"Esta parte sigue sin saber por qué se pide su disolución". Con este mensaje ha cerrado la abogada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, sus conclusiones en la vista que le ha vuelto a enfrentar a la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA). Esa asociación, formada por abogados de Gran Canaria y acusada de actuar en beneficio de empresarios imputados por corrupción, presentó una demanda contra Transparencia Urbanística pidiendo que fuera disuelta, e incluso solicitó que se ordenara esa disolución como medida cautelar antes de que se resolviera el pleito.
Esas medidas cautelares ya fueron rechazadas en su momento por la juez del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arrecife, que advirtió del "daño irreparable" que podría suponer. Así, emplazó la resolución del fondo de la demanda a la vista que se ha celebrado este jueves en los Juzgados de Arrecife. En esta vista, TU considera que Jiménez de Asúa no ha aportado ninguna prueba ni dato de los supuestos incumplimientos de los que le acusa para pedir su disolución. Además, ha destacado que solo ha encontrado un precedente en el que se ordenara la disolución de una asociación en España, y fue por su vinculación con el grupo terrorista ETA.
"Se pretende impedir el derecho de asociación de Transparencia Urbanística para que salga de los procedimientos penales", ha advertido la abogada de este colectivo, que cree que ahí reside el verdadero motivo de esta demanda. Y es que mientras TU lleva años denunciando y personándose como acusación popular en distintas causas de corrupción abiertas en Lanzarote, la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa ha destacado hasta ahora por actuar, sobre todo, contra los jueces instructores. De hecho, aunque supuestamente ha pretendido ejercer la acusación popular en varias de esas causas de corrupción, luego ha sido acusada de intentar "entorpecer" y "dilatar" esos procedimientos, de actuar "como un caballo de Troya", como señaló la Fiscalía, e incluso ha sido condenada a pagar una multa por actuar con "mala fe".
Documentos entregados por un primo de Lleó
Además, tal como planteó en la vista de medidas cautelares y en su contestación a la demanda, la letrada de TU ha señalado que esta controvertida asociación de juristas "se vanagloria públicamente de insultar, acosar y perseguir a los miembros de Transparencia Urbanística de forma sistemática", al igual que lo hacen "determinados medios de comunicación" propiedad de empresarios implicados en esas causas de corrupción, como Juan Francisco Rosa.
Miembros de Transparencia Urbanística, a su llegada a los Juzgados
Entre otras causas, TU está personada en el caso Stratvs y en el caso Unión, que tiene entre sus principales acusados al empresario Luis Lleó. Y precisamente un primo hermano de Lleó, Wigberto Del Carmelo Ramos Lleó, es quien habría facilitado a Jiménez de Asúa uno de los documentos que empleó en su demanda contra Transparencia Urbanística.
Así lo ha vuelto a poner de relieve en sus conclusiones la letrada Irma Ferrer, que ha recordado que la primera y única ocasión en la que se había puesto en duda hasta ahora la legitimidad de TU para intervenir en procedimientos judiciales fue por parte de este empresario primo de Luis Lleó, como representante de Desarrollos y Proyectos Playa Blanca S.L. En aquel caso, esta empresa pretendió apartar a Transparencia Urbanística de un pleito contra el Plan General de Yaiza, que había sido recurrido en los tribunales por la asociación. Sin embargo, tal como ha recordado en su declaración el presidente de TU, Javier Díaz Reixa, "el tribunal no tomó en consideración" esta pretensión.
Concretamente, lo que alegaba el primo de Lleó y plantea también Jiménez de Asúa en su demanda es que Transparencia Urbanística mantuvo un presidente en funciones durante más tiempo del que permiten sus estatutos internos. Y el motivo fue que la que era presidenta estaba de baja por enfermedad, habiendo afrontado dos procesos de cáncer consecutivos.
"Espero que la señora esté bien"
"Decidimos no sustituirla hasta que se recuperara", ha explicado el actual presidente, que fue quien ocupó también entonces la presidencia en funciones. Y es que según ha señalado, "la asociación entendió que no era correcto" designar otro presidente en ese momento, "entre otras cosas porque significaba no confiar en que se recuperara físicamente" la persona que ostentaba ese cargo.
