"Ha hecho de todo en este juicio menos de acusación". Así se ha referido el fiscal Carlos Fernández Seijo a la supuesta asociación ecologista Jacón, cuya única actividad conocida ha sido intentar personarse en el caso Stratvs, donde fue acusada de "fraude procesal" y de intentar "dilatar" el procedimiento, e intervenir en otras causas relacionadas con bodegas de la isla. Una de ellas es la que se juzgaba este miércoles y jueves ante el Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife, por la ampliación de la bodega Los Bermejos, donde consiguieron personarse pero se han terminado retirando a última hora.
El abogado de Jacón, Jorge Ramos, sí ha acudido a las dos jornadas del juicio, pero sus preguntas se han centrado solo en la posible legalización de las obras y en cómo les afecta el anulado Plan de La Geria y la Ley del Suelo, que fue aprobada la pasada semana por el Parlamento de Canarias pero que aún no ha entrado en vigor.
Además, pese a que representa a un supuesto colectivo ecologista, ha señalado que esa ley "se aprobó para dar luz al galimatías que hay con los planes insulares", en una valoración que choca con la de todas las asociaciones ecologistas de Canarias que se han opuesto a ese texto, además de con la de otros colectivos, sindicatos y partidos políticos.
El fiscal vincula la actitud de Jacón al caso Stratvs
"Los papelones que uno tiene en la vida tienen sus consecuencias y tendrán que hacerse valer", ha advertido el fiscal, que ha calificado de "esperada y esperable" esta retirada de la acusación popular. Además, "a la vista de las actuaciones llevadas a cabo" por la asociación durante este juicio y en los últimos dos años, ha vinculado la actitud de Jacón al caso Stratvs. Y es que Jacón lleva intentando personarse en esa causa desde el año de 2015, pero tanto la juez instructora como el TSJC rechazaron su pretensión, concluyendo que solo pretendía retrasarla.
Mientras tanto, lo que ha hecho Jacón es emprender acciones contra otras bodegas de la isla, incluyendo demandas pidiendo su cierre, que tampoco prosperaron. Sin embargo, justo cuando debía presentar sus conclusiones en el juicio de Los Bermejos, Jacón ha decidido retirarse. Y lo ha hecho alegando que hay "contradicción entre los informes que constan en autos", por lo que ahora "entiende" que no se puede formular acusación por un delito contra la ordenación del territorio.
No obstante, las únicas preguntas que ha formulado durante el juicio para aclarar esas supuestas "contradicciones" han sido sobre si podrían legalizarse las obras. Y todos los peritos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Ayuntamiento de San Bartolomé que han declarado este jueves han coincidido en que no, mientras que solo la perito aportada por la defensa ha sostenido que sí.
Compara el caso Stratvs con las obras en bodegas históricas
Aunque en este juicio Jacón ha terminado concluyendo que no ve elementos para formular acusación, sí lo hizo en el procedimiento contra otra bodega histórica de La Geria que ejecutó unas obras de menor envergadura. Incluso, en esa causa la asociación ha recurrido el fallo, que impuso una condena de dos meses de cárcel, y lo ha hecho comparándolo con las penas que se solicitan en el caso Stratvs, como si fueran causas equiparables.
Así, Jacón ha intentado establecer una comparación entre las obras de ampliación realizadas en bodegas históricas de La Geria con lo ocurrido en la bodega de Juan Francisco Rosa, que no solo es de nueva creación sino que en su caso construyó 12.000 metros no autorizados, incluyendo un restaurante y una tienda, y que además incurrió en otra larga lista de presuntos delitos, como delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio, de falsedad documental, de estafa y de usurpación de suelo que no era de su propiedad.
"Todo tiene un límite", ha advertido el fiscal durante el juicio de Los Bermejos, añadiendo que ese límite está en "actuaciones procesales" que no le parecen "correctas". "Pero cada uno responde de sus actos", ha advertido, volviendo a calificar de "papelón" la intervención de esta asociación en el procedimiento, del que ha decidido retirarse a última hora, tras ejercer "de todo menos de acusación". "Éste es un asunto que tiene las implicaciones que tiene en Lanzarote", ha advertido el fiscal, que ha subrayado que hay "muchos intereses creados" y que su resultado podría intentar utilizarse en otros juicios, como el caso Stratvs.
Vinculada a la asociación de juristas que actúa en Unión
La ‘misteriosa’ asociación ecologista Jacón, que tiene su sede en Gran Canaria, empezó a presentar escritos en los Juzgados de Arrecife a mediados de 2015, cuando aún no estaba siquiera registrada formalmente. Y su aparición coincidió con la de otro polémico colectivo, la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA), que también tiene su sede en Gran Canaria y comparte vínculos con Jacón.
Así, mientras la supuesta asociación ecologista intentaba entrar en Stratvs, la asociación de juristas lo hacía en el caso Unión. Y en nombre de ambas actuó en sus inicios un mismo abogado, Juan David García Pazos, que a su vez ha sido letrado defensor de uno de los principales acusados en el caso Unión, Luis Lleó, vinculado a su vez al empresario Juan Francisco Rosa.
Además, este mismo abogado fue quien llevó a personarse en el caso Stratvs a otra asociación ecologista que sí existe y actúa desde hace años en Fuerteventura, Agonane. Sin embargo, la propia asociación decidió después retirarse del procedimiento, afirmando que se sentía "engañada y utilizada" por el letrado, que sólo había "aportado ruido" al procedimiento. Y tras la retirada de Agonane, comenzaron los intentos de personación de Jacón, a la que hasta ese momento no se le conocía actividad alguna. Ya entonces, la juez instructora del caso Stratvs, Silvia Muñoz, advirtió de un intento de "fraude procesal", apuntando incluso que "parecen coincidir" las firmas de los escritos presentados por la asociación que se retiró, Agonane, y la que intentaba entrar, Jacón.
Intentos de apartar a la juez instructora
Además, tal como se refleja en uno de los poderes notariales firmados por Jacón para su representación letrada, su intención era recusar a la magistrada instructora si lograba entrar en el caso Stratvs. Esto mismo fue lo que hizo la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa cuando logró entrar en una de las piezas del caso Unión. Entonces, su primera medida fue intentar apartar a la juez Silvia Muñoz.
Sin embargo, la Audiencia Provincial no solo rechazó su pretensión, sino que además le impuso una multa de 1.000 euros, al considerar que actuó de "mala fe", que calificó de "clara" y "grave". En este caso, al igual que han hecho otras resoluciones judiciales con Jacón, la Audiencia acusaba a AJJA de estar actuando con "la única finalidad de tratar de apartar a la instructora para dilatar su tramitación", planteando "una recusación carente del más mínimo fundamento". Y todo ello a través de un abogado vinculado a uno de los principales acusados en el caso Unión, Luis Lleó, y que ha actuado también en nombre de Jacón.
