Comenzará este martes en Gran Canaria el juicio contra tres acusados de apropiarse de 141 fincas rústicas en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Esta causa, que será juzgada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, debía juzgarse el 18 de marzo de 2025, pero finalmente no ocurrió y llega ante el tribunal un año y siete meses después.
La Fiscalía acusa a J.O.M., S.R.M.M., y J.M.C.F. de presuntamente ponerse de acuerdo junto a los fallecidos G.A.G.G.R. y R.M.M. para buscar fincas rústicas en las tres islas y "realizar cambios ilícitos en sus inscripciones de titularidad catastral".
El Ministerio público asegura que S.R.M.M. y los dos fallecidos presuntamente "buscaban, entre sus conocidos, datos sobre bienes inmuebles", los localizaban y hallaban su titularidad. Además, acusa a J.M.C.F. de utilizar la gestoría de la que era dueño, para trasladar la información a la que tenía acceso.
Cambio de titulares en Catastro
Una vez localizadas las fincas, el Ministerio resalta que S.R.M.M. y los dos fallecidos supuestamente "fabricaban ilícitamente documentación privada de contratos de compraventa", que luego presentaban en el Catastro de Las Palmas, donde trabajaba como funcionario otro de los acusados, J.O.M.
La Fiscalía resalta que con "la alteración de la titularidad" de las fincas los acusados presuntamente obtuvieron beneficios económicos y luego compraron vehículos, objetos de lujo o bienes inmuebles con ese dinero. Todo ello, "dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido de forma ilícita".
El Ministerio Público considera que para llevar a cabo estos delitos hizo falta de la intervención de todos los acusados. Por ejemplo, J.O.M. presuntamente alteraba las titularidades catastrales de las fincas haciendo uso de su puesto como funcionario público, saltándose normas del procedimiento y tramitándolas en "tiempo exprés".
Más de 141 expedientes modificados
Según el escrito de la Fiscalía, de los 141 expedientes modificados, en la inmensa mayoría (137) no se le dio audiencia a los interesados, evitando que pudieran presentar alegaciones; en la práctica totalidad (139) tampoco se les notificó la alteración catastral, evitando que pudieran recurrir; en la mayor parte (131) no se selló la entrada de los documentos; en ninguno de ellos se notificó a las parcelas colindantes de esta modificación. Asimismo, la mayoría de los expedientes se tramitaron entre 24 horas y dieciséis días, "sin tiempo para alegaciones".
El Ministerio señala que el acusado J.M.C.F., como propietario de una gestoría en Las Palmas de Gran Canaria, presuntamente utilizaba la información a la que tenía acceso para dar forma a la documentación que luego le entregaba al fallecido R.M.M.
Finalmente, califica estos hechos como un delito continuado de falsedad en documento público, otro de estafa, un tercer delito de blanqueamiento de capitales y un cuarto de pertenencia a grupo criminal.
A J.O.M., funcionario de Catastro, la Fiscalía le acusa de un delito continuado de falsificación en documento público y señala a S.R.M.M. como cooperador necesario y a J.M.C.F. como cómplice.
Mientras tanto, expone a S.R.M.M. como responsable de un delito de estafa; a los tres acusados de un delito de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.
Penas de prisión
El Ministerio Fiscal pide para J.O.M. un total de 13 años de prisión por los delitos de falsificación en documento público con prevaricación, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Además de dos multas de 8.640 euros y 4.000 euros, inhabilitación especial para empleo, cargo público y/o trabajar como funcionario de Catastro por seis años, inhabilitación para el ejercicio de su profesión por tiempo de tres años e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Para el acusado S.R.M.M. pide un total de 17 años de prisión por los delitos continuado de falsificación en documento público con prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Con multas por valor de 12.640 euros, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años, inhabilitación para ejercer su profesión durante tres años e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además deberá indemnizar a E.R.R. con 19.000 euros.
Para el último acusado, J.M.C.F. pide nueve años y once meses de cárcel por el delito continuado de falsificación en documento público y pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Además, de dos penas de multas de 6.148 euros por blanqueo de capitales e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y once meses.
Finalmente, la Fiscalía pide a los acusados que paguen las costas judiciales y que se declare la nulidad de los cambios de titulares para que se adecuen a la realidad registral del catastro.
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