclusiones de dicha Cumbre, que marcó la hoja de ruta para las reivindicaciones en temas de movilidad de los territorios extrapeninsulares, fue la de reclamar medidas de fiscalización al Gobierno Central para la correcta aplicación de la subvención al residente, para que ésta no derivase en un incremento incontrolado de los precios.
"El Gobierno de Canarias, igual que el resto de territorios extrapeninsulares, ya tenía una hoja de ruta marcada ante el Gobierno Central para tratar estos temas y reclamar que se tomen medidas para que esos incrementos en los billetes no se produzcan", ha añadido Franquis, señalando que iniciarán ese diálogo con el Estado cuando pase el estado de alarma, porque no encuentran "ningún motivo real, ya sea por motivos de compra de combustible o laborales, que justifique que las aerolíneas incrementen los precios de esta forma".
Durante la Cumbre celebrada en enero, todos los representantes autonómicos que participaron coincidieron en considerar la bonificación del 75 por ciento como "un hito", pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.
Por este motivo, Franquis insiste en que las conclusiones acordadas por los cuatro territorios extrapeninsulares, y recogidos en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada Cumbre, siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes. Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos de estas cuatro regiones reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías, "para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos".
Otra de las conclusiones que se extrajeron de dicha Cumbre fue la de solicitar la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y que se hagan propuestas para mejorarla. Esta mesa tenía previsto celebrar su primera reunión el pasado mes de marzo, pero debido a la crisis sanitaria ha tenido que aplazarse.
