Solo tiene "estudios básicos" y su puesto en el Ayuntamiento era de ordenanza subalterno, pero firmó decenas de facturas y propuestas de gastos como si fuera el técnico del área que gestionaba Antonio Machín. "En su momento la costumbre era ésa. Todo el mundo lo hacía", ha declarado Francisco Saavedra durante la quinta jornada del juicio de la pieza 12 del caso Unión, en la que ha comparecido como testigo.
En su declaración, este trabajador ha explicado que dependía de la Concejalía de Luisa Blanco, que gestionaba entre otras el área de Recursos Humanos, pero le dijeron "si podía echar una mano" en la Concejalía de Limpieza, Barrios, Parques y Jardines que ostentaba Machín. "Pregunté qué tenía que hacer y me dijo que cuando me trajeran las propuestas de compra, que las firmara como trámite", había declarado este trabajador durante la fase de instrucción, añadiendo que llegó a consultar a la entonces secretaria del Ayuntamiento y la respuesta que recibió es que "un subalterno tenía que hacer cualquier función que el alcalde le dijera que tenía que hacer".
En esa declaración, confirmó que su formación se centra en "estudios básicos" y relató que el examen de acceso al cargo que ocupaba como ordenanza "se basó en pruebas mecánicas elementales, propias de las funciones que iba a desempeñar, tales como el manejo de la fotocopiadora". Sin embargo, terminó firmando decenas de facturas como si fuera técnico. "¿Firmaba todo lo que le ponían delante?", le ha preguntado la abogada de la acusación particular, a lo que ha respondido que sí.
"Pensaba que era puro trámite"
"Pensaba que era un puro trámite", ha justificado en respuesta a preguntas del fiscal, que ha subrayado que este subalterno "firmaba como técnico municipal sin serlo", en lo que en su escrito de acusación define como "una operación de maquillaje". Y es que la Fiscalía sostiene que los concejales del PIL intentaban dar apariencia de legalidad a los pagos utilizando tanto a este ordenanza como a "auxiliares administrativos de escasa formación", que firmaban facturas sin comprobar realmente si el trabajo se había realizado, ya que ni era su función ni tenían potestad para emitir esa firma de conformidad.
"Ahora sí", ha respondido el testigo cuando el fiscal le ha preguntado si sabía lo que implicaba poner su rúbrica en esas facturas y en esas propuestas de pago. Sin embargo, ha insistido en que entonces hacía lo que le "mandaba el concejal que estaba en ese momento". En cuanto a quién era ese concejal, inicialmente ha evitado referirse a Antonio Machín y ha llegado a afirmar que este edil era "muy callado" y que ni siquiera "le saludaba". No obstante, a preguntas del Ministerio Fiscal y tras mostrarle varios documentos, sí ha reconocido que aparecía su firma junto a la del edil y que los pagos correspondían al área de Barrios que gestionaba Machín.
Además, también ha sido preguntado por el papel que jugaba otra de las acusadas, Elena Martín, que en su declaración aseguró que ella solo intervino en dos de los 104 expedientes investigados porque el resto se tramitaron a través del departamento de Compras y ella estaba en el de Contratación. "Yo creía que Elena Martín era la jefa de Compras", "Contratación para mí no existía, se estaba creando", "si había alguien no lo recuerdo, nunca me lo dijeron" y "para mí ella era la jefa", ha ido respondiendo.
"Me parecía mucho trabajo"
Tal como declaró ya durante la instrucción -en la que llegó a estar imputado aunque luego se archivaron los cargos contra él-, el testigo ha defendido que cuando le llegaban las facturas ya estaban firmadas por el interventor, lo que confirma la irregularidad del procedimiento, dado que la primera firma debería ser la del técnico del área confirmando que se ha realizado el trabajo y que procede el pago. No obstante, el fiscal también le ha mostrado otras facturas en las que ni siquiera se llegó a plasmar la firma del interventor, estando solo la suya y la del concejal del área.
En cuanto a las propuestas de gasto, ha sostenido incluso que no sabe qué son, pese a que firmó varias. Y aunque supuestamente actuaba como técnico, también ha confirmado que cuando había que hacer una adjudicación ni siquiera le pasaban distintas opciones para ver cuál era la más beneficiosa para el Ayuntamiento, sino solo la de la empresa a la que se le iba a hacer el encargo.
"Me parecía mucho trabajo", se ha quejado durante su declaración, en la que ha afirmado que llegó a prestar servicios "en todas las áreas del Ayuntamiento" y que estaba "aquí, allá, de un lado para otro". Además, tal como hizo también en fase de instrucción, ha subrayado que no le pagaban por esas funciones. "Cuando vino la UCO dije: llevo tres días que no salgo del Ayuntamiento y ahora ustedes me retienen también", ha afirmado.
Contratación y Compras "iban de la mano"
La otra testigo en declarar este martes ha sido Ruth Hernández, que es licenciada en Biología y que entró a trabajar hace 14 años en el Ayuntamiento para la Agencia de Desarrollo Local. En su caso, ha explicado colaboró con la Concejalía de Medio Ambiente "porque no tenían técnicos" y firmó propuestas de gasto de este departamento, que estaba a cargo de Ubaldo Becerra.
Respecto al procedimiento, ha señalado que según el importe de lo que se fuera a contratar "iba a Compras o a Contratación", en función de si era un contrato menor que permitía una adjudicación directa o si debía sacarse a concurso. Durante la instrucción declaró que las dos áreas "iban de la mano", y durante el juicio y a preguntas del fiscal ha precisado que lo que quería decir es que "estaban relacionadas".
Junto a estos dos testigos, este martes estaba citada también una de las auxiliares administrativas que también firmó facturas sin ser técnico, Loyola del Mar Hernández, aunque no ha podido asistir y ha justificado su ausencia. Ahora, la vista continuará el próximo jueves con la declaración de nuevos testigos, en la última jornada que se desarrollará en Arrecife. Después, el juicio continuará en Las Palmas de Gran Canaria.
