El partido judicial de Arrecife pasó entre 2019 y 2026 de dieciséis juzgados a diecinueve plazas judiciales, absorbió un incremento del 16% en la entrada de asuntos, reordenó por completo sus normas de reparto, dinámica de funcionamiento y su régimen de sustituciones, y ejecutó en un solo fin de semana el traslado de toda la sede para implantar el nuevo Tribunal de Instancia. En ese mismo período, servicios creados en Lanzarote acabaron adoptándose fuera de la isla: las plantillas de resoluciones en lectura comprensible que hoy pueden utilizar cualquier órgano judicial de Canarias y el servicio de información social que ya funciona en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Arucas.
Ese es el balance que recoge la memoria de gestión que el presidente del Tribunal de Instancia de Arrecife, Adalberto de la Cruz Correa, hizo pública este martes, días antes de cesar en el cargo por concurso de traslado. El documento, de 31 páginas, se difunde de forma íntegra a instituciones, operadores jurídicos y medios de comunicación, y detalla la actividad desarrollada desde el Decanato del Partido Judicial y, desde diciembre de 2025, desde la Presidencia del nuevo Tribunal de Instancia.
La memoria se abre con una carta de despedida y agradecimiento y continúa con diez bloques temáticos, desde la planta judicial hasta la relación institucional. Su publicación íntegra responde a la forma de entender el cargo que ha guiado el mandato: la transparencia, entendida como comunicar cada paso y cada resultado, dejar constancia escrita de cada trámite y rendir cuentas de forma periódica. El propio documento se presenta como la última de esas daciones de cuenta.
La memoria sitúa el método por delante de los resultados. La gestión se apoyó desde 2019 en cuatro criterios —cooperación, coordinación, comunicación y transparencia— y en un quinto de contenido: que la distribución de los recursos públicos en materia de justicia atienda a la realidad insular.
De ahí salió el trabajo menos visible del mandato, al que el documento dedica un bloque propio: un régimen estable de Juntas de Jueces del que se derivaba el programa de trabajo del Decanato, canales de comunicación en todos los órdenes jurisdiccionales, un correo de bienvenida que entrega a cada juez o jueza que se incorpora toda la documentación del partido, y un sistema de expediente gubernativo electrónico de elaboración propia que dejó constancia digitalizada de la totalidad de los trámites, con notificación de los acuerdos y dación de cuenta prácticamente diaria a las plazas judiciales.
En la misma línea se refundieron en textos únicos las normas de reparto de todos los órdenes jurisdiccionales, que hasta entonces estaban dispersas en acuerdos sucesivos, y se sustituyó el sistema de reparto de instrucción por uno aleatorio, con dos resultados que el documento califica de comprobables: un mejor funcionamiento del servicio de guardia y la práctica desaparición de los recursos gubernativos en materia de reparto, que antes debían resolverse en número considerable cada semana. También se regularizaron los planes anuales de sustituciones y se diseñó una solución específica, hasta entonces inexistente, para las sustituciones entre plazas del mismo partido con sede en islas distintas.
La carta explica por qué esa parte ocupa el lugar que ocupa: "Insisto en el orden porque es lo que menos se ve, lo que más trabajo implica y lo que todo lo sostiene: ninguna de las iniciativas anteriores habría sido posible sobre un partido judicial desordenado. Aquí los recursos no llegan por sí solos", expone el magistrado.
El partido judicial pasó de dieciséis juzgados en 2019 a diecinueve plazas judiciales integradas en el Tribunal de Instancia. En el período entró en funcionamiento la sexta plaza civil, se creó una sección propia de violencia sobre la mujer con una nueva plaza judicial y se aprobó la séptima plaza civil, prevista para noviembre de 2027. Cuentan además con informe favorable de la Junta de Jueces y de la Sala de Gobierno del TSJC la quinta plaza de instrucción, orientada a la especialización en violencia contra la infancia y la adolescencia, y la quinta de lo social -tercera con sede en Arrecife-.
Todo ello en un contexto de crecimiento sustained: entre 2019 y 2025 la entrada de asuntos aumentó un 16%, hasta los 33.393. Sobre ese dato se apoya el criterio que el documento defiende en materia de distribución de recursos públicos: "Los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa, y los de cada rincón de nuestras islas, tienen exactamente el mismo derecho a una justicia próxima, ágil, accesible, integral y bien dotada, aunque garantizarlo exija el doble o el triple de esfuerzo por parte de quienes tenemos esa responsabilidad", detalla el jurista.
La sede judicial durante la pandemia
La memoria dedica un bloque específico a la crisis sanitaria iniciada en 2020, cuando la sede judicial hubo de seguir prestando los servicios que no admitían suspensión. El Decanato coordinó a diario con el Gobierno de Canarias, la Junta de Jueces, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Coordinación Provincial, el Instituto de Medicina Legal y todo el personal del edificio, incluido el de limpieza, seguridad y mantenimiento, la aplicación de los protocolos aprobados.
