La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo 19 de noviembre a un hombre de nacionalidad inglesa, identificado como J.N.D., acusado de un delito de agresión sexual cometido sobre una menor de 15 años en la localidad turística de Puerto del Carmen. Para el procesado, que carece de antecedentes penales, el Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión en una vista que figura en el calendario de señalamientos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) prevista para conformidad.
Según recoge el escrito de acusación los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto de 2025 cuando el acusado se encontraba en el salón de un apartamento ubicado en la localidad turística en compañía de la menor.
De acuerdo con el relato fiscal, el hombre se dirigió hacia la joven y, "guiado con ánimo lascivo y con la intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales", procedió a besarla y a realizarle tocamientos en los pechos por debajo de la ropa. La víctima se negó en todo momento y no prestó consentimiento alguno para estos actos. El escrito señala asimismo que la madre de la menor ha renunciado al ejercicio de las acciones penales y civiles que le pudieran corresponder por lo sucedido.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual tipificado en el artículo 181.1 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Además de los dos años de privación de libertad y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el Ministerio Público interesa que se le imponga la medida de libertad vigilada por un periodo de siete años, durante los cuales deberá someterse de forma obligatoria a un curso de educación sexual.
Asimismo, el escrito de acusación solicita siete años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad —sea o no retribuida— que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad. En cuanto a la protección de la víctima, se pide la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de ella, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio que frecuente durante cuatro años, así como la prohibición de comunicarse con la joven por cualquier vía durante cinco años, además del pago de las costas procesales.
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