La juez Silvia Muñoz ha ordenado la apertura de juicio oral contra las 17 personas acusadas en la pieza del caso Unión centrada en la etapa de gobierno de María Isabel Déniz en el Ayuntamiento de Arrecife. En su auto, fechado el pasado miércoles 18 de enero, la magistrada exige más de 272 millones de euros en fianzas, para responder del presunto dinero malversado con los pagos a Urbaser y a Fomento Construcciones y Contratas.
Así, tras los escritos de acusación presentados por la Fiscalía, la acusación particular representada por el Ayuntamiento y las acusaciones populares, la juez instructora ha elevado significativamente las fianzas con respecto a las que ya había impuesto al dictar el auto de procedimiento abreviado, que puso fin a la instrucción.
En el caso de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y del que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, deberán depositar más de 25 millones de euros cada uno, para cubrir la eventual condena de multa y responsabilidad civil. Ligeramente superior es la cantidad que se exige a otro de los acusados, Manuel Jesús Isidro Spínola, que compartía sociedades con Arrocha y a su vez es técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo. A él, la juez le exige una fianza de 25.538.615 euros, frente a los 25.218.527 que le reclama a Rafael Arrocha.
El otro socio de las empresas de Arrocha, Julio Pedro Romero Ortega, deberá depositar más de 24 millones de euros, mientras que otras dos personas vinculadas a esas empresas, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil, tendrán que entregar más de 13 millones cada uno.
La mayoría de los acusados, entre 11 y 13 millones
En cuanto al ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, el auto establece que deberá depositar una fianza de más de 13 millones de euros, al igual que el líder histórico del PIL, Dimas Martín. Una cantidad similar deberán entregar o garantizar el que era mano derecha de Dimas, Matías Curbelo, y el ex dirigente socialista Miguel Ángel Leal.
Respecto a los directivos de Urbarser acusados, Francisco José Martínez Llerandi, Stephan Jean Balverde, Santiago Alonso y Manuel Martínez, todos deberán depositar fianzas de entre 13,1 y 13,8 millones de euros. Por su parte, los de Fomento Construcciones y Contratas, Enrique Astorga y Enrique José Hernández, tendrán que responder ya de casi 11,8 millones.
En su auto, la juez les da a todos ellos un plazo de cinco días, a contar desde que reciban la notificación, para que hagan efectivas las fianzas "en cualquiera de las formas admitidas en derecho". Entre ellas, está la posibilidad de presentar bienes como garantía.
Cabe recordar que en caso de condena todos los acusados deberán responder de forma solidaria de la cantidad que contribuyeron a malversar, aunque al imponer las fianzas se exige a cada uno la totalidad del importe, para asegurar el pago. En el caso de los contratos con Urbaser, el auto señala que "la indemnización por daños y perjuicios se cifra provisionalmente en 9.789.461 euros", mientras que el perjuicio causado al Ayuntamiento por la trama relativa a la adjudicación del pabellón de deportes de Argana a FCC se ha valorado en 8.760.600 euros. A esta cifra se suma además la multa que se solicita para cada uno, todo ello aumentado en un tercio.
Urbaser y FCC también irán a juicio
Además, este último auto dictado por la juez instructora también ordena que vayan a juicio las empresas, Urbaser y FCC, como responsables civiles subsidiarias. De esta forma, cada una deberá responder de las cantidades que se exigen a los directivos acusados, en caso de que éstos no lo hagan.
Esto se hace extensible al resultado del juicio, en caso de que se imponga una sentencia condenatoria, pero también a las fianzas que acaban de fijarse. Así, de no depositarse las cantidades exigidas, serán Urbaser y FCC quienes tengan que aportar garantías por ese dinero.
Por último, también se sentarán en el banquillo las parejas de María Isabel Déniz y Dimas Martín, José Domingo Abreut y Elena Martín, que ya habían sido señalados por la juez instructora como partícipes a título lucrativo. Ahora, la magistrada les exige una fianza por las cantidades de las que se ha acreditado que se beneficiaron, y que se obtuvieron por sus parejas de forma presuntamente ilícita. En el caso de José Domingo Abreut, la juez le exige una fianza de 325.484 euros, mientras que Elena Martín deberá garantizar 14.812 euros.
La fecha, pendiente ahora de la Audiencia
Tal como se señala en el auto, la celebración del juicio dependerá ahora de la Audiencia Provincial. Para ello, se le dará traslado de la causa, una vez que se determine la Sección a la que corresponderá enjuiciar este procedimiento. Después, la disponibilidad y el calendario que ya tenga previsto esa Sección determinará la fecha que se señale para el juicio.
En cuanto a las penas, la Fiscalía pide hasta 19 años y medio de prisión, en el caso de Rafael Arrocha, mientras que para María Isabel Déniz solicita 13 años. Por su parte, el Ayuntamiento de Arrecife, personado como acusación particular, reclama las mayores condenas. La más elevada, de 38 años de cárcel, la solicita para la ex alcaldesa, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
