El juicio principal del caso Stratvs no comenzará finalmente hasta 2020. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha accedido a suspender las fechas que había fijado el pasado mes de marzo, aceptando así las "alegaciones efectuadas por las partes". De esta forma, retrasa cuatro meses el inicio de la vista, que debía haber comenzado en septiembre pero que, según el nuevo calendario, arrancará en enero del próximo año.
El abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, fue uno de los que solicitó este aplazamiento, alegando que las fechas señaladas inicialmente le coincidían con otros juicios. El letrado, que asumió hace cuatro años la defensa de Rosa tanto en el caso Unión como en el caso Stratvs, representa también a varios acusados en los principales casos de corrupción abiertos en España e incluso defendió al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, aunque en este caso terminó renunciando porque Correa tenía las cuentas embargadas y no pudo pagarle 120.000 euros de su minuta.
Las nuevas fechas fijadas por la Audiencia establecen que el juicio comenzará en Arrecife el 21 de enero de 2020 y terminará el 27 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, ya que la Sala solo se desplazará a la isla para una parte del juicio, que durará en total 22 jornadas.
Petición de 15 años de cárcel para Rosa por una decena de delitos
El escrito de acusación de la Fiscalía se presentó hace más de cuatro años, en marzo de 2015, y él se piden 15 años de cárcel para Juan Francisco Rosa por delitos contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de estafa, de falsedad documental y de usurpación, que son los principales que se investigaron en esta causa. Cabe recordar que hasta ahora solo se ha juzgado una pequeña parte del procedimiento, que se separó por el aforamiento de la parlamentaria regional y ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y que se centraba únicamente en la concesión de la licencia de actividad a la bodega.
En esa pieza fueron condenadas ocho personas incluyendo a Acuña, que tuvo que dejar la Alcaldía al haber sido inhabilitada para ocupar un cargo municipal. Sin embargo, ahora pretende presentarse tanto al Cabildo con Lanzarote Avanza como al Parlamento en la lista de Coalición Canaria, aunque la última sentencia del Tribunal Supremo sobre un caso similar, el del político majorero Domingo González Arroyo, ha sembrado dudas sobre si realmente podrá concurrir a las elecciones.
En este segundo juicio que arrancará en enero, junto a Rosa se sentará en el banquillo otra decena de acusados, entre los que se incluyen el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, y cargos públicos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias. En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental "no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños".
El empresario ni siquiera era dueño del terreno
Tal como puso de relieve la instrucción de esta causa, Juan Francisco Rosa pidió licencia para restaurar una vivienda protegida y para construir un almacén-bodega de 900 metros y lo que hizo fue derribar la casa y construir una nueva más grande, levantando a su alrededor un macrocomplejo de 12.000 metros cuadrados en suelo protegido. Así, además de una bodega de grandes dimensiones construyó también una tienda, un restaurante, cocinas, muros y distintas terrazas que no tenían ningún tipo de cobertura legal y donde realizaba todo tipo de eventos pese a carecer de licencia y con la pasividad de las administraciones, hasta que la juez que instruía esta causa, Silvia Muñoz, ordenó el precinto.
Además, la Fiscalía sostiene que incluso la primera licencia que obtuvo, y que nada tenía que ver con lo que terminó construyendo, también era ilegal, a lo que se suma que el suelo donde levantó Stratvs ni siquiera era suyo. De hecho fue hace solo unos meses, ante la proximidad del juicio, cuando Rosa compró los terrenos a las familias que estaban personadas en la causa como perjudicadas, y que se retiraron así del procedimiento.
Un "grave riesgo" para La Geria y para la salud de las personas
En cuanto a los delitos contra el medio ambiente, la Fiscalía sostiene que "se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso este último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria".
A esto se suma además la emisión de vertidos contaminantes, ya que hay informes desde el año 2006 que advertían de que las instalaciones "no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales". Según la Fiscalía, esto provocó un "grave riesgo" para el equilibrio del Espacio Protegido e incluso para la salud de las personas, a la vista de los parámetros de contaminación que arrojan los vertidos procedentes de las instalaciones".
En su escrito de acusación, además de penas de cárcel e importantes multas económicas, la Fiscalía también reclama la demolición del macrocomplejo Stratvs, la clausura definitiva de la actividad, y la nulidad de todas las licencias y permisos que se concedieron, así como de las escrituras públicas e inscripciones registrales practicadas con relación al complejo Stratvs.
