El primer juicio del caso Montecarlo ya tiene fecha. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas será la encargada de juzgar la primera pieza que se cerró dentro de esta causa, que se centra en los presuntos delitos cometidos desde el Ayuntamiento de San Bartolomé. El juicio comenzará el próximo 18 de septiembre y durará tres jornadas, hasta el 20 de septiembre, sentando en el banquillo a cinco personas. El sexto imputado en la causa, Cándido Reguera, que fue concejal de Hacienda en San Bartolomé, falleció durante la instrucción.
Los otros cinco acusados que irán a juicio son el ex alcalde de Coalición Canaria Miguel Martín; el ex concejal del PP Javier Betancort, que ocupó el área de Hacienda después de Reguera; el ex interventor Carlos Sáenz; el tesorero Luis Manuel Rodríguez y el empresario José Vicente Montesinos. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 5 y 12 años de cárcel, por la presunta malversación de 470.000 euros en el Ayuntamiento de San Bartolomé, tanto con pagos por servicios no prestados como por los honorarios "excesivos" que cobró el interventor, Carlos Sáenz, por su trabajo en este municipio.
Sáenz, que actualmente está en prisión por otra condena en el caso Unión, está imputado en todas las piezas de Montecarlo, el resto centradas en el Ayuntamiento de Arrecife, donde también fue interventor y donde también coincidió con Reguera, en este caso como alcalde, en un periodo por el que también estaba imputado. Los otros nombres que se repiten en más de una pieza de Montecarlo son los del empresario José Vicente Montesinos y el de Javier Betancort, que también está acusado en una de las piezas de Arrecife, en este caso por servicios que supuestamente prestó para el Ayuntamiento a través de una de las empresas de Montesinos.
Hasta 12 años de cárcel, multas y devolución de lo sustraído
En su escrito de acusación, presentado hace más de dos años, la Fiscalía pide la mayor pena para Carlos Sáenz, para quien solicita 12 años de cárcel por presuntos delitos continuados de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad de documento público. Además, pide que sea inhabilitado durante 22 años y que pague una multa de 260.000 euros. Casi la misma pena reclama para el empresario José Vicente Montesinos, que reconoció haber entregado sobornos al interventor a cambio de que autorizara el pago de sus facturas. En total, Montesinos se enfrenta a una petición de 11 años y 11 meses de cárcel, así como a una multa de 206.000 euros.
En cuanto a los otros tres acusados, el fiscal considera que son responsables de un delito de malversación y otro de prevaricación. Para el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez, pide 5 años y 10 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante diez años. Por último, tanto para el ex alcalde, Miguel Martín, como para el que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, reclama 5 años y 9 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta. Además, la Fiscalía pide que todos ellos devuelvan de forma solidaria los 470.000 euros "sustraídos" del Consistorio, cada uno en la parte proporcional que presuntamente contribuyó a malversar.
"Ideó la forma de expoliar fondos públicos"
El escrito de acusación presentado en enero de 2016 está firmado por Ignacio Stampa, que fue quien inició esta causa, aunque en el juicio tendrá que ser relevado por otro fiscal, ya que actualmente Stampa ejerce en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y no está previsto que se desplace para esta vista.
En ese escrito de acusación, de casi 40 folios, la Fiscalía concluye que desde que tomó posesión como interventor en San Bartolomé en julio de 2001, Carlos Sáenz "ideó la forma de expoliar arbitrariamente los fondos públicos municipales puestos a su disposición". Para ello, utilizó "la posición privilegiada que como interventor de fondos ostentaba en dicha Corporación, llevando a cabo sin solución de continuidad hasta su detención por orden judicial el día 22 de mayo de 2012, múltiples actuaciones tendentes a lograr cuantiosas cantidades de dinero, para sí y para terceros".
Por un lado, según la Fiscalía, el interventor se "concertó" con los otros cuatro acusados para llevar a cabo el "abono injustificado de elevadas cantidades de dinero público a empresas vinculadas a José Vicente Montesinos". El fiscal sostiene que todos los acusados participaron "de común acuerdo, prevaliéndose de las funciones públicas que cada uno de ellos ostentaba". Así, intentaron dar "apariencia de legalidad" a esos pagos, adjudicando contratos de forma presuntamente "fraudulenta" a las empresas de Montesinos. Según esos contratos, el empresario iba a realizar supuestos servicios de asesoramiento relacionados con el cobro de tributos municipales. Después, simularon "una ficticia prestación" de esos servicios, para justificar el pago de las facturas.
Sáenz también autorizó pagos indebidos para sí mismo
Por otro lado, el fiscal sostiene que Sáenz también llevó a cabo otras "actividades delictivas" actuando solo, "al adjudicarse directa y fraudulentamente cantidades indebidas en concepto de retribuciones propias por el ejercicio de su cargo". Carlos Saénz ejercía como interventor de San Bartolomé por acumulación de funciones, ya que tenía su plaza principal en Arrecife. Esto supone que en San Bartolomé podía cobrar como máximo el 30 por ciento de su sueldo en el Ayuntamiento capitalino. Así, dado que de Arrecife recibía de media unos 80.000 euros anuales, sus retribuciones en San Bartolomé deberían haberse situado en unos 24.000 euros.
Sin embargo, la mayoría de los años se otorgó pagos a sí mismo por valor de más de 30.000 e, incluso, de casi 40.000 uno de los años. Según el fiscal, desde su toma de posesión Sáenz "ordenó al personal del departamento sujeto a sus directrices que nunca se emitiera nómina alguna referida a él". Así, en lugar de cobrar una nómina como trabajador del Ayuntamiento, cobraba sus remuneraciones a través de mandamientos de pago emitidos a su favor, "como si se tratara de un servicio externo de consultoría y asistencia que prestara a la Corporación Municipal". Y según la Fiscalía, de este modo "incrementaba fraudulentamente el importe de las retribuciones que le correspondían legalmente, prevaliéndose de que le competía a él mismo fiscalizar y autorizar el abono de esos gastos".
Durante los años que se investigan, Sáenz llegó a recibir unos ingresos anuales de hasta 120.000 euros solo por su trabajo en Arrecife y en San Bartolomé. Además, a esa cifra hay que sumar lo que recibía de otros consistorios donde ejercía como interventor acumulado, como el Ayuntamiento de Teguise o, durante un periodo, el consistorio majorero de La Oliva. Su intervención en ese municipio de la isla vecina también fue investigada en otra pieza que se separó del caso Montecarlo y que está pendiente de juicio.
