Un año y medio de cárcel y siete años de inhabilitación. Ésa es la pena que finalmente reclama la Fiscalía para el empresario Juan Francisco Rosa en el primer juicio del caso Stratvs. Aunque la causa terminará de juzgarse este viernes, con la presentación de los informes definitivos de la acusación popular y de las defensas, el fiscal ya elevó en la tarde del jueves sus conclusiones. Y entre otras cosas modificó uno de los tipos delictivos por los que acusa a Rosa, al considerar que actuó como "inductor" de un delito de prevaricación urbanística, vinculado a otro delito de tráfico de influencias.
Tal como adelantó en la primera jornada del juicio, ha sido al presentar sus conclusiones cuando el fiscal ha definido la calificación definitiva de los delitos y la pena que solicita para Rosa, que no se había fijado en el escrito provisional de acusación. Y es que ese escrito se presentó de forma conjunta para todo el caso Stratvs, y no se recogió la pena específica solicitada para Rosa por los hechos que se juzgan en esta primera pieza.
Así, el empresario se enfrenta ahora a una petición de año y medio de cárcel en este primer juicio y aún tiene pendiente la petición de 15 años más de prisión en el juicio pendiente de celebrarse ante la Audiencia Provincial, después de que la causa se dividiera en dos tras el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que hizo que parte del procedimiento pasara a manos del TSJC.
"Rosa no ha aportado ni un documento que acredite que es titular del suelo"
En cuanto a este primer juicio, tanto la acusación popular representada por Transparencia Urbanística como la acusación particular se han adherido este jueves a la petición definitiva elevada por la Fiscalía para Rosa. En el caso de la acusación particular, que representa a la familia Negrín como perjudicada por la presunta usurpación de sus terrenos con la construcción de Stratvs, también ha presentado este jueves sus conclusiones.
"El señor Rosa, a día de hoy, no ha aportado ni un solo documento que acredite que es el titular de un solo metro cuadrado del suelo donde se asienta Stratvs", ha señalado el letrado. Además, ha calificado de "sorprendente" que los acusados que intervinieron en la concesión de la licencia de actividad "no hubieran visto nada" y no supieran "lo que se había hecho allí" ni la diferencia con lo que se había autorizado, que era solo una bodega de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda. Además, ha subrayado que casi todos los peritos que han declarado en el juicio, a excepción de una aportada por el propio Rosa, han coincidido en que el PIOT "es la normativa troncal" que rige ese espacio y en que no permitía la construcción de este complejo.
Cambios en la calificación de Acuña y Rodríguez
Además de modificar la calificación de los delitos imputados a Rosa, el fiscal también ha planteado una calificación alternativa para uno de los delitos por los que acusa a la alcaldesa y al concejal José Antonio Rodríguez. Acuña, además de responder de un presunto delito de prevaricación urbanística por la concesión de la licencia de actividad a Stratvs, también está acusada por otro delito de prevaricación por omisión, al igual que Rodríguez, por no haber cerrado todas las instalaciones cuando tuvo conocimiento de su ilegalidad. Inicialmente, la Fiscalía había calificado ese delito como prevaricación medioambiental por omisión, aunque este jueves planteó como alternativa la prevaricación urbanística por omisión.
De estimarse la calificación inicial, la Fiscalía pide para Acuña 3 años y 10 meses de cárcel y 18 años de inhabilitación por ambos delitos. En cuanto a José Antonio Rodríguez, que también está acusado en la otra pieza de Stratvs, en esta se enfrenta a una petición de dos años de cárcel y 9 de inhabilitación.
Reyes y su "historial delictivo"
En cuanto al resto de los acusados, el fiscal ha mantenido las penas solicitadas inicialmente. En el caso del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le pide un año y medio de prisión, por haber iniciado el expediente para la concesión de la licencia de actividad clasificada. Sobre Reyes, Stampa ha hecho referencia a su "historial delictivo" y también a su confesión en el caso Yate, en la que reconoció haber concedido licencias ilegales a cambio de sobornos, entre otros a Juan Francisco Rosa.
Para el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que también confesó en el caso Yate haber prevaricado al informar sobre proyectos de Rosa en Playa Blanca, en esta causa le pide un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación. Además, al igual que ocurre con otros acusados, también volverá a sentarse en el banquillo en el otro juicio pendiente de Stratvs.
Leonardo Rodríguez, "a quien llama Rosa cada vez que necesita algo"
En cuanto al ex concejal Leonardo Rodríguez, la Fiscalía pide para él un año y diez meses de prisión, así como nueve de inhabilitación. De él, Stampa ha subrayado que tenía una "relación de camaradería con Rosa evidente, obvia y descarada", y se ha referido a las llamadas entre ambos que se han escuchado durante el juicio, y que fueron interceptadas por la UCO en el caso Unión. "Es a quien llama Rosa cada vez que necesita algo", ha afirmado el fiscal, haciendo referencia a una de las conversaciones. "Tengo todo lo del Cabildo entregado. Solo me falta la apertura tuya. Para que me ayudes si puedes", le decía Rosa al edil en esa conversación, hablando de la licencia de actividad de Stratvs.
Además, el fiscal también ha cuestionado la versión que dio Rodríguez en el juicio sobre qué fue a entregar a la casa del empresario después de la Junta de Gobierno en la que se autorizó esa licencia. Según la instrucción, podría tratarse de la propia licencia, ya que el ex edil anunció por teléfono a Rosa que le iba a llevar algo a su domicilio. En el juicio, Leonardo Rodríguez declaró que lo que iba a llevar era una tarjeta de felicitación de Navidad, pero Stampa ha subrayado que eso habría que "ponerlo en contradicción" con lo que declaró Juan Francisco Rosa en fase de instrucción, que aseguró que lo que fue a dejarle en su casa era "una botella de vino".
En cuanto a los otros dos ex concejales que aprobaron en la Junta de Gobierno la concesión de la licencia de actividad, Evaristo García y Juan Lorenzo Tavío, el fiscal pide para cada uno un año y medio de prisión y 8 años y medio de inhabilitación.
Multa e inhabilitación para los técnicos de Actividades Clasificadas
Por último, para el técnico de Actividades Clasificadas de Yaiza, Andrés Morales, se pide una multa de 18.000 euros y 18 años de inhabilitación, y para el ingeniero del mismo área en el Cabildo, Manuel Jesús Spínola, también multa de 18.000 euros y 9 años de inhabilitación. Sobre él, el fiscal ha señalado que tuvo una "participación crucial", ya que realizó un informe favorable desde la Corporación insular a la calificación de la actividad de Stratvs.
Y lo hizo, según el Ministerio Fiscal, pese a que "era de conocimiento público" que la obra ya estaba ejecutada, y sin embargo no comprobó si se ajustaba a lo autorizado, y también pese a que un informe de otra técnico del Cabildo advertía de que ese uso no estaba permitido en el Plan Insular.
