El juicio del caso Stratvs, que se tuvo que suspender cuando se decretó el estado de alarma, ya tiene fecha para continuar. Será el próximo 20 de julio cuando se retome la vista oral, con la declaración de los peritos que tenían que haber comparecido el pasado 17 de marzo.
Para ese día, ya se ha acordado citar a Pilar Gómez, Pedro Fraile, Ana Isabel Díaz, Vicente Bencomo, María Sol Orgaz, Miriam Bautista y Andrés Curbelo. Además, la vista de esa jornada se celebrará en Lanzarote, tal como estaba previsto inicialmente, por lo que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial volverá a desplazarse a la isla.
Al día siguiente hay programada una nueva jornada del juicio en Lanzarote, con las declaraciones de Antonio Fernández, Delia López, José Luis Ferrera, Antonio Merino, Ángel García Puertas, Miguel Caballero, Leandro Caraballo y Carlos Soler.
En cuanto a las otras tres sesiones que quedaban pendientes, y que se habían programado en Gran Canaria, hasta este martes no se había fijado una nueva fecha, aunque podrían celebrarse también antes de terminar el mes de julio. Después, solo quedarían ya pendientes las conclusiones, para lo que estaba previsto destinar otras tres jornadas. De cara a esas conclusiones, las defensas de algunos acusados han solicitado que se presenten por escrito, pero la Sala no ha estimado hasta el momento esa petición.
Diez acusados en el banquillo
El juicio del caso Stratvs comenzó el pasado mes de enero y estaba previsto que terminara el 3 de abril, pero en marzo tuvo que suspenderse por la crisis del Covid-19, que paralizó casi toda la actividad judicial. Ahora, una vez que se ha retomado, se están fijando nuevos calendarios para todos los procedimientos que quedaron suspendidos, y uno de los primeros en programarse ha sido el del caso Stratvs.
Junto a Juan Francisco Rosa, en este juicio se sientan en el banquillo otros nueve acusados, que se suman a los que ya fueron juzgados en otra pieza de la causa, en la que fueron condenados entre otros la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña.
Ahora, en esta pieza principal, la Fiscalía pide para Rosa 15 años de cárcel, mientras que la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística eleva la petición a cerca de 20 años. La Fiscalía solicita la segunda mayor pena, de 10 años de prisión, para el arquitecto de Stratvs y dueño de una parte de los terrenos, Miguel Ángel Armas Matallana.
Además, también están acusados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes; el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez; el aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco; el encargado del Catastro, Blas Noda; el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín; y tres personas que han ocupado cargos técnicos o políticos en el Gobierno de Canarias: Faustino García Márquez, Armando Villavencio y Juan César Muñoz Sosa.
"No pusieron traba alguna a sus desmanes urbanísticos y especulativos"
En su escrito de acusación, que se presentó hace cinco años, la Fiscalía señala que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental "no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños".
Tal como puso de relieve la instrucción de esta causa, Juan Francisco Rosa pidió licencia para restaurar una vivienda protegida y para construir un almacén-bodega de 900 metros y lo que hizo fue derribar la casa y construir una nueva más grande, levantando a su alrededor un macrocomplejo de 12.000 metros cuadrados en suelo protegido. Así, además de una bodega de grandes dimensiones construyó también una tienda, un restaurante, cocinas, muros y distintas terrazas que no tenían ningún tipo de cobertura legal y donde realizaba todo tipo de eventos pese a carecer de licencia y con la pasividad de las administraciones, hasta que la juez que instruyó esta causa, Silvia Muñoz, ordenó el precinto.
Además, la Fiscalía sostiene que incluso la primera licencia que obtuvo, y que nada tenía que ver con lo que terminó construyendo, también era ilegal, a lo que se suma que el suelo donde levantó Stratvs ni siquiera era suyo. De hecho, fue ante la proximidad del juicio cuando Rosa compró los terrenos a las familias que estaban personadas en la causa como perjudicadas, consiguiendo así que se retiraran del procedimiento y que dejaran de ejercer la acusación particular.
A esto se suman también los presuntos vertidos contaminantes que emitía la bodega, por los que Rosa se enfrenta también a una acusación por delitos contra el medio ambiente, entre otra larga lista de cargos por la "ficción continua y premeditada" que según la juez instructora supuso la construcción de esta bodega.
