La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado que el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote no debe pagar 214.000 euros (más IGIC), a la entidad de conservación urbanística de Costa Papagayo, presidida por el empresario Juan Francisco Rosa, en concepto de "devolución de las cantidades abonadas" en las obras de mejora en una depuradora privada en el plan parcial. Así lo recoge un fallo judicial ante el que cabe recurso de casación en un plazo de 30 días.
El recurso de apelación fue presentado por la defensa de la Entidad Urbanística Colaboradora Costa de Papagayo, una entidad conformada por Juan Francisco Rosa y otros propietarios para la conservación urbanística del plan parcial del mismo nombre, ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 que negó el pago del dinero. Tanto el Consorcio, representado por la letrada fallecida recientemente Elena Gutiérrez Morales, como el Ayuntamiento de Yaiza solicitaron la desestimación de dicho recurso.
La sentencia recurrida data de 2022. La entidad, donde se encuentran las propiedades de Rosa Kikoland, los hoteles ilegales Princesa Yaiza y Son Bou y la depuradora, había interpuesto entonces un contencioso contra la "inactividad" del Consorcio del Agua, al no responder a la devolución del dinero que la entidad le había entregado para realizar unas obras hidráulicas en el plan parcial de Costa de Papagayo.
La sentencia de la Sala desestimó el principal argumento esgrimido por la Entidad Urbanística Colaboradora Costa de Papagayo y concluyó que el Consorcio no incumplió con el convenio suscrito con la promotora del plan parcial de Costa Papagayo. Según la cláusula tercera del convenio, la empresa pública tenía un año de plazo para comenzar a ejecutar las obras del ciclo integral del agua en varias urbanizaciones de Playa Blanca una vez recibiera el pago de los propietarios de los suelos de los cuatro planes parciales de la localidad. Sin embargo, no recibió el dinero del resto. "La literalidad de la cláusula no ofrece duda interpretativa", ha puntualizado ahora el Tribunal.
Entre otros puntos, el fallo judicial recurrido y ratificado ahora por el TSJC reflejó que la Entidad Urbanística de Costa Papagayo cayó en "desviación procesal" al solicitar una cosa en vía administrativa y otra diferente en vía procesal. Por vía administrativa la entidad había pedido la "resolución parcial" del convenio entre la entidad colaborativa y el Consorcio y el reintegro de 214.000 euros (más IGIC). Mientras que en la demanda procesal solicitó "la resolución total del convenio" y añadió "una pretensión indemnizatoria".
Además el TSJC desestimó totalmente el recurso interpuesto y condenó al recurrente al pago de las costas, con un límite máximo de 800 euros.
Antecedentes
El Consorcio del Agua, presidido por Pedro San Ginés, firmó en julio de 2017 un convenio con Juan Francisco Rosa, a través de la Entidad Urbanística Colaboradora Costa de Papagayo, para hacerse cargo de las instalaciones de la depuradora privada del Plan Parcial Costa Papagayo. La depuradora se había convertido en "un tormento" para el empresario ante la posibilidad de sufrir "sanciones por delitos ecológicos". Incluso llegó a estar imputado por el vertido de aguas residuales al mar.
En el momento en que asumió la gestión de las instalaciones de Costa Papagayo, el Consorcio tenía informes que advertían de que esta infraestructura tenía riesgos para "la seguridad y la salud de los trabajadores y para el medioambiente", como adelantó La Voz. Además, el área de salud de Lanzarote ya había denunciado en varias ocasiones su mal estado.
El Consorcio en ese momento bajo el mandato de San Ginés no pidió a Rosa que solventara el estado de la depuradora antes de asumir su uso, sino que presionó a Canal Gestión para que incluyera esa planta dentro del ciclo integral del agua en la isla y corrigiera "las graves deficiencias" que presentaba. También le exigió a la empresa encargada de la gestión del agua en la isla que se hiciera cargo de las obras en la red de abastecimiento de agua y de saneamiento que los promotores no habían completado en este plan parcial.
Además, Pedro San Ginés se comprometió a asumir el 50% del gasto de las obras, que tasaba sobre los 500.000 euros y que correspondía a los promotores. También decidió indemnizar por 60.000 euros a Juan Francisco Rosa, a cambio de usar un emisario submarino de su plan parcial.
