El TSJC eleva una queja al Gobierno canario por la "parálisis" causada por los fallos de Atlante

 La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado este viernes elevar una queja al Gobierno de Canarias ante la situación de "parálisis absoluta" provocada por una "nueva oleada de incidencias" en la plataforma de gestión procesal Atlante.

En un comunicado difundido por el gabinete de prensa del TSJC, el órgano de gobierno judicial ha puesto de manifiesto que, a lo largo de toda la presente semana —y de forma ininterrumpida durante las jornadas del miércoles, jueves y el día de hoy, viernes—, la anomalía técnica ralentiza cualquier trámite ordinario.

La principal y más grave consecuencia es el "impedimento total" para la firma electrónica de resoluciones procesales, lo que provoca la paralización de los órganos judiciales de toda la Comunidad Autónoma, al no poder dictarse ni notificarse resoluciones, recalca la nota.

El TSJC ha expresado su preocupación por el "impacto crítico" que esta inoperatividad está teniendo sobre los servicios de guardia de los distintos partidos judiciales.

Expone que, al verse afectada la tramitación de actuaciones urgentes e inaplazables, se sitúa la prestación de este servicio público esencial en una situación de extrema gravedad, vulnerándose de forma directa el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva.

La Sala de Gobierno ha hecho hincapié en que no se trata de un hecho aislado y que ya había denunciado, en acuerdo previos, estas deficiencias sistémicas y la necesidad de soluciones inmediatas.

El órgano de gobierno de los jueces ha recordado al Ejecutivo autonómico su responsabilidad en el mantenimiento operativo de las infraestructuras informáticas judiciales.

Asimismo, ha trasladado a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que esta paralización "obedece exclusivamente" a causas técnicas ajenas al Poder Judicial.

La Sala, además, ha acordado comunicar esta "incidencia generalizada y concurrente" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a su Servicio de Inspección, para que conste que estos fallos técnicos, responsabilidad del Gobierno de Canarias, afectan de manera injustificada al rendimiento y a la normal prestación del servicio por parte de los integrantes de la carrera judicial en el archipiélago.