Tribunales

Los recursos por el caso Jable se atascan en la Audiencia Provincial y aún no han llegado al Supremo

Un año y casi diez meses después de la condena, los recursos presentados están pendientes de completar la firma de todos los magistrados para ser remitidos al Alto Tribunal

Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero en el juicio del caso Jable. Foto: Andrea Domínguez.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en enero de 2024 a la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz (2000-2007) y al exsecretario del consistorio Felipe Fernández Camero a más de diez años de prisión por su implicación en el caso Jable, la mayor trama de corrupción de Canarias. En el fallo judicial hubo otros siete condenados. Sin embargo, aún ninguno de ellos ha entrado en prisión.

Un año y casi diez meses después, los recursos presentados por los condenados aún no han llegado al Tribunal Supremo y están pendientes de completar la firma de todos los magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas para poder ser remitidos al Alto Tribunal. 

La Operación Jable fue bautizada así por la Unidad Central Operativa (UCO) y denominada como la causa judicial más compleja de Canarias por su extensión y volumen. Esta trama surgió tras hallar irregularidades en las licitaciones otorgadas a las empresas Urbaser y Fomento Construcción y Contratas (FCC) en el contrato de basura del Ayuntamiento de Arrecife durante el mandato de Déniz y la construcción del polémico pabellón de Argana, respectivamente. Cabe recordar que este pabellón aún continúa cerrado al público.

La Audiencia Nacional ya emitió un auto aclaratorio en mayo de 2024 para responder a las pretensiones de Felipe Fernández Camero e Isabel Déniz, quienes trataron de conseguir una rebaja de pena por haber ingresado dinero en el depósito judicial antes de la celebración de la vista oral. En aquella resolución el Juzgado desestimó las peticiones de ambos y señaló que Camero "formaba parte de la mayor trama de corrupción que ha padecido el archipiélago Canario" y que continuó su "actividad delictiva para la obtención de mayores ganancias".

La sentencia de la Audiencia Provincial considera probado que Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, junto a Dimas Martín, como líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), se pusieron de acuerdo con el entonces secretario municipal Fernández Camero y el jefe de la Oficina Técnica del consistorio Rafael Arrocha para adjudicar el concurso de basura del Ayuntamiento a la empresa Tecmed, actualmente conocida como Urbaser. 

Durante su etapa como alcaldesa, Isabel Déniz recibió sobornos en forma de "detalles y regalos" de algunas empresas que trabajaban con el ayuntamiento por valor de 45.000 euros. Entre ellos, viajes a Madrid, Tanzania o a Kenia, un bolso Loewe o un Rolex. Durante su viaje a Kenia y Tanzania también viajó con el entonces secretario municipal Fernández Camero y la pareja de este.

Camero recibió un bolígrafo de 765 euros y un sobre de 14.000 euros. Mientras tanto, el entonces jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Rafael Arrocha, cobró 180.000 euros en efectivo y viajes a Madrid, entre otros regalos. 

 

Más de diez años de prisión para Déniz y Camero

Isabel Déniz fue condenada por la Audiencia Provincial de Las Palmas a diez años y medio de prisión, a una multa de 282.000 euros y a la inhabilitación para ejercer cargo público durante 42 años por cinco delitos diferentes. Entre ellos, dos delitos de cohecho, dos de prevaricación, y uno de fraude a la administración. 

Junto a ella, Felipe Fernández Camero fue condenado a diez años y tres meses de cárcel por los delitos de fraude, cohecho, revelación de secretos y por infidelidad en la custodia de documento público. En su caso, la Audiencia le impuso una sanción económica de 32.837,76 euros y treinta años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. A lo que se suma el decomiso de 14.000 euros que le fueron entregados por los responsables de Urbaser Manuel Andrés Martínez, Santiago Alonso Herreros y Jacinto Álvarez de la Fuente.

El entonces jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Rafael Arrocha fue condenado a cinco años de cárcel, así como a una multa de 100.000 euros y la inhabilitación para ejercer un cargo público por 25 años y ocho meses. 

El multicondenado Dimas Martín, histórico exdirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), fue condenado a dos años y medio de prisión, una multa de 72.000 euros e inhabilitación por doce años por los delitos de fraude a la administración y cohecho. En su caso, incurrió el atenuante de haber confesado que recibió 72.000 euros por mediar para conseguir que se le adjudicara a Urbaser el contrato de basura del Ayuntamiento de Arrecife. Además del atenuante de dilaciones indebidas y el agravante de reincidencia en el delito de cohecho.

 

Condenas a exdirectivos de Urbaser y FCC

Mientras tanto, los exdirectivos de Urbaser Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso llegaron a una conformidad con la Sala tras confesar los hechos y fueron condenado a dos años de prisión por la comisión de los delitos de fraude, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad cometida por funcionario público. Además de más de 110.000 euros en multas, dos años de inhabilitación y el pago de parte de las costas procesales. 

En este sentido, el gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, fue condenado a un año y nueve meses de cárcel.  

A lo que se sumaron las condenas a los responsables de la constructora FCC. En primer lugar, resultó condenado Francisco Martínez Llerandi, a un año de prisión, otro de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, una multa de 55.000 euros y el pago de parte de las costas procesales. Además de Enrique José Hernández, que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión, inhabilitación para sufagio pasivo por el tiempo de la condena, una multa de 16.674,11 euros e inhabilitación especial. 

José Domingo Abreut debe pagar 141.000 euros como responsable a título lucrativo.

 

Absueltos

Finalmente, la Sala absolvió a Enrique Astorga González, Manuel Jesús Isidro Espínola, Julio Pedro Romero, Daniel Hernández Caraballo, Rafael Antonio Corujo, Miguel Ángel Leal y a Stephan Jean Balverde de todos los delitos de los que habían sido acusados y ha declarado de oficio las costas. Además la Audiencia Provincial también ha absuelto a Elena Martín, Urbaser S.A. y F.C.C. Construccióon S.A. que figuraban como partícipes a título lucrativo.