El Gobierno de Canarias ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal Supremo (TS) de declarar la nulidad del registro único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Estado, recordando que ya había advertido de su carácter "injusto y desproporcionado".
En un comunicado, la Consejería regional de Turismo y Empleo ha señalado que esta resolución del Supremo "confirma" sus advertencias de que este registro creaba "inseguridad jurídica" y suponía una "invasión competencial" sobre las comunidades autónomas, la cuestión central sobre la que se cimienta la decisión del alto tribunal.
Canarias ha insistido en que esta decisión del Estado correspondía únicamente a intereses políticos y no a una exigencia de Bruselas y que, por tanto, lo que hizo fue generar una duplicidad administrativa que ahora ha declarado nula el Supremo.
Desde el Ejecutivo autonómico "se había advertido de la falta de claridad sobre los requisitos exigidos a los propietarios, las dudas existentes sobre qué tipos de alojamientos debían registrarse y la ausencia de información sobre la coordinación entre la futura ventanilla única estatal y los sistemas autonómicos ya existentes", ha detallado el departamento de Turismo en el comunicado.
Además, tanto los cabildos insulares como el propio sector turístico habían alertado del colapso administrativo derivado de la doble inscripción y de las dificultades materiales para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno central, ha señalado la Consejería.
Con esta sentencia, han dicho, "triunfa el Estado de Derecho y se esgrimen argumentos coincidentes con los defendidos por Canarias y anticipados incluso por el propio Consejo de Estado", si bien han lamentado "el tiempo perdido" por la, a su juicio, falta de diálogo con el Estado en la materia.
"Desde el primer momento advertimos no solo de que era una medida ilegal, sino también injusta y desproporcionada", ha subrayado el Ejecutivo, en base a que suponía elevados costes en muchos casos que no podían abordar "pequeños propietarios" que se quedaban fuera de la actividad turística.
Canarias había denunciado la "inseguridad jurídica"
También había mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica que generaba la obligación de inscribir las viviendas en el registro estatal, una exigencia que, según se advirtió, entraba en contradicción con la legislación hipotecaria española y podía dejar fuera de las plataformas de comercialización a miles de propietarios, especialmente en las islas verdes y el ámbito rural.
El Gobierno de Canarias ha reiterado que, aunque comparte la necesidad de ordenar y regular la actividad del alquiler vacacional, ha apuntado que cualquier regulación debe construirse desde "el diálogo, el consenso y el respeto a las competencias autonómicas".
Con la decisión del alto tribunal, Canarias espera que el Estado abra ahora una nueva etapa de "diálogo constructivo y rigor jurídico" en esta materia.
Añadir La Voz de Lanzarote como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
