La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella ante el juzgado de Instrucción de guardia en Arrecife contra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), y el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Contratación y Festejos, Echedey Eugenio (CC), por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de la primera edición de Navilan, la primera Feria de Navidad de Arrecife, celebrada entre 2023 y 2024, el Carnaval de Arrecife de 2024 y la Feria de Abril de 2024.
En un escrito dirigido al Juzgado, el Ministerio Público ha asegurado que "existen indicios racionales" de que las irregularidades detectadas en la contratación de eventos en Arrecife no serían "episodios aislados" sino "una forma reiterada de actuar". Al tiempo en que resalta que se podría haber incurrido en delitos penales contra la Administración Pública.
Entre ellos, baraja la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa, otro de fraude a la Administración, un delito de malversación de caudales públicos y la posibilidad de ampliarlo a otros delitos que puedan detectarse durante la instrucción judicial.
Fraccionamiento de contratos para un único evento, según la UDEF
Esta decisión se toma apoyándose en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), fechado en el 30 de junio de 2026, que analiza únicamente el caso de la celebración de Navilan 2023-2024 por "el volumen de documentación recibida" e identifica indicios de una "utilización intensiva" de los contratos menores, el posible fraccionamiento de contratos, la contratación de prestaciones vinculadas que se realizaron en expedientes separados, los reparos de Intervención y su levantamiento y la utilización de informes de discrepancia. También alerta de la "reiteración de determinados adjudicatarios".
La UDEF expone que la ejecución de la primera edición de Navilán se apoyó en "una pluralidad de contratos menores" y "expedientes diferenciados" que podría ir contra la ley de contratos del sector público, al tratarse de un único evento.
Además, otorga "especial revelancia" a los contratos menores donde se solicitó formalmente presupuesto a tres empresas, con plazos "extraordinariamente reducidos" y se terminó adjudicando finalmente a la única empresa que presentaba la oferta. Así, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía añade que "la reiteración sistemática" de este "patrón" en "numerosos expedientes" supone "un indicio relevante" de que esta concurrencia correspondía únicamente a dar "una mera apariencia formal".
El caso de Billy Capers
La Fiscalía, en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción, expone que los informes incorporados al evento Billy Capers, celebrado en septiembre de 2025, muestran indicios de que presuntamente se celebró "sin que llegara a perfeccionarse válidamente contrato administrativo alguno" que otorgara "cobertura jurídica suficiente" al evento.
En este sentido, resalta que la Intervención municipal alertó de que era improcedente reconocer obligaciones económicas de actuaciones que no se hubieran otorgado siguiendo el procedimiento legal pertinente.
Una denuncia del abogado Octavio Topham
La apertura de la investigación preprocesal en el Ministerio Fiscal comenzó con la denuncia del abogado Octavio Topham Camejo el 13 de agosto de 2025, hace casi un año. El letrado expuso las presuntas irregularidades detectadas en la contratación de estos eventos.
En su denuncia, Topham expuso la presunta utilización abusiva del contrato menor, así como el posible fraccionamiento artificial de contratos, contrataciones realizadas sin planificación previa o la formulación de reparo y el levantamiento de reparos por parte de los órganos políticos. También señalaba la presunta omisión de los principios de publicidad, concurrencia y transparencias exigidos en la contratación pública.
Tras dicha denuncia, el Ministerio Público requirió diversa documentación al Ayuntamiento de Arrecife, además de informes a la Intervención Municipal y la Secretaría General. También tomó declaración de funcionarios municipales, de la interventora de Arrecife, del secretario general y del denunciante.
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