Los abogados de las defensas coincidieron en sostener en la última jornada del juicio del caso Stratvs que "no era tan fácil saber" lo que había en ese complejo. "No es tan evidente. No era tan burdo ni tan grosero", señaló la abogada del ex concejal Leonardo Rodríguez, para justificar que concedieran la licencia de actividad a Stratvs siete meses después de haber asistido a la fiesta de inauguración. En esa licencia se indicaba que la bodega no podría empezar su actividad hasta que el Ayuntamiento hiciera una visita de comprobación, para verificar que lo ejecutado se ajustaba al proyecto autorizado, y hasta que no obtuviera el permiso de puesta en funcionamiento.
Sin embargo, tres de los acusados que aprobaron ese permiso condicionado habían acudido a la inauguración más de medio año antes, aunque en el juicio aseguraron que no sabían que entonces ya estaba funcionando. Ni tampoco que hubiera una tienda y un restaurante, ni que el complejo tuviera unas dimensiones de unos 12.000 metros, cuando lo que se había autorizado era solo una bodega de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda protegida preexistente.
"Parece que no era tan obvio: ni que se hiciera vino ni las dimensiones", insistió la letrada de Leonardo Rodríguez, remitiéndose a las declaraciones de otros acusados y testigos que acudieron a esa fiesta. "Parece ser que el señor (Pedro) San Ginés bebió vino, pero eso no quiere decir nada", añadió con respecto a la declaración del presidente del Cabildo, que también acudió a esa inauguración y durante el juicio declaró que se sirvió vino Stratvs, "si no nos engañaron".
"Nos merecemos un poco más de respeto"
Al igual que esta abogada, otras defensas también hicieron mención a la declaración de Pedro San Ginés, ya que confirmaría que la bodega estaba funcionando no ya siete meses antes de que la Junta de Gobierno de Yaiza le concediera la licencia de actividad clasificada, sino incluso con anterioridad, para haber podido elaborar el vino que se sirvió en ese evento. "Pedro San Ginés dijo que había bebido vino, pero es la primera vez que el paladar de un testigo es prueba de cargo", cuestionó por su parte el abogado de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. "Que hubiera botellas de Stratvs no significa que se hubieran elaborado ahí", agregó a continuación, en referencia a las botellas que San Ginés también declaró haber visto dentro de las instalaciones.
"Mi cliente va a un acto social al que fue media isla. Y no creo que estuvieran todos comprados o fueran lacayos del señor Juan Francisco Rosa", señaló la defensa de otro de los concejales que otorgaron la licencia en la Junta de Gobierno de Yaiza, Evaristo García. "Yo creo que en esta isla nos merecemos un poco más de respeto", añadió. "Parece que es algo delictivo conocer a Juan Francisco Rosa", planteó por su parte el abogado de Gladys Acuña, que defendió que "la explicación más sencilla suele ser la correcta". Así, "frente a los que presentan a todas las instituciones como marionetas del poder", sostuvo que la "explicación correcta" es que los técnicos y cargos públicos que intervinieron en la concesión de la licencia de actividad a Stratvs "tramitaron un expediente conforme a derecho".
"Que mi cliente actuara para favorecer intereses económicos de Juan Francisco Rosa es una fábula que carece de sustento probatorio alguno", afirmó por su parte la abogada de José Antonio Rodríguez, que era concejal de Urbanismo cuando se otorgó la licencia de obra a Stratvs, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, -por lo que responderá en el siguiente juicio de esta causa- y que en esta pieza está acusado por un delito de prevaricación por omisión, al no haber adoptado medidas para cerrar las instalaciones al tener conocimiento de las irregularidades, al menos, desde que fue llamado a declarar como imputado.
"Se pretende hacer ver que Lanzarote es el lugar con más corrupción"
Además de negar el "supuesto control de Juan Francisco Rosa de todas las administraciones públicas", como hizo el abogado de Evaristo García, casi todas las defensas coincidieron también en cargar contra los denunciantes de esta causa y contra el propio procedimiento, en el que han intervenido el Juzgado de Instrucción, el Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial, que rechazó los distintos recursos presentados por los acusados antes del juicio, al igual que lo hizo el propio TSJC, ante el que se juzgaba esta primera pieza.
"Hoy en la isla hay una atmósfera irrespirable. Se mantiene que es el lugar con más corrupción del mundo y no lo es", alegó en sus conclusiones la defensa del técnico de Actividades Clasificadas de Yaiza, Andrés Morales. "Hay corrupción, como en todas partes", señaló, añadiendo que eso no permite "sostener que todo el Ayuntamiento, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y parte del Estado español son corruptos al servicio del señor Rosa". Además, cuestionó "el daño que se está haciendo a la administración pública con acusaciones como las que nos traen ahora aquí", al primer juicio de Stratvs que ya ha quedado visto para sentencia.
En la misma línea se pronunció la abogada de Leonardo Rodríguez, que criticó la "judicialización de la vida política de la isla" y cargó contra las "acusaciones particulares o populares", de las que afirmó que actúan con "falta de rigor". Criticas similares lanzaron otros abogados, como el de Vicente Bartolomé Fuentes, que preguntó por qué los integrantes de Transparencia Urbanística no presentaron la denuncia que dio lugar a esta causa hasta el año 2009, "si tan palmaria era la ilegalidad". Al respecto, uno de los denunciantes, Javier Díaz Reixa, explicó al declarar como testigo en el juicio que fue entonces cuando tuvieron acceso a los expedientes y reunieron la documentación para presentar su denuncia, que de momento ha sentado en el banquillo a diez personas y tiene a otras tantas pendientes de juicio.
