La sentencia del caso Yate, que condenó a 9 personas por delitos de corrupción urbanística y blanqueo de capitales y declaró ilegales decenas de licencias de Playa Blanca, incluyendo la del puerto deportivo Marina Rubicón, ya es firme. El fallo fue dictado el pasado mes de abril y el plazo para interponer recursos se ha cumplido sin que ninguna de las partes lo haya hecho. Por eso, en una diligencia de ordenación fechada el pasado 24 de julio, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial ordena que se proceda a ejecutar la sentencia.
La primera consecuencia será que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, deberá volver a ingresar por tercera vez en la cárcel de Tahíche. La primera vez fue cumpliendo prisión provisional durante la instrucción de esta causa, justo después de su detención en septiembre de 2009. Después, volvió al Centro Penitenciario de Tahíche para cumplir condena por otro delito de prevaricación urbanística, en aquel caso por la concesión de una licencia ilegal al primo político del Rey de España y marido de Alexia de Grecia, Carlos Morales.
Ahora, Reyes se enfrenta a esta nueva condena de 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca a cambio de sobornos. El propio ex alcalde reconoció los hechos durante el juicio y llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -al igual que los otros ocho condenados-, aceptando las penas que se solicitaban para él. Así, antes del juicio ya depositó más de 300.000 euros para cubrir las multas que se le exigían a él, a su mujer y a tres de sus hijos, que se sentaron junto a él en el banquillo. Y también aceptó que fueran decomisados los bienes que adquirieron con el dinero procedente de los sobornos, y que incluye la embarcación el Pachi, 5 vehículos, un spa y parte de un piso, equivalente a algo más de 55.000 euros, que adquirió y puso a nombre de su hija en Tenerife. Además, tampoco recuperará el dinero que tenía en 10 cuentas corrientes de la familia cuando se produjo la operación policial ni los 13.000 euros en metálico que fueron encontrados en el registro de su domicilio.
Pendientes de si la Fiscalía solicita el ingreso en prisión
En cuanto a los otros ocho condenados, todos se enfrentan a penas inferiores a los 2 años de prisión, lo que en principio podría suponer que eviten el ingreso en prisión. Sin embargo, cada caso deberá ser ahora valorado por el Ministerio Fiscal, que podría pedir el cumplimiento de la pena. Y en esta fase de ejecución de sentencia también será escuchada la acusación particular, representada por el denunciante de esta causa, Carlos Espino.
Tras la de Reyes, la segunda mayor pena fue la que se impuso al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que fue condenado a un año de prisión y más de 10 años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 720 euros. Justo antes del juicio, el ex secretario reconoció que delinquió al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y de la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón. Además, también admitió haber incurrido en malversación de fondos públicos, al igual que José Francisco Reyes, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.
Por su parte, la mujer y los hijos del ex alcalde, además de la multa, aceptaron una condena de 5 meses y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Los otros tres condenados, Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, ayudaron a Reyes a blanquear el dinero a través de empresas pantalla, y fueron condenados a penas de entre 5 meses y 5 meses y medio de prisión, además del pago de multas 71.920, 20.000 y 20.000 euros.
Los dueños del puerto sobornaron a Reyes
La sentencia del caso Yate también anuló todas las licencias investigadas en esta causa, aunque casi todas habían sido ya anuladas en la vía contencioso administrativa. No había ocurrido lo mismo con la del puerto deportivo Marina Rubicón, que es ahora cuando pasa a ser ilegal con una sentencia firme. Además, el fallo de la Audiencia Provincial considera probado que los tres dueños de este puerto deportivo, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, entregaron un soborno al ex alcalde en forma de regalo por la concesión de este permiso.
En los hechos probados, la sentencia señala que Reyes recibió una "dávida" de los dueños del puerto valorada en 60.000 euros, al disfrutar de un atraque gratis durante cinco años en Marina Rubicón. Y esa dádiva, tal como señalaba el escrito de acusación de la Fiscalía y terminó confesando el ex alcalde, se entregó a cambio de la concesión de la propia licencia del puerto, pero también de otras tres que recibieron los mismos empresarios. Concretamente, la sentencia hace referencia a la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, que fueron concedidas a Juan Francisco Rosa. Y una de ellas se entregó "únicamente tres días después" de que la pidiera.
La tercera licencia, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En cuanto a la del puerto deportivo, quien la solicitó fue Rafael Lasso. Y lo hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó paralizar las obras, que se habían iniciado sin permiso. Solo seis días después, tal como subraya el fallo de la Audiencia, Reyes le otorgó esa licencia ilegal.
En cuanto a los empresarios que entregaron esa dádiva, en su momento estuvieron imputados en la causa, pero finalmente se archivaron los cargos contra ellos. Y es que el Código Penal que estaba vigente en ese momento no permitió tipificar el delito, al tratarse de un cohecho impropio posterior a la concesión de la licencia, y no anterior. Para esos casos, se contemplaban penas para el que recibe el regalo, pero no para el que lo entrega.
