El lanzaroteño Domingo González Arroyo, conocido como el marqués de La Oliva (Fuerteventura), ingresó a comienzos de semana en el Centro de Inserción Social (CIS) Ángel Guerra, junto a la prisión de Tahíche, para cumplir la condena por dos delitos fiscales. Así lo ha informado Canarias Ahora.
Según el fallo judicial al que ha podido acceder La Voz, Domingo González Arroyo ha sido condenado a tres años de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública. En una resolución fechada en junio de 2025 el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario denegó suspender la pena de prisión.
El que fuera alcalde del municipio majorero durante 26 años, también senador por Fuerteventura (1996-2000) y parlamentario en Canarias (1983-2000), fue declarado culpable en noviembre de 2021 por delitos fiscales cometidos en 2009 y 2010.
En la misma sentencia, Domingo González Arroyo fue entonces condenado junto a José Carlos González Arroyo también al pago de dos multas, una de más de 1,2 millones de euros y otra que asciende a los 331.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, la justicia lo privó del derecho obtener subvenciones o ayudas públicas, incentivos o beneficios fiscales o de la seguridad social por seis años.
Asimismo, tanto Domingo como José Carlos González Arroyo y la mercantil Conlaofu S.A. debían indemnizar a Hacienda por la cantidad total del dinero defraudado al fisco, a lo que deberán sumar los intereses y recargos. Entre el fallo judicial que lo condenó en noviembre de 2021 y la resolución que rechazó suspender su pena de prisión, de junio de 2025, el expolítico no había pagado la sanción económica a la que fue condenado ni devuelto a Hacienda el dinero defraudado.
Solicitud de suspensión de condena denegada
Domingo González Arroyo solicitó la suspensión de la pena de prisión de un año y seis meses asociada al pago de una multa de 1,2 millones. La Fiscalía y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se opusieron a esta suspensión, alegando que a pesar del elevado importe de la responsabilidad civil, el condenado aún no había aportado cantidad alguna de dinero.
En un escrito presentado ante el Juzgado de lo Penal, Domingo González Arroyo solicito ser declarado "insolvente" y que se acordara la "imposibilidad" de abonar la multa. Estos motivos fueron rechazados por el Juzgado.
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