El secretario del Cabildo, del Consorcio y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Así lo ha confirmado la Sección Segunda Audiencia Provincial, con un auto en el que rechaza el último recurso que le cabía al secretario para evitar el juicio.
La resolución, fechada el pasado lunes 14 de mayo, se suma a la dictada hace un mes por esta misma Sección de la Audiencia, que rechazó también el recurso presentado por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. Así, la Audiencia ha confirmado por segunda vez el auto que puso fin a la instrucción de esta causa penal y que abrió el plazo para presentar los escritos de acusación previos al juicio.
En cuanto a los recursos que interpusieron los otros dos imputados, el del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, sigue pendiente de resolverse; mientras que el del abogado Ignacio Calatayud fue estimado el pasado mes de febrero por el juez Salvador Alba. El magistrado de la Sección Sexta, que actualmente está pendiente de ser apartado de la carrera judicial tras abrirse juicio oral contra él por cinco delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo, fue el encargado de resolver el recurso de Calatayud y acordó "desimputarle" y dejarle fuera de la causa. Y lo hizo en contra del criterio del Ministerio Fiscal y del juez instructor.
La Fiscalía, la acusación popular y Club Lanzarote se opusieron al recurso
El nuevo auto dictado esta semana por la Audiencia, sin embargo, vuelve a avalar la labor del magistrado que instruyó esta causa, Jerónimo Alonso, y señala que en el auto con el que puso fin "se efectúa una profusa relación motivada de los hechos" que llevarán a juicio a Pancho Perdomo. Al igual que ocurrió con los recursos de los otros tres imputados, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular, representada por el grupo Podemos en el Cabildo, y la acusación particular, ejercida por la denunciante, Club Lanzarote, se habían opuesto a que fuera estimado.
En el caso de Club Lanzarote, no obstante, cabe recordar que después se retiró de la causa, tras cerrar un acuerdo con San Ginés, plasmado en un convenio que supuestamente pretendía poner fin a los pleitos contenciosos entre la empresa y el Consejo Insular de Aguas. No obstante, poco antes de alcanzar ese acuerdo y de retirarse como acusación, Club Lanzarote había insistido en que tanto San Ginés como el resto de imputados debían sentarse en el banquillo, al considerar que había suficientes indicios de criminalidad en su actuación.
En el caso del secretario, su defensa alegaba que su papel en la incautación de la desaladora fue "irrelevante". Respecto al asesoramiento verbal que ofreció a San Ginés antes de que el presidente ordenara y ejecutara esta medida, señalaba que él "se limitó a expresar su opinión, desconociendo el expediente que se inició a continuación". En cuanto a su intervención posterior, cuando avaló con su firma un informe elaborado por Ignacio Calatayud, sostenía que fue "irrelevante", ya que ese informe se emitió después de la incautación.
"Actuaba en su condición de secretario"
"Debe tenerse en cuenta que el apelante actuaba en su condición de secretario del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas", responde al respecto el auto de la Audiencia Provincial. Además, recuerda que el juez instructor concluyó al cerrar la instrucción que Perdomo "habría actuado a sabiendas de la ilicitud de la medida cautelar adoptada y con la finalidad de dotar la actuación del investigado Pedro San Ginés de una mayor apariencia de legalidad".
Por su parte, en respuesta al recurso presentado por el secretario, la acusación popular recordaba también que fue el propio San Ginés, "presunto autor del delito de prevaricación", quien "señaló directamente" a Pancho Perdomo "como principal asesor jurídico de la medida de la incautación, concretándose su actuación tanto en el asesoramiento previo verbal como en la ratificación posterior del informe jurídico externo".