"No entraré en la enfermedad porque en este sentido la redacción de la demanda es desafortunada", ha reconocido el propio abogado de Jiménez de Asúa, José Antonio Zambrano, que ha querido subrayar que no fue él quien "redactó" esa demanda. "Espero que la señora esté bien", ha añadido. Cabe recordar que Zambrano es el secretario de la asociación y uno de los abogados que ha venido actuando en su nombre, aunque quien había intervenido hasta ahora en este pleito contra Transparencia Urbanística era el presidente del colectivo, Juan Alberto Rubio.
"Por el letrado que ahora comparece se reconoce la enfermedad y se lo agradecemos", ha señalado a continuación la letrada de TU, que no obstante ha recordado que la asociación de juristas, en este procedimiento, llegó a impugnar incluso un certificado médico de la que era presidenta de la asociación. "Cada uno se retrata como quiere", ha apostillado la letrada, que en la vista de medidas cautelares ya cuestionó que Jiménez de Asúa llegara acometer la "osadía" de sostener que la persona sustituyó a la presidenta mientras estaba de baja "usurpó sus funciones".
Supuestas "obligaciones incumplidas" que no se concretan
En su intervención, y en respuesta a algunas de las afirmaciones de la abogada de TU, Zambrano ha negado que haya una "guerra" por su parte y ha subrayado que acudía a la vista "en sustitución" del otro letrado. "Esto es una discusión jurídica", ha asegurado, señalando que se interpuso la demanda contra Transparencia Urbanística por "obligaciones que no cumplió" como asociación. Sin embargo, no las ha detallado en sus conclusiones, señalando que "está expuesto en la demanda", y tampoco lo ha hecho al interrogar al presidente de TU. De hecho, la propia magistrada ha llegado a pedirle que fuera "más concreto", cuando el abogado estaba preguntando a Díaz Reixa por las obligaciones que considera que había incumplido la asociación.
"Se pretende cercenar el derecho fundamental de asociación", ha cuestionado por su parte Irma Ferrer, recordando que ese derecho está recogido en la Constitución. Además, ha señalado que la demanda de AJJA no tiene sustento y que incluye una "copia literal de una tesis universitaria que está en internet" y otra "copia literal de la ley de asociaciones", acusando a Transparencia Urbanística de haber "incumplido todo" pero sin detallar dónde residen esos supuestos incumplimientos.
El único trámite que TU admite que realizó con retraso fue el de inscribir en el Registro de Asociaciones los cambios en su Junta Directiva, pero fue precisamente por la baja por enfermedad de su presidenta. "Y se ha explicado ya y se ha resuelto donde debía", ha subrayado la letrada, recordando que la Junta ya fue renovada y las modificaciones se inscribieron en el Registro "en 30 minutos", sin que nadie impugnara después la inscripción de la nueva Junta Directiva.
Por eso, no solo ha pedido que se rechace la demanda sino también que se condene "expresamente" a Jiménez de Asúa a pagar las costas de este procedimiento, por haber actuado "con evidente temeridad y mala fe". Y es que además de sostener que presentó esta demanda sin ningún fundamento, y solo con el objetivo de intentar apartar a esta asociación de las causas de corrupción, también considera que AJJA "cometió fraude procesal jugando con tres demandas" distintas contra Transparencia Urbanística, hasta conseguir que se le diera curso a ésta.
Además, ha vuelto a plantear que existe una "falta de legitimación absoluta" por parte de la asociación de juristas Jiménez de Asúa para pedir la disolución de Transparencia Urbanística y ha negado las críticas que ha lanzado contra ellos este colectivo, que entre otras cosas les acusa en su página de Facebook de ser un "vil ente", de actuar con "opacidad" y sin "transparencia" y de crear "una enorme alarma social" por denunciar y perseguir casos de corrupción. Al respecto, Ferrer ha recordado que la asociación Transparencia Urbanística, tal como consta en la propia demanda, se presentó en un acto público en el hotel Lancelot, en una rueda de prensa en la que estuvo arropada "por las asociaciones más importantes que existen contra la corrupción".
