La Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará la próxima semana a dos personas por un presunto delito de estafa y otro de falsedad documental, al haber vendido un apartamento en Playa Blanca ocultando que sobre él pesaban dos hipotecas.
En el caso de uno de los acusados, J.B.Q., ya tiene antecedentes por hechos similares y fue condenado a 9 meses y un día de prisión por otro delito de falsedad en documento público. Para él, la Fiscalía pide 4 años y 5 meses de prisión, al aplicar el agravante de reincidencia, mientras que para la otra acusada, M.J.Q.R., solicita una pena de 3 años de cárcel.
El apartamento, ubicado en la urbanización Virginia Park, del plan parcial Montaña Roja, pertenecía a la entidad J.S.L., de la que la acusada era administrador única. En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal sostiene que los dos procesados se pusieron de acuerdo “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”.
Para ello, J.B.Q. contactó con la responsable de una agencia inmobiliaria, a la que M.J.Q.R. otorgó un poder para la venta de la finca, “haciéndole creer que las hipotecas que grababan dicho inmueble se encontraba canceladas económicamente” y que solo faltaba el otorgamiento de la escritura de cancelación.
El inmueble fue vendido en abril 2014 y “como condición resolutoria se estipuló que en el plazo de dos meses a contar desde el otorgamiento se procediera a la cancelación registral del derecho real de hipoteca que grava la finca, quedando durante dicho plazo depositados los cheques otorgados por los compradores”, relata la Fiscalía en su escrito. Uno de esos cheques era para abonar 34.980 euros a favor de la entidad J.S.L y otro de 6.420 euros a favor de la inmobiliaria. Además, los compradores pagaron 4.600 euros en concepto plusvalía, impuestos y otros conceptos.
Certificados simulados
Durante ese plazo que se habían dado, y “a fin de causar error en los compradores, de manera que estos no ejercitaran la condición resolutoria convenida en la escritura pública, así como de llevar a engaño también al notario y a la agente inmobiliaria”, el acusado J.B.Q., según la Fiscalía, “se proveyó de varios certificados simulados, en los que aparecía el membrete de La Caixa, en los que se hacía constar la cancelación económica de los préstamos y, a sabiendas de su falsedad y del error que con su conducta creaba, haciéndolos pasar por auténticos, los envió por correo electrónico a la agente inmobiliaria, presentándolos ésta ante el notario, tal y como se hizo constar en la escritura complementaria de 25 de agosto de 2014”.
Ese mes, tanto los vendedores ahora acusados como la agencia cobraron los cheques y se hizo oficial la venta, pese a las cargas que pesaban sobre la propiedad.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía también reclama que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a los perjudicados en la cantidad de 46.000 euros. Por su parte, la entidad J.S.L. deberá responder de forma solidaria del pago de 34.980 euros, que fue la cantidad que se pagó a nombre de la empresa.
