La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha informado este viernes de que en el archipiélago se han presentado hasta el momento 22.068 solicitudes de Expediente de Regulacióm Temporal de Empleo (ERTE) con 157.995 personas afectadas.
Estas cifras se presentan en un contexto marcado por la pérdida de 19.797 puestos de trabajo en marzo y una caída del 24,01% de la contratación respecto al mes de febrero, con especial incidencia en el sector de la hostelería (-37,41%), directamente vinculado al turismo.
La consejera puso también sobre la mesa la necesidad de que se reconozcan "las especiales singularidades de Canarias", una comunidad autónoma, la única región ultraperiférica española, que se verá "especialmente afectada por el parón económico en el sector turístico".
"El Gobierno de España debe tener en cuenta el impacto económico diferencial que tiene la emergencia del COVID-19 en cada uno de los territorios", manifestó Máñez, que alertó de que la importancia del sector turístico en el archipiélago hará que este impacto "sea más prolongado en el tiempo y con un proceso de recuperación más lento".
Por otro lado, se refirió también a la falta de liquidez que amenaza en un futuro próximo a las administraciones públicas debido a la caída de las previsiones de ingresos, en un marco "de paralización de la actividad económica".
Así, hizo una llamada a que Europa "permita el endeudamiento y mancomunar la deuda", solución que evitaría el tener que aplicar medidas como la debatida en la Conferencia Sectorial.
"Hay que facilitar todos los recursos posibles, flexibilizar las reglas fiscales y permitir el endeudamiento para que las administraciones públicas puedan hacer frente, sin condenar su liquidez, a cuestiones de extrema urgencia como las prestaciones ligadas a los ERTE, las ayudas a autónomos y autónomas o la atención sanitaria durante esta emergencia", añadió.
Para Elena Máñez, hacer frente al gasto derivado de las prestaciones vinculadas a los ERTE "obliga a plantearse las prioridades en una situación de excepcional emergencia".
Así, señala que "Canarias ha puesto por delante garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados por estos expedientes pueden cobrar sus prestaciones, pero poniendo como condición insalvable que los fondos de formación para el empleo sean repuestos".
"El apoyo al cambio en los fondos de formación excepcional"
En cuanto al respaldo del Gobierno de Canarias a la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de destinar los fondos de formación para el empleo a costear las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), indica que es "una decisión excepcional" motivada "por la situación de emergencia que atraviesa el país" y que tiene como objetivo "garantizar que las casi 158.000 personas afectadas por un ERTE en Canarias cobren sus prestaciones".
Máñez recordó que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, "ya recogía claramente que esos fondos podrán destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo", por lo que afirmó que se ha exigido en todo momento que "sean repuestos al finalizar la emergencia" y que el Ministerio "convoque una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, a la mayor brevedad, para abordar su reparto".
La consejera dejó claro que "Canarias no renuncia a los fondos de formación para el empleo, como tampoco lo hace a su derecho de recibir las partidas comprometidas por el Estado a través del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), vitales para la recuperación económica de las islas".
Sin embargo, manifestó que en estos momentos "la prioridad es proteger las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE".
