El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes que haya fracasado la solidaridad del resto de comunidades autónomas con el Archipiélago para el reparto y la atención de los menores migrantes que llegan a las costas de las islas, pero ha considerado que la solución "va por buen camino".
Clavijo, que ha respondido en el pleno del Parlamento de Canarias a varias preguntas sobre la inmigración, ha precisado que esa solución pasa por que la solidaridad "sea vinculante" y se acometan reformas legales para que sea el Estado el competente y responsable de los más de cinco mil menores que acoge Canarias.
El presidente urgió al Gobierno central a responder cuanto antes a las propuestas canarias para modificar hasta cuatro leyes para conseguir el reparto de los menores entre las comunidades autónomas.
Menores en centros de adultos
Porque mientras tanto, en las islas se vive una situación "límite", hasta el punto de que el ejecutivo regional ha tenido que pedir permiso a la Fiscalía para alojar a 140 niños en las instalaciones de adultos de Las Raíces porque "falta espacio físico", subrayó.
El Gobierno de Canarias y sus servicios jurídicos le han dado "el trabajo hecho" al Gobierno central y por eso no debe demorarse la respuesta, señaló el presidente, quien insistió en que los menores deben repartirse con criterios objetivos entre las comunidades autónomas y el ejecutivo central asumir el coste de su atención.
"Cada día que pasa seguimos sin poder garantizar los derechos de esos niños y esas niñas", protestó el presidente.
En octubre se alcanzó un acuerdo parcial para repartir a 347 menores entre las demás comunidades autónomas, de los más de 5.000 que hay en Canarias, pero, además de que es una cifra insuficiente, ni siquiera se ha producido aún ninguna derivación, expuso el presidente.
Fernando Clavijo mostró su orgullo por el acuerdo general entre las fuerzas políticas canarias (excepto Vox) para demandar al Estado esas modificaciones legales y ese reparto de los menores migrantes.
"Lejos del ruido y de la crispación de Madrid, hemos puesto el interés general por encima de avatares políticos", sentenció Clavijo, y recordó que la próxima semana su Gobierno remitirá una comunicación al Parlamento para ratificar ese acuerdo, al que animó a Vox a incorporarse.
El presidente mostró también su "orgullo y agradecimiento" por el comportamiento de la ciudadanía de El Hierro y destacó que es uno de los asuntos que trató con el papa Francisco en su reciente visita a El Vaticano.
Sequía, conflictos y cambio climático
Clavijo dijo que a corto plazo hay que resolver con urgencia la situación de los menores, pero subrayó que la migración persistirá mientras haya una diferencia "brutal" de 1 a 10 en la riqueza de África y Europa, mientras sigan la sequía, los conflictos o el cambio climático.
A esa situación estructural hay que responder con "cooperación y desarrollo" para que la gente "no tenga que huir", un trabajo que deben abordar Europa y la ONU y que a Canarias le viene "un poco grande".
Confió en que la próxima visita a Mauritania de Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, así como el despliegie del Frontex "puedan ayudar a desincentivar las llegadas".
Luz Reverón, del PP, vinculó las llegadas de migrantes en 2006 y en 2023 con los gobiernos del PSOE y lamentó que el Gobierno de España ponga al frente del "mando único" ante la inmigración al ministro Ángel Víctor Torres, a quien acusa de que mientras fue presidente de Canarias "nunca planteó ninguna solución".
El diputado de Vox Nicasio Galván demandó la "repatriación inmediata" de los migrantes y rechazó el acuerdo para que se repartan los menores inmigrantes, porque es "un parche a corto plazo" que aumenta "el efecto llamada, ya que se completa con dinero público los viajes que ofrecen las mafias a estas personas para llegar a la península".
En su opinión hay que "actuar sin complejos" frente a los países que "chantajean" a España "con el tráfico de seres humanos e imponerles sanciones comerciales o incluso romper relaciones".
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, recordó que hasta 20.000 personas han llegado a las costas de El Hierro en los últimos meses y pidió medidas para que el fenómeno no acabe generando daños colaterales a los servicios públicos de la isla y a la economía.
