La Fiscalía ha presentado una querella contra varios empleados públicos del Ayuntamiento de Arrecife por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación al detectar posibles irregularidades en la anulación de expedientes sancionadores derivados de multas de tráfico interpuestas en el municipio.
Según han confirmado fuentes de la Fiscalía de Las Palmas a La Voz, la querella aún no se habría repartido.
La investigación abierta por la Fiscalía surgió después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Arrecife pusieran en su conocimiento las presuntas irregularidades halladas en el levantamiento de más de 2.000 multas de tráfico en la capital.
La presunta comisión de estos delitos habría generado un agujero en las arcas públicas de casi 600.000 euros, según ha confirmado el propio alcalde de Arrecife, Yonathan de León.
Un policía local jubilado, entre los querellados
Según, ha informado EFE los siete querellados por el fiscal son Á.B.C., A.G.D., I.B.Q., J.N.P., M.V.C.F., Y.L.G.V. y F.G.R.R., este último ya jubilado, que perteneció a la plantilla de la Policía Local.
La investigación abierta por la Fiscalía surgió después de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Arrecife pusieran en su conocimiento las presuntas irregularidades halladas en el levantamiento de más de 2.000 multas de tráfico en la capital.
La presunta comisión de estos delitos habría generado un agujero en las arcas públicas de casi 600.000 euros, según ha confirmado el propio alcalde de Arrecife, Yonathan de León.
Siempre según el alcalde de Arrecife, los expedientes corresponden a diferentes mandatos políticos, con multas anuladas desde el año 2016 hasta la actualidad.
De León aseguró que tuvo conocimiento en septiembre de 2025 que desde el Ayuntamiento capitalino se habrían estado eliminando sanciones de tráfico de forma presuntamente irregular. Tras recibir esta información, solicitó informes de la Policía Local, del área de Infracciones y también de la empresa adjudicataria del servicio de multas. Con las conclusiones y el aval de los servicios jurídicos municipales acudió a la Fiscalía.
Según señala Efe, en numerosos casos, no hay soporte documental que justifique anular esas sanciones, ya que hace falta tramitar un procedimiento administrativo que incluya una resolución expresa dictada por la Alcaldía.
En muchos casos, según la Fiscalía, para anular la multa se utiliza la expresión "por orden directa del alcalde", por lo que De León deberá declarar como testigo "a fin de esclarecer esta circunstancia"
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