Entre las medidas adoptadas figuran la dotación de medios técnicos para las conexiones telemáticas en los puestos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, gestionada junto con el Colegio de la Abogacía de Lanzarote hasta que el Gobierno de Canarias facilitó el sistema corporativo; un mostrador protocolizado de distribución de material de protección con control del destino de cada unidad; y la adecuación de la sede con cartelería propia, mamparas, sistemas de control de calidad del aire y equipos de filtrado. El documento subraya que los servicios pudieron prestarse en condiciones de seguridad tanto para quienes trabajan en el edificio como para quienes acudieron a él.
Una sede trasladada en un fin de semana
La memoria documenta la transformación organizativa más profunda del período: la implantación del Tribunal de Instancia, con Lanzarote y La Graciosa encuadradas en la tercera fase de la Ley Orgánica 1/2025. Tras una fase de planificación iniciada a mediados de 2025 con reuniones constantes entre la Dirección General, la Presidencia, la Secretaría de Coordinación Provincial y las Direcciones de los servicios comunes, el traslado físico íntegro de puestos, mobiliario y expedientes se ejecutó en un solo fin de semana, y los servicios comunes se activaron el 23 de marzo de 2026.
Para facilitar la orientación de usuarios y profesionales se codificaron alfanuméricamente todos los espacios del edificio, se diseñó una señalética por colores y se difundieron una guía visual y un vídeo explicativo mediante códigos QR, con distribución previa a colegios profesionales y fuerzas de seguridad. El documento recoge asimismo la implantación al cien por cien de la remisión telemática de atestados y el servicio de gestión de ruedas de reconocimiento puesto en marcha junto con los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Las Palmas y el Centro Penitenciario, que permite a los penados a trabajos en beneficio de la comunidad computar su disponibilidad como jornada de cumplimiento.
Atención a personas vulnerables
El bloque más extenso del documento es el dedicado a la atención a la ciudadanía y a las personas en situación de vulnerabilidad, la línea que obtuvo el Premio a la Calidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial en la modalidad de experiencia para conseguir una Justicia más accesible.
De ese trabajo nacieron la guía de atención integral a las personas con discapacidad —aprobada por la Junta General de Jueces y por la Sala de Gobierno del TSJC, y respaldada por el Gobierno de Canarias—, el servicio presencial de información social prestado por la Fundación Canaria de Apoyos ADEPSI con financiación del Cabildo de Lanzarote, el servicio de lectura fácil de Plena Inclusión Canarias y un plan de formación dirigido primero al personal judicial y después a las fuerzas de seguridad, la abogacía y la ciudadanía.
En materia de infancia, una guía de buenas prácticas aprobada en 2021 regula el uso de la Sala Gesell y de la sala de espera de menores, con protocolos que evitan la confrontación visual y la victimización secundaria. En familia, el Decanato colaboró en la puesta en marcha del primer Punto de Encuentro Familiar público y gratuito de Lanzarote y reactivó el servicio de mediación por derivación judicial. En salud mental, se acordó con el Hospital Doctor José Molina Orosa un protocolo para los internamientos urgentes.
La carta explica en qué se traduce todo ello para quien acude a la sede judicial: "Detrás de cada expediente gubernativo y protocolo hay una persona cuya situación se decide con los medios necesarios y mejor. Detrás de una sala de espera adaptada hay un niño que aguarda su turno en un entorno adecuado y sin cruzarse con quien le hizo daño. Detrás de una resolución en lectura comprensible hay alguien que por fin entiende lo que un tribunal ha decidido sobre su propia vida", dice Adalberto de la Cruz.
Trabajo de equipo
Las primeras páginas del documento no son memoria, sino carta. En ella el autor reconoce que no siempre acertó —"hubo decisiones que hoy tomaría de otro modo, gestiones que debí plantear antes o explicar mejor"— y pide disculpas a quien pudiera haberse sentido desatendido, antes de dedicar varias páginas a agradecer el trabajo a jueces y juezas, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios que trabajan en la sede judicial, Instituto de Medicina Legal, personal de informática, mantenimiento, seguridad y limpieza, al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Lanzarote, a los ayuntamientos, a los colegios profesionales, a las fuerzas y cuerpos de Seguridad y a las entidades del tercer sector.
"Las hizo un equipo que decidió que las cosas podían funcionar mejor y se puso a ello, en una sede judicial donde cada mañana hay alguien abriendo puertas, registrando escritos, atendiendo un mostrador, arreglando una avería, celebrando juicios o preparando una sala. Ese equipo existe en Arrecife y seguirá aquí, que es la única garantía que de verdad importa".
"Una isla que ha sido, y siempre será, mi hogar"
De la Cruz Correa llegó a Arrecife en abril de 2016 como titular del Juzgado de Primera Instancia número 2. La Junta de Jueces lo eligió Decano en enero de 2019 y lo reeligió en marzo de 2023. Cesa ahora por concurso: se traslada a la plaza número 2 de la sección de familia, infancia y capacidad del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife y continúa como miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
"Me despido con la humilde esperanza de haber contribuido, en la medida de mis posibilidades, como último Decano y primer Presidente de este Tribunal, a la mejora del partido judicial y de la Justicia en esta isla, una isla que ha sido, y siempre será, mi hogar", concluye el magistrado.
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