El Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio del Interior a tomar medidas urgentes ante el colapso del sistema de citas de asilo: hay personas que llevan meses intentando obtener una primera cita, otras con cita para dentro de más de un año y situaciones de especial vulnerabilidad que no cuentan con protección.
En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Defensor explica a Interior que, a pesar de las medidas adoptadas, en estos momentos tramita más de 2.500 quejas y le recuerda que, en cumplimiento de la normativa comunitaria, España debe garantizar que quien formule una solicitud de protección internacional pueda presentarla efectivamente lo antes posible.
Años de espera sin papeles
Los problemas vienen de antiguo e Interior comunicó al Defensor que se había desmantelado un entramado que bloqueaba el sistema de citas online de extranjería mediante una aplicación informática maliciosa y que se habían adoptado diversas medidas para agilizar los trámites en dependencias policiales.
Pero las quejas continúan y, según explica la institución, que encabeza Ángel Gabilondo, hay personas que llevan meses intentando obtener una primera cita de asilo.
Al no conseguirla, no pueden acceder al sistema de acogida. Otras han obtenido cita por vía telefónica, pero no tienen constancia escrita de la misma. También hay personas que tienen cita, pero que deben esperar muchos meses o, incluso, más de un año para formalizar su solicitud.
El Defensor menciona el caso de una mujer venezolana con cita en Lugo dentro de casi dos años, el 5 de diciembre de 2025. Si se admite a trámite su solicitud, no estará autorizada a trabajar hasta junio de 2026, lo que retrasa "de forma injustificada" su proceso de integración e incrementa su dependencia de las ayudas sociales, advierte.
Cuando se formaliza la petición, no siempre se otorga a la persona un NIE, algo imprescindible para realizar los trámites más básicos. El Defensor recomienda que se les expida un documento que certifique su condición de solicitante y que acredite que está autorizado a permanecer en España mientras se tramita su expediente.
Familias separadas y casos vulnerables
En el informe se destaca también que hay familias que han obtenido una cita telefónica pero no son atendidas de forma conjunta cuando acuden a las dependencias policiales. Solo se atiende a un adulto y a los menores y el resto debe solicitar nueva cita individual, lo que impide el acceso de toda la familia al sistema de acogida.
Se pone asimismo el foco en el caso de personas en situación de especial vulnerabilidad, grupo en el que la ley de extranjería sitúa a menores, personas con discapacidad, de edad avanzada, embarazadas, familias monoparentales o víctimas de trata o formas graves de violencia psicológica, física o sexual.
En ocasiones tardan meses en acceder al sistema de acogida y, aunque el Defensor está notificando a las jefaturas superiores de policía los casos que le llegan, "su situación es especialmente preocupante" y hay territorios como Cataluña o la Comunidad Valenciana que "no están poniendo los medios necesarios" en casos particulares, se reseña en el escrito.
Dificultades también para prorrogar
Entre las quejas, hay también personas que no pueden renovar su documentación de protección internacional por falta de citas y quedan desprotegidas, sin poder trabajar o realizar trámites cotidianos.
El Defensor propone que se incluya una leyenda en su documentación que explique que se prorroga su validez hasta que se resuelva el procedimiento.
Se siguen recibiendo asimismo quejas por las condiciones en las que se realizan las entrevistas o por la exigencia de documentación no prevista en la normativa de asilo para tener cita previa, como el certificado de empadronamiento.
Según el Defensor, ha recibido denuncias de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Bilbao.
Más de 163.000 solicitantes de asilo en 2023
El Defensor del Pueblo valora los esfuerzos realizados por Interior y las plantillas policiales pero advierte que son "insuficientes" ante el creciente aumento de las solicitudes de asilo que recibe España.
En 2023 se registraron más de 163.218 solicitudes, un 37 % más que en 2022, y España es ya el tercer país receptor en la Unión Europea, por lo que debe dotarse de más medios.
