El presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, ha vuelto a ser citado para declarar en los Juzgados el próximo mes de julio, dentro de una de las causas que tiene abiertas. En este caso, la investigación se centra en la adjudicación de obras desde el Consejo Insular de Aguas "eludiendo" las normas que deben regir la contratación pública, utilizando para ello "de forma indebida" la declaración de emergencia hídrica que impulsó San Ginés bajo su mandato.
La declaración del todavía presidente se ha fijado para el 23 de julio y ese mismo día está citado el que era secretario del Cabildo y del Consorcio, Francisco Perdomo, que también deberá declarar en calidad de investigado. Junto a ellos, en la causa también figura como investigada la interventora de la Corporación, Rosalinda Bonilla, aunque ha pedido el sobreseimiento y archivo de las actuaciones contra ella, ya que sostiene que en esas fechas no ostentaba el cargo de interventora y no participó en la adjudicación de las obras que se encuentran bajo sospecha.
Lo mismo planteó otra de las personas que aparecían inicialmente investigadas en la causa, Nuria Cabrera, que fue concejal en Arrecife y desde hace años trabaja en el Cabildo y ha sido tesorera del Consejo Insular de Aguas. En su caso, el juez ya acordó el sobreseimiento de las actuaciones respecto a ella, al haber acreditado que no accedió a ese cargo hasta después de ocurrir los hechos que se investigan.
Demoledor informe de la Audiencia de Cuentas
Esta causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, surge de una pieza separada del procedimiento que investiga desde hace años años la quiebra de Inalsa. Los hechos fueron denunciados inicialmente por Alternativa Ciudadana, y a esa denuncia se sumó después otra interpuesta en Fiscalía por el todavía consejero en funciones de Ciudadanos, Benjamín Perdomo.
Dentro de los contratos que se investigan en esta causa, al menos dos fueron adjudicados bajo el mandato de San Ginés. Uno de ellos se firmó en agosto de 2012, cuando se destinaron 1.156.642 euros a la sustitución de tuberías de la red de Inalsa. Según un informe del Tribunal de Cuentas que se ha aportado a la investigación, "la tramitación abreviada por emergencia del expediente de contratación se realizó de forma indebida" y supuso la "adjudicación directa del contrato".
El otro contrato firmado bajo la Presidencia de San Ginés es de junio de 2010. Aunque en esa fecha aún no se había declarado la emergencia hídrica en toda la isla, lo cierto es que se adoptó esta medida "con carácter parcial" para poder firmar este contrato por la vía de urgencia. En total se destinaron 1.584.240 euros a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas y, "a juicio del Tribunal de Cuentas", también "se utilizó de forma indebida la tramitación de emergencia" y se omitieron las normas obligadas de contratación.
Respecto a uno de esos contratos, San Ginés señaló tras conocerse esta nueva investigación penal que en ese momento "tenía las competencias delegadas Fabián Martín, del grupo PIL". En cuanto al otro, el presidente alegó que el procedimiento estaba "avalado por un informe favorable de legalidad del secretario del Consejo Insular de Aguas". Cabe recordar que el secretario, Francisco Perdomo, también está acusado y pendiente de juicio junto a San Ginés en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, y ahora ambos deberán volver a declarar como investigados en esta nueva causa.
