El senador no electo de la Comunidad Autónoma de Canarias Pedro San Ginés (Coalición Canaria) se ha sentado en la mañana de este jueves en el banquillo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acusado por la Fiscalía y la acusación particular de los delitos de falso testimonio y denuncia falsa.
En su informe, el fiscal ha pedido distinguir entre la mentira y el error, porque, a su juicio, aquí San Ginés actuó con "manifiesto desprecio a la verdad" y lo hizo "de forma consciente y con voluntad", tanto en sus declaración policial como judicial, porque el auto de archivo dejó claro que "no había indicio alguno" de delito ya que "las obras eran necesarias y las facturas correctas".
La acusación particular, que representa a la familia del empresario, ha destacado que el senador se guió por "intereses espurios y personales" para "perjudicar torticeramente a un rival político" e implicó al empresario con datos que "falseó".
San Ginés se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año y medio de prisión por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa e inhabilitación especial para ejercer el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La defensa de San Ginés insiste en acusar a Antonio González
Por su parte, la defensa ha pedido la absolución porque el senador actuó "en la certeza de que estaba diciendo la verdad" y no aportó datos falsos, al tiempo que ha subrayado que "un auto de archivo no lleva aparejado que lo que se haya denunciado es falso".
Por su parte, el senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), ha negado haber presentado una acusación falsa y cometido falso testimonio cuando denunció a un empresario y a un consejero del PSOE por irregularidades en contrataciones públicas: "No falté a la verdad, lo hice convencido".
El procedimiento se inició por la denuncia de la familia del empresario Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en un proceso público de contratación con los Centros de Artes, Cultura y Turismo (CACT) del Cabildo de Lanzarote, en un caso que terminó archivado diez años después. González falleció sin haber visto archivado de forma definitiva el caso en su contra.
San Ginés compareció en la noche del miércoles 11 de noviembre de 2009 ante la Guardia Civil, pocos días después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, para denunciar que González y el que fuera consejero delegado de los CACT, Carlos Espino (PSOE), se estaban saltando todos los procedimientos en la adjudicación de los contratos, señalando que el empresario era afiliado al PSOE. Antes de esa denuncia, Carlos Espino había destapado la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Canarias, el caso Unión.
"No falté a la verdad, lo hice convencido, he cumplido en todo momento con mi deber de control y buen uso de los fondos públicos", ha señalado el senador, que ha subrayado que mantiene su "firme creencia" de que se produjeron irregularidades en el ente público, a pesar de que la causa fue archivada.
San Ginés, que ha achacado esta causa a la "represalia" de Espino por no conformarse con el archivo del procedimiento, ha explicado que intervino al percatarse de "sobreprecios", porque había más de 300.000 euros de Climafrical "que no tenían cobertura contractual", y de que se habían saltado de manera sistemática los procedimientos.
Carlos Espino acusa a San Ginés de querer expulsarle de la política
Por el contrario, Espino ha acusado a San Ginés de presentar una denuncia falsa para acabar con su carrera política. "El único objetivo era invalidarme y destrozarme políticamente" porque "todos los procedimientos se hicieron de acuerdo a la legalidad" y el senador "sabía que no se había cometido ningún delito", porque "tenía acceso a toda esa documentación, tenía conocimiento cierto".
Además, ha dicho que "no hubo ningún trato de favor" hacia González y que "en absoluto" se contrató a su empresa por su cercanía al PSOE, dejando claro que este ya había trabajado para la administración y que ahora presentaba la oferta más barata.
Los hijos del empresario han lamentado el daño y las "terribles consecuencias" que sufrió su padre tras la denuncia de Sanginés, dado que "nadie más quiso contratar con él" acusándole de "ladrón", hasta el punto de que le llevó a la quiebra y tuvo que cerrar la empresa.
Su padre se enteró del archivo del caso cuando estaba en el hospital y con este procedimiento, han añadido, "buscan honrar su memoria".