El primer juicio que sentará en el banquillo al todavía presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, está cada vez más cerca de celebrarse, al haberse cumplido ya el último trámite con la presentación del escrito de defensa. Ese escrito había sido requerido por el juez instructor, que el pasado 20 de mayo dio diez días a San Ginés para que lo entregara.
Ahora, solo faltan los de los otros dos acusados en esta causa, el que era secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, y el del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. Los tres deberán responder por presuntos delitos de prevaricación con la desaladora de Montaña Roja, que incautaron de forma ilegal a Club Lanzarote para entregársela a Canal Gestión.
No obstante, pese a haber presentado ya su escrito de defensa para el juicio, Pedro San Ginés aún sigue intentando retrasar ese momento. Para ello, después de haber visto rechazados todos los recursos que presentó ante el propio Juzgado y ante la Audiencia Provincial