El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas ha estimado íntegramente el recurso presentado por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y ha condenado al Ayuntamiento de Teguise por no formar a sus agentes en prácticas de tiro a pesar de que lo exige la ley.
En el fallo judicial al que ha tenido acceso La Voz se recoge que el Ayuntamiento de Teguise dejó de ofrecer las prácticas de tiro obligatorias a sus agentes locales y de cumplir con la capacitación obligatoria en el uso de armas de fuego, entre los años 2022 y 2024. Durante la celebración del juicio, el consistorio se escudó en la falta de una galería de tiro y de un instructor.
Según el decreto 20/2020, entre otros puntos, es obligatorio que los agentes de la Policía Local estén formados en la utilización de los equipos básicos y de medios defensivos antes de tomar el cargo. Además, el consistorio debe actualizar, al menos, cada seis meses los ejercicios de tiro y uso de arma reglamentaria, así como, al menos, una vez al año para el resto de medios técnicos y defensivos, mientras se esté en servicio activo.
La resolución judicial avala el recurso del sindicato, al que el consistorio no respondió cuando recordó la obligación de realizar estas formaciones, y condena al Ayuntamiento al pago de las costas judiciales, "es decir, con recursos aportados por el conjunto de los vecinos de Teguise".
Desde el SPPLB se considera que esta sentencia constituye "un firme respaldo judicial al derecho de los agentes a recibir formación reglada y actualizada, así como un toque de atención a las administraciones que desatienden esta obligación legal".
Asimismo, el sindicato recuerda que "la necesidad de dotar a los cuerpos de seguridad de una formación adecuada y permanente se ha puesto de manifiesto con especial claridad en sucesos recientes, como el ocurrido hace escasos días en el aeropuerto de Gran Canaria", donde un joven alterado que portaba un cuchillo fue abatido por la Policía Nacional con cinco tiros.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El SPPLB "reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes policiales, así como con la promoción de una seguridad pública profesional, formada y respetuosa con el marco normativo".