El fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha estado este jueves en Lanzarote para ofrecer una charla en la Cámara de Comercio sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tras la conferencia, ha respondido a las preguntas de los periodistas que habían acudido al acto, centradas sobre todo en las últimas noticias del caso Unión y en el auto del juez Salvador Alba, que ha anulado la primera grabación realizada por el denunciante, bajo la supervisión de la UCO y antes de que se abrieran las diligencias judiciales.
¿Qué opinión le merece el auto del juez Alba, así como las valoraciones que hace en el mismo?
Ya la Fiscalía ha anunciado públicamente que está trabajando en la interposición de un recurso frente a esa decisión, con la que no estamos de acuerdo. Y que cuando el recurso de formalice y se presente formalmente, mediante el órgano judicial correspondiente, se informará a los medios al respecto. Por el momento, es lo que puedo informar. Yo no estoy en condiciones de hacer una valoración en profundidad de ese auto y la valoración se podrá poner de manifiesto, por nuestra parte, en el escrito de interposición de recurso y ahí es donde se dirá todo lo que nos parece respecto de esa decisión. No voy a entrar a hacer valoraciones sobre cuestiones concretas que se dicen en este auto, que por otra parte, es un auto bastante extenso y que requiere de su estudio pormenorizado.
Considerando que hay una causa penal y un expediente disciplinario abierto contra el juez Alba, que interviene en varios casos relevantes de corrupción en Canarias, ¿se plantea la Fiscalía que puede haber motivos para recusar a este magistrado, como por ejemplo ha hecho la acusación popular en el caso Stratvs?
(La pieza de Luis Lleó, en la que se ha dictado este auto) se trata de un procedimiento que es la ley del jurado, y el recurso de apelación tiene sus reglas, y entre ellas cabe la posibilidad de que una estimación de un hipotético recurso derivara en una retroacción de la actuación, es decir, volver otra vez al punto de partida, para volver a celebrar una vista o un juicio o lo que sea. Y ahí entendemos que el órgano superior cabría y tendría la posibilidad de decidir si esa vista o esa decisión nueva podría ser adoptada por el mismo magistrado o por otro distinto, sin necesidad de entrar en una recusación. Pero insisto, todo eso en este momento está en estudio.
¿Qué opina de que un magistrado que está imputado precisamente por el contenido de una grabación tenga que pronunciarse sobre la validez de otra, en otra causa, como es el caso Unión?
Yo creo que es lógico hacerse esa pregunta por parte de la sociedad en general, lo que pasa que yo debo respetar el funcionamiento de las instituciones y, por lo tanto, si esta persona es magistrada y está en su ejercicio efectivo y resuelve los asuntos que le tocan conforme a las normas de reparto establecidas. Por otra parte, también debo decir que no es exactamente el mismo supuesto de hecho uno que otro y que, por lo tanto, aunque pueda haber alguna relación o algunas similitudes, no estamos hablando de lo mismo. No obstante, insisto, claro que se puede hacer esa valoración o esa pregunta, pero debemos respetar las reglas del juego. Es decir, este es un magistrado que está en el ejercicio activo y tomó las decisiones que le corresponden en función de los procedimientos que le tocan por reparto.
Recientemente, en Fuerteventura, se reforzó la Fiscalía de Medio Ambiente, con el nombramiento de una fiscal. En Lanzarote, precisamente, pasó lo contrario, ya que tras la marcha de Ignacio Stampa no se ha asignado a nadie. ¿Hay prevista alguna incorporación?
Estamos hablando de una reestructuración interna, dentro de la Fiscalía que en ningún caso supone que los asuntos no vayan a seguir llevándose por fiscales especializados de Medio Ambiente y Urbanismo. En ese sentido, hay que tener tranquilidad y confianza en que la actuación de la Fiscalía será la misma que hasta este momento. Lógicamente la marcha de determinado fiscal nos lleva a hacer una reestructuración, pero siguen estando asumidos por la sección de Medio Ambiente y Urbanismo y, por tanto, por fiscales especializados. Es verdad que en Fuerteventura no había y en ese momento se valoró la opción de que se designaran a personas específicamente, porque se estaba produciendo un aumento significativo del volumen de asuntos en esa materia, pero los asuntos de Arrecife se están llevando por fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, por fiscales especializados. En este momento concreto, la fiscal que lleva esos asuntos además es una fiscal que estuvo a su vez destinada aquí y que conoce perfectamente la problemática que existe aquí en Lanzarote, osea que en ese sentido me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad. No hay ningún vacío de lo que pudiese ser la labor de la Fiscalía en esta materia.
¿Qué le parece que el Consejo General del Poder Judicial no pueda localizar a un magistrado como Alba para realizarle una notificación dentro del expediente que tiene abierto y tenga que publicarlo en el BOE? ¿Le parece normal?
Yo desconozco lo que ha podido producir en ese expediente, así que no me atrevo a pronunciarme al respecto más allá de poner de manifiesto que a lo mejor es simplemente un problema como hay, desgraciadamente en muchas ocasiones, de pura burocracia administrativa. Pero no estoy en condiciones de poder decirle que es lo que ha pasado en ese caso concreto.
Es posible que determinados sectores y, por supuesto, los acusados vayan a intentar utilizar esto para desacreditar el caso Unión. ¿Hay tranquilidad por parte de la Fiscalía en este aspecto?
Si, por supuesto. Es decir, no estamos conformes con esta decisión y la vamos a impugnar, pero esto no supone que se desmonte el caso Unión y que no haya fundamentos suficientes para continuar teniendo la acusación que nosotros tenemos formulada. Eso también lo puedo garantizar.
El hecho de que la mayoría de los acusados del caso Yate hayan alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, consiguiendo una significativa rebaja de las penas, ¿lo considera un mal menor después de tantos años?
Yo creo que es muy buen acuerdo. Estamos hablando de conductas graves, por supuesto, cometidas por diversas personas durante un cierto tiempo, pero es verdad que el paso del tiempo también tiene que ser tenido en cuenta. Estamos hablando de que el principal responsable ha sido sancionado con penas de hasta seis años de prisión, estamos hablando de que se han devuelto las cantidades distraídas indebidamente. Y hemos obtenido una sentencia condenatoria en la mayoría de las personas que estaban acusadas. Por lo tanto, me parece un buen acuerdo y, por supuesto, siempre dentro de la legalidad vigente.
Las dilaciones han sido uno de los motivos para rebajar la condena, aparte de la confesión y la colaboración con la justicia. ¿Considera que ese problema endémico tiene solución? ¿Se intenta tomar medidas desde la Fiscalía para evitar estos retrasos en la instrucción?
Es muy complicado. Ahora es un problema multidisciplinar, casi estructural. Es un problema que va y depende de, por supuesto, los medios; pero también de la propia estructura del proceso penal español a día de hoy. Por ejemplo, de la inmensa capacidad que tienen las partes de impugnar las decisiones durante la fase de instrucción, que se eternizan mucho. De la propia complejidad de los hechos, que lógicamente hace que todo vaya más ralentizado, del volumen de personas implicadas, que lógicamente también hace que se complique la tramitación del asunto. Yo creo que, no obstante, teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de personas implicadas, creo de verdad y honestamente que la actuación que se ha hecho por parte de la Fiscalía, en un determinado momento, de instar la apertura de distintas piezas separadas para que se fuesen llevando los procedimientos que podían ser claramente distinguibles de otros por su propia vía autónoma es lo que ha permitido, por ejemplo, dentro del caso Unión, que ya haya varios juicios celebrados con distintas sentencias condenatorias. De tal manera que si se hubiese seguido todo en el mismo procedimiento hubiera sido prácticamente imposible. Claro que se están haciendo cosas para agilizar los procedimientos, pero dentro efectivamente de una estructura que es una estructura que no está pensada realmente para perseguir este tipo de infracciones. Contamos con una Ley de Enjuiciamiento Criminal que es del siglo XIX, pensada para un tipo de delincuencia que no es el actual. Y yo creo que, en ese sentido, por lo que hay que apostar claramente es por una reforma del proceso penal. Frente a delincuencia complicada, organizaciones complicadas para perseguirlas. Es decir, frente a complejidad del delito, grupos de investigación para perseguir esos delitos y eso solo lo puede dar la Fiscalía.
En el caso Yate hubo peritos que no pudieron finalmente testificar porque no funcionaba el sistema de videoconferencia, y también se han suspendido juicios por fallos en los aparatos de grabación, ¿Es preocupante en Lanzarote y Fuerteventura la falta de medios en la Administración de Justicia?
Yo creo que tradicionalmente la Administración de Justicia ha tenido una deficiente dotación, tradicionalmente, en comparación con otras administraciones públicas. Eso sí, también debo decir que en los últimos años y desde hace bastante tiempo el esfuerzo que se ha hecho por parte de las administraciones públicas en dotación de medios creo que es notorio. A partir de ahí, siempre se puede mejorar, pero descalificar la gestión por hechos puntuales pues tampoco me parece justo. Desde luego creo que la respuesta que dio en ese momento la administración, en el caso que plantea, fue prácticamente inmediata y de hecho es que ya estaban contratados y estaban adquiridos los nuevos equipos, lo que pasa es que todavía no se habían implantado. Por eso se pudo dar esa respuesta rápida. Yo creo que es indudable que no estamos bien pero es indudable que se ha mejorado.
Es evidente que en Lanzarote ha habido una explosión de causas de corrupción, de investigaciones iniciadas en los últimos años, pero que en la mayoría de los casos se centran en hechos muy antiguos que, en su momento, no se investigaron. ¿Le encuentra alguna explicación a esto?
Pues porque en su momento se pusieron de manifiesto ante las autoridades judiciales y fiscales la comisión de hechos delictivos. Es decir, esto surge porque en un momento determinado creo que existe una mayor conciencia ciudadana, precisamente, respecto a este tipo de fenómenos delictivos que motivan que haya personas que se decidan a denunciar y a poner en conocimiento de las administraciones públicas, en este caso la administración de justicia, en concreto Juzgados y Fiscalía, la presunta comisión de hechos delictivos. Luego, pues por supuesto que se investigan, y nuestro compromiso es la investigación hasta el final, y eso me parece que ha quedado suficientemente claro en todas y cada una de las investigaciones siempre, por supuesto, conforme a criterios estrictamente jurídicos. Pero por supuesto que nuestro compromiso con la batalla en esas causas es más que claro. Ahora, esto es como todo, el hecho delictivo se tiene que poner en conocimiento.
En el caso Yate, por centrarnos en uno concreto, el ex alcalde ha confesado ahora que recibió un soborno en forma de dádiva por otorgar la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, pero sin embargo en su momento no se investigó durante su construcción...
Si, pero nadie lo denunció en su momento, ¿no?
Sí, se presentaron varias denuncias y hubo abierta diligencias penales.
¿Y qué pasó con eso?
Esa es la pregunta. Por qué la Fiscalía de entonces pidió que se archivara
No lo sé. Sería por cuestiones relacionadas en ese momento, en ese asunto concreto, con material probatorio suficiente o insuficiente, pero no por falta de interés en perseguirlo. Eso se lo puedo garantizar.
