El exconsejero Sergio Machín afronta este lunes el juicio por el caso "Fitonovo"

La Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por cobrar sobornos por obras del Cabildo

Un comercial de Fitonovo confesó que Sergio Machín le exigía sobornos para el partido
Un comercial de Fitonovo confesó que Sergio Machín le exigía sobornos para el partido

El exconsejero del Cabildo, Sergio Machín se sentara este lunes en el banquillo de los acusados para afrontar el primer juicio del caso "Fitonovo" o "Madeja".  Será la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quien empezará a juzgar este caso de corrupción, una infraestructura conformada en torno a la empresa Fitonovo para la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos, actuación que se prolongó durante más de 15 años en diferentes territorios.

La Fiscalía acusa en esta primera pieza que se va a juzgar al apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo de la Torre; el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín; el ingeniero del Cabildo de Las Palmas José Ulises Pérez González; el jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro; el secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen; José Francisco Cazorla, funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía; y el jefe del Servicio de Carreteras de esta última consejería José María López Torrego.

El escrito de acusación también se dirige contra directivos de otras empresas que también resultaron adjudicatarias de contratos públicos en Canarias y también habrían pagado dádivas: se trata de Rubén Coba (Api Movilidad); Gustavo Adolfo Gómez Jiménez (Elsamex). El Ministerio Público solicita condenas para los acusados de entre tres y cinco años de prisión por delitos de cohecho y prevaricación.

Según la Fiscalía, la sociedad Fitonovo realizó una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos. Así, su dirección creó una "infraestructura tanto operativa como contable" para obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban dicha contratación y creando una "contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa  para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos". Al mismo tiempo, continúa el escrito, creó una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se acaparó contratos públicos usando medios ilícitos, causando grave daño al interés público, ya que "pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas".

 

Petición de 4 años de cárcel y diez años de inhabilitación para Sergio Machín

Cuatro años de cárcel, diez años de inhabilitación, una multa de 6.000 euros y la devolución de los 24.000 euros que presuntamente recibió en sobornos. ​Eso es lo que pide la Fiscalía para el exconsejero del Cabildo Sergio Machín, que fue detenido en noviembre de 2014 dentro de una causa contra la corrupción a nivel nacional, que ya está ya a punto de ir a juicio. Machín, que antes había sido consejero del PIL, era en el momento de su arresto portavoz de Coalición Canaria en la Corporación insular, y después de quedar en libertad con cargos siguió ocupando ese puesto hasta el final del mandato.

La detención de Sergio Machín se produjo por orden de la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, pero la causa pasó después a la Audiencia Nacional, que es quien ha ordenado ya la apertura de juicio oral dentro de esta pieza del caso Fitonovo, que sentará en el banquillo a Sergio Machín y a otras ocho personas. La Voz ha tenido acceso ahora tanto a ese auto como al escrito de acusación del Ministerio Público, que pide que el ex consejero sea condenado por un delito continuado de cohecho, por recibir sobornos a cambio de la adjudicación de obras del Cabildo. 

Además, el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 32.000 euros al ex consejero lanzaroteño, para asegurar las cantidades de las que tendría que responder tanto en concepto de multa como de devolución de las ganancias del delito en caso de condena.

 

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