Canarias pedirá al Gobierno que se aplique el descuento de residente para hijos de divorciados

“Si el gasto es impactante para el bolsillo de un ciudadano medio, peor es el impacto emocional que tiene en menor perder el vínculo con su familia o su propia tierra", resaltó el diputado herreño

28 de febrero de 2024 (16:42 CET)
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta
El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la proposición no de ley presentada por el diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, para solicitar al Gobierno de España incluir como beneficiarios del descuento de residencia a los hijos menores de edad de padres divorciados que viven en la Península. 

Acosta defendió la propuesta "en función de los enormes beneficios sociales que tendría la medida en contraposición al limitado impacto económico presupuestario que implicaría su puesta en marcha", a su forma de verlo.

El diputado herreño recordó que, por ejemplo, para esta Semana Santa un billete ida y vuelta Madrid-Tenerife está en los 600 euros, una cantidad que se incrementa en el caso de los menores cuyos progenitores residen en una isla no capitalina, puesto que este trayecto tampoco está contemplado en el descuento.

“Si el gasto es enormemente impactante para el bolsillo de un ciudadano medio de nuestras Islas, peor es el impacto emocional que tiene en un niño o una niña perder el vínculo con uno de sus progenitores, con sus abuelos o con su propia tierra”, señaló el diputado.

Acosta recuerda en su propuesta que "ni la ley ni los decretos que regulan la subvención al transporte regular marítimo y aéreo para los residentes han dado respuesta a esta casuística, que afecta a un importante número de menores de edad".

El hecho de que estos menores tengan su residencia administrativa en la Península "les inhabilita como beneficiarios de la subvención, lo que dificulta enormemente la relación con su otro progenitor".

El parlamentario recuerda que una de las labores fundamentales de la Administración pública debe ser la de promover políticas y acciones que favorezcan un desarrollo integral de los menores, tal y como consagra la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

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