La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles en Gran Canaria a 16 personas acusadas de traficar con personas desde Marruecos a Lanzarote en diferentes embarcaciones precarias entre febrero de 2019 y mayo de 2020.
De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, la investigación del Grupo XIII de la Brigada de Investigación de Redes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras plasmó la existencia de "una compleja organización criminal" que se dedicaba presuntamente a traficar con personas entre Marruecos y Canarias en neumáticas o pateras.
Según el Ministerio Público, la organización cuenta con un máximo responsable que actuaría desde el país alauí y el resto de miembros, acusados en esta causa, que operan desde España.
Entre las llegadas recogidas por la Fiscalía en su escrito de acusación, se encuentra una patera de madera que llegó por sus propios medios a La Santa con 17 migrantes en su interior, así como otras que llegaron a Famara, La Graciosa o Fuerteventura.
A los pasajeros de la embarcación precaria le cobraban un precio comprendido entre 1.000 y 2.000 euros, prometiendo en uno de los casos 250 euros por pasajero de recompensa.
Para el Ministerio Fical, el responsable de la organización criminal en España es J.O., un ciudadano marroquí que permanece en prisión provisional desde junio de 2020 por esta causa y a quien acusa de "encontrarse en permanente contacto" con la rama de la organización afincada en Marruecos. Además, de señalarlo como el que "planifica, organiza y reserva" las plazas en las embarcaciones e incluso pilota "alguna de ellas", a cambio de un posible beneficio económico.
Siempre según la Fiscalía, el lugarteniente de J.O. es el acusado I.A. En este punto, le atribuye el rol de estar en "permanente contacto telefónico" con el presunto responsable como con el resto de la organización en Marruecos. Así como también organizar, planificar y reservar plazas en las embarcaciones precarias.
En tercer lugar, el Ministerio Público acusa a H.M. de formar parte de la organización y de "facilitar los puntos GPS" para que los responsables pudieran entrar a las costas canarias sin ser detectados. A él también le atribuye la "recepción, traslado y recogida de migrantes" así como la "captación y reserva de plazas" en las embarcaciones. Además le sitúa pilotando, al menos, una de las embarcaciones.
K.A. es el cuarto acusado, a quien le atribuye ser uno de los responsables de "captar a los migrantes" y "reservar plazas" a cambio de dinero. Mientras tanto, la única mujer acusada en la causa J.B. sería la encargada de "organizar grupos" para viajar en embarcaciones precarias.
En esta línea, al sexto acusado A.H. le atribuye el pilotaje de, "al menos", una de las embarcaciones que llegó a las costas canarias durante el año 2020, así como de seguir las órdenes de otro de los acusados y de mantener contacto telefónico con la parte de la red que opera desde Marruecos.
Así pues, a los tres acusados A.E., A.A. y A.H. se le atribuye el pilotaje de "determinadas embarcaciones", sin especificar número, a cambio de dinero.
Para concluir, el resto de los acusados L.M, S.O, A.J., S.B, M.B, conocido como El Viejo, B.A y la acusada F.E.F. serían los encargados de realizar "labores de reserva de plazas", así como la "recogida" de las personas migrantes una vez llegan a Canarias para alojarlos y trasladarlos, facilitando que se comuniquen entre los diferentes integrantes de la banda.
Así pues, el Ministerio Público resalta que "ha podido ser acreditado" que los 16 acusados se pusieron de acuerdo con "otras personas no identificadas" y con el ánimo de enriquecerse "cobraron diversas cantidades de dinero" a diferentes personas migrantes marroquíes.
Las personas que arribaron a la isla de Lanzarote, no contaban con sistema de seguridad, así como chalecos salvavidas, comida ni agua.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por ello, solicita ocho años de prisión para cada uno de los acusados, inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y el abono de las costas.
Además, pidió que el juicio fuera celebrado "en el menor tiempo posible" al tratarse de causas con preso.