Reyes considera que "no es justo" mencionar sus otras condenas
"Que acudiera a la fiesta de inauguración no le criminaliza. Hizo bien en acudir. Era un evento social y acudió", señaló por su parte el abogado del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que fue quien otorgó la licencia de obra a Stratvs, que solo autorizaba la construcción de una bodega almacén de 900 metros y la rehabilitación de la vivienda.
"No es justo referirse a condenas anteriores", añadió el abogado de Reyes en defensa de su cliente, que ya ha estado en prisión por delitos de prevaricación urbanística y que en el juicio del caso Yate confesó haber recibido sobornos de distintos empresarios, incluyendo a Juan Francisco Rosa, a cambio de la concesión de decenas de licencias ilegales para hoteles y para el puerto deportivo Marina Rubicón.
Pese a aquella confesión, en esta causa su abogado defendió que cuando Reyes inició el expediente para otorgar a Stratvs la licencia de actividad clasificada –que es por lo que se le juzga en esta pieza de la causa-, "no había nada que le pudiera hacer pensar que había no ya alguna ilegalidad, sino incluso alguna irregularidad". Y a lo mismo se aferró otro condenado confeso del caso Yate, el ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes, que también tiene otra condena a sus espaldas que fue la que le apartó del cargo.
"Se pretende hacer ver que Marina Rubicón es de Rosa"
La defensa de Bartolomé Fuentes también criticó que la Fiscalía hiciera mención a su confesión en Yate, que juzgó la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. Así, negó que su cliente fuera condenado por prevaricar en la concesión de las licencias de los hoteles, en las que no intervino, aunque sí lo hizo en la del puerto deportivo Marina Rubicón. De hecho, en ese juicio el ex secretario confesó que prevaricó al informar favorablemente. "Se pretende hacer ver que ese puerto es de Juan Francisco Rosa, pero ostenta un 25 por ciento de la propiedad, que no es lo mismo", precisó su abogado, para intentar negar que existan precedentes de una intervención del ex secretario en favor de Rosa. Y es que pese a aquella confesión en el último juicio, Bartolomé Fuentes volvió a basar esta vez su defensa en el caso Stratvs en lo mismo que había venido sosteniendo en otras causas en las que ha sido procesado y condenado: que él solo emitió un "informe de trámite".
Además, tanto su defensa como el resto insistieron en que no podían analizarse en este juicio los hechos que se juzgarán en la otra pieza del caso Stratvs, que es la principal, y que incluye todo lo que rodeó a la construcción de este complejo, tanto por los permisos presuntamente ilegales que recibió para autorizar la obra, como por el hecho de que lo construido no se ajustara en nada a esas licencias. Pese a ello, después se le otorgó la licencia de actividades clasificadas, que es lo que se analiza en esta pieza, al ser la parte en la que intervino Gladys Acuña, cuyo aforamiento al convertirse en parlamentaria regional hizo que parte de la causa pasara a manos del TSJC.
"Concejales de pueblo"
Otro mensaje que repitieron varias defensas es que los hechos ocurrieron en un "pueblo". Según la defensa de Evaristo García, no se puede "pretender que concejales de pueblo hagan de controladores de la legalidad", ni por tanto, según su argumento, condenarles por haber votado a favor de la licencia de actividad sin haber verificado que lo construido en Stratvs no tenía nada que ver con lo que se había autorizado.Precisamente a las dimensiones del municipio se había referido también la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, pero para cuestionar que nadie supiera lo que estaba pasando en Stratvs. "Yaiza debe ser no Andalucía, España entera. Desplazarse a La Geria debía ser una cosa complicadísima", ironizó la letrada.
"Estamos en un pueblo pequeño", señaló también el abogado de Gladys Acuña, pero en su caso para hablar de la falta de medios en el Consistorio. Y es que que al igual que la defensa de José Antonio Rodríguez, el letrado de Acuña insistió entre otras cosas en la falta de técnicos en el Ayuntamiento para culminar los expedientes sancionadores que se abrieron a Stratvs tras la imputación de la alcaldesa, que fue cuando ordenó realizar una inspección.
Además, casi todos coincidieron también en alabar la intervención del abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, a quien cedieron el turno para que interviniera en primer lugar, pese a que por el orden establecido en el juicio, debía haber sido el último en presentar sus conclusiones finales. Este letrado también se refirió a que los hechos ocurrieron "en el contexto de un pueblo", para justificar las llamadas que intercambió Juan Francisco Rosa con el entonces concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez. En una de ellas, el empresario pedía expresamente al edil que le "ayudara" para obtener la licencia de actividad clasificada, ya que su concesión se iba a votar al día siguiente en la Junta de Gobierno de Yaiza. "El contexto priva de importancia a esa llamada", sostuvo Choclán Montalvo, que considera que "en un pueblo en el que todos se conocen", no es relevante "que alguien llame a un concejal".
Tras el abogado de Rosa, fueron tomando la palabra el resto de las defensas, repitiendo muchos de sus argumentos. Entre ellos, sostener que la licencia de actividad ya estaba en realidad concedida "por silencio administrativo" antes de que se aprobara en la Junta de Gobierno; que tenía autorización del Gobierno de Canarias; que había informes favorables; que los informes negativos de Sanidad "no eran preceptivos" y que ninguno de los acusados vio uno que advertía expresamente de que allí había un restaurante y una tienda además de la bodega; y que la licencia de actividad no tiene contenido urbanístico como para que pueda dictarse una condena por prevaricación urbanística.
