San Bartolomé gana la batalla judicial a Inalsa por el canon y el impuesto de construcciones

La empresa ha tenido que abonar al Ayuntamiento más de dos millones de euros, ratificados en distintas sentencias judiciales

4 de septiembre de 2020 (10:44 CET)
Actualizado el 4 de septiembre de 2020 (10:46 CET)
San Bartolomé gana la batalla judicial a Inalsa por el canon y el impuesto de construcciones
San Bartolomé gana la batalla judicial a Inalsa por el canon y el impuesto de construcciones

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha ganado la batalla judicial a Inalsa por el canon y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras de la subestación eléctrica que suministra energía para el funcionamiento de los parques eólicos.

“El Ayuntamiento de San Bartolomé ha recibido otra buena noticia de los tribunales, en este caso, por la sentencia contra Inalsa, ganando todas y cada una de las batallas que el Cabildo en la etapa de Pedro San Ginés libró contra el Ayuntamiento de San Bartolomé. Con ello se cierra un ciclo de juicios, polémica y derroche de dinero público ya que Inalsa ha tenido que pagar importantes cuantías monetarias en concepto de intereses", ha destacado el alcalde, Alexis Tejera.

Según explica el Consistorio, Inalsa ha tenido que abonar al mismo más de dos millones de euros y, según sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 6 de julio, ha sido condenada a pagar la cantidad de 125.000,77 euros en concepto de canon urbanístico, por un lado y 100.002 euros de impuestos de construcciones, instalaciones y obras por otro, por la construcción de la subestación eléctrica de Callejones, que se sitúa al borde de la carretera de Zonzamas. Estas cuantías han sido abonadas fraccionadas al Ayuntamiento. 

El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, informa a toda la vecindad que los tribunales dieron la razón también en última instancia al Ayuntamiento “frente a la actitud arbitraria y caprichosa del Cabildo representado en su momento por Pedro San Ginés”, que no solo perdió todos los pleitos interpuestos contra el Ayuntamiento, sino que además, en este último caso, fue condenado a pagar las costas judiciales con el consiguiente perjuicio económico añadido que supone.

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