La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha requerido al Ayuntamiento de Yaiza que contrate la redacción del proyecto y la dirección de las obras para demoler parcialmente el hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca, propiedad del empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa. El fallo judicial obliga así a ejecutar la sentencia que anuló su licencia de obras hace ya 21 años, el 31 de octubre de 2005.
En un auto, fechado el 29 de octubre de 2026, la Sala ha requerido al consistorio de Yaiza, a través de su alcalde, Óscar Noda (Unidos por Yaiza) que, "sin más dilación", contrate la redacción del proyecto y la dirección de las obras demolición. Esta primera fase debe ejecutarse de acuerdo al informe técnico remitido al tribunal hace dos años. El juzgado da un año al ayuntamiento para realizar esta primera gestión.
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Óscar Bosch Benítez, presidente de la Sección Segunda de la Sala, ha dado al consistorio de Yaiza dos años más para ejecutar las obras de demolición, todo ello a costa de la entidad propietaria, Hotel Princesa Yaiza SA.
Desestima dos recursos interpuestos por Hotel Princesa Yaiza SA
La resolución desestima los dos recursos de revisión interpuestos por la mercantil contra los decretos de la letrada de la Administración de Justicia de 17 de abril y 5 de agosto de 2024. Esos decretos habían confirmado el requerimiento hecho al Ayuntamiento para que acometiera la demolición parcial en un plazo de tres meses.
La Sala rechaza también la petición de la empresa de suspender el incidente de ejecución y le impone las costas de los recursos, que fija en 300 euros. Además, ordena al alcalde que en el plazo de seis meses informe al tribunal del estado de tramitación del procedimiento.
El tribunal parte de lo que considera “un dato a todas luces incontestable”: que la sentencia lleva dos décadas sin cumplirse. A lo que añade que comparte el criterio sostenido por Club Lanzarote SA, la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote, que defedían que debía cumplirse la sentencia del 31 de octubre de 2005.
Para los magistrados, “no puede admitirse que la ejecución de una sentencia firme, dictada en 2005 y determinante de la ilegalidad de lo construido, quede indefinidamente condicionada por la promoción sucesiva de procedimientos de legalización y por la impugnación judicial de cada una de las resoluciones que recaigan en el incidente de ejecución”.
A su juicio, admitir esta situación convertiría la legalización excepcional y la propia tramitación del incidente “en un mecanismo de dilación permanente del cumplimiento del fallo”, y eso es, añade la Sala, “lo que, muy lamentablemente, acontece en el caso que nos ocupa”.
Doble responsabilidad
El auto incluye en esa responsabilidad tanto al Ayuntamiento de Yaiza como a la propietaria del hotel. Según el tribunal, la firmeza de la sentencia “no tolera que el obligado” pueda “disponer unilateralmente del ritmo o de la eventualidad misma de su ejecución”, reproduciendo indefinidamente solicitudes administrativas sobre un objeto ya juzgado o impugnando de forma sistemática las resoluciones que buscan, “después de décadas de espera, la satisfacción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva absolutamente ignorado por la Administración local ejecutada”.
En cuanto a los recursos de revisión, el auto afirma que se trata de “actuaciones dilatorias encaminadas a prolongar de manera artificial la tramitación de este incidente”. Respecto al segundo de ellos, sostiene que “su mala fe procesal y abuso de derecho resultan aún más patentes”.
El tribunal recuerda también, con Club Lanzarote, que un acuerdo municipal firme de 22 de enero de 2016 ya declaró imposible la legalización del edificio y ordenó su demolición, y que esta ni siquiera se ha iniciado. La Sala estima parcialmente el incidente promovido en noviembre de 2024 por el propio Ayuntamiento para concretar cómo debe ejecutarse la demolición parcial, que se apoyaba en un informe técnico elaborado por un arquitecto. Los magistrados destacan que es “la Administración local ejecutada la que, por vez primera, propone una fórmula” que permitiría cumplir la sentencia, y acogen la solución planteada por la Fundación César Manrique.
Esa solución consiste en encargar el proyecto conforme a ese informe y licitar después las obras, aunque el tribunal amplía los plazos propuestos por la fundación, de cuatro meses y un año, en atención a “la especial complejidad técnica” de las demoliciones. El auto reitera además que al hotel no le son aplicables los incentivos a la renovación y recualificación turística, tal como ya resolvió la misma Sala en su sentencia 88/2022.
La inaplicación de esos incentivos era el principal motivo de desacuerdo de la propietaria con el informe técnico. El tribunal recoge asimismo la advertencia de la Fundación César Manrique de que el establecimiento “sigue y seguirá abierto al público y en pleno funcionamiento, como si nunca se hubiese dictado la resolución judicial anulatoria de la licencia”. Recoge también su afirmación de que el exceso de edificabilidad es de “casi el triple”, lo que obligaría a demoler más del 60% de lo construido.
Pedía suspender la ejecución por la anulación del Plan General de Ordenación de Yaiza
Hotel Princesa Yaiza SA pedía suspender la ejecución hasta que existiera un nuevo planeamiento, tras la anulación del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza.
La Sala responde que “en el supuesto examinado no se aduce una imposibilidad actual de llevar a efecto la demolición parcial, sino la posibilidad de que una futura ordenación urbanística permita conservar lo que la sentencia firme ordenó demoler”. Y añade que “se pretende, así, hacer depender la efectividad de un mandato judicial vigente de un acontecimiento normativo todavía no producido”, una expectativa que “no altera el marco jurídico de la ejecución ni proporciona fundamento para paralizarla”.
El auto se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de enero de 2009, según la cual la mera expectativa de un cambio normativo no constituye una imposibilidad legal ni material de ejecutar. Recuerda también que el artículo 105.1 de la Ley de la Jurisdicción establece que “no podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo”.
Los magistrados admiten, a diferencia de la fundación, que una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2025 permite la transacción en la fase de ejecución, pero dentro de los límites de lo ya resuelto en firme. Subrayan que en este caso no hay acuerdo entre las partes, por lo que no cabe aplicar el artículo 77 de la ley. Precisan además que el Supremo desestimó el 17 de noviembre de 2025 el recurso de casación que la propietaria invocaba como pendiente.
Además, la sentencia señala que contra este auto cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.
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