La ex jefa de servicio de Instrucción de la Apmun entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, ha declarado este jueves como testigo en el juicio del caso Stratvs y ha confirmado que en su departamento se recibieron "presiones" desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario para intentar influir en el informe pericial que había solicitado el Juzgado Número 5 de Arrecife durante la instrucción de esta causa.
Según ha relatado Gómez, cuando se recibió el requerimiento del Juzgado ella misma encomendó esa pericial a la técnico Elisa Perdomo, que en 2013 denunció internamente que estaban intentando influir en su trabajo. Sin embargo, en lugar de adoptarse medidas para garantizar su independencia, lo que hizo la Apmun fue elaborar un contrainforme y remitirlo también al Juzgado.
"Constituye algo insólito en el seno de la Apmun que se realice y aporte sin justificación procesal para ello un aparente contrainforme que desacredite las conclusiones de una técnico especializada de la misma Agencia", advirtió entonces la Fiscalía, que subrayó que los acusados del Gobierno de Canarias en esta causa estaban utilizando ese contrainforme para "desacreditar" los elaborados por Elisa Perdomo, que está previsto que también declare en el juicio, en su caso como perito.
Un correo a la abogada de los acusados
De momento, quien ha prestado declaración este jueves ha sido la que era su superiora en la Agencia, que ha confirmado que informaron de esas esas "presiones" e "intentos de injerencias" al que entonces era director ejecutivo de la Apmun, Emiliano Coello. Además, según recoge la agencia EFE, ha relatado que se llegó a convocar a la comisión de asuntos jurídicos en dos ocasiones para examinar esa pericial judicial, algo que no se había hecho nunca antes, y que le indicaron a Elisa Perdomo que debía "corregir" sus informes.
Así lo ha reconocido también este jueves la técnico que elaboró ese contrainforme, Carlota Pérez, que entonces era jefa de servicio de órganos colegiados y apoyo al director de la Apmun. Al respecto, ha afirmado que la técnico que estaba actuando como perito judicial planteaba "denuncias de posibles vulneraciones de la normativa urbanística" que ellos no apreciaban, y que por eso elaboraron el contrainforme.
Esta misma trabajadora declaró también en fase de instrucción de esta causa y llegó a afirmar que la imputación de técnicos del Gobierno de Canarias en este procedimiento "le quitaba el sueño". Según consta en el sumario, Carlota Pérez envió incluso un correo electrónico a la abogada de los acusados, Ana María Quintana, que a la vez es jefa del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, remitiéndole su contrainforme y preguntándole "cómo sería la mejor forma" de hacérselo llegar al Juzgado.
La Audiencia tacho de "irregular" ese contrainforme
Una vez que lo remitieron, dos de los acusados utilizaron ese contrainforme en un recurso con el que pidieron que se archivaran las imputaciones contra ellos, y que fue rechazado por la Audiencia Provincial. De hecho, la Audiencia llegó a tachar de "irregular" que el Gobierno hubiera aportado ese contrainforme, cuando ya había otro dictamen elaborado por una técnico de la misma Agencia. "La Sala comparte las lógicas prevenciones que al Ministerio Fiscal le suscita el informe de la Apmun, al que con indisimulado interés aluden insistentemente los recurrentes con finalidad exculpatoria", señalaba la Audiencia.
Además del empresario Juan Francisco Rosa y otra decena de personas, en esta causa están siendo juzgados el que era director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Juan César Muñoz Sosa, y los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio Delgado, por haber autorizado la primera licencia a Stratvs.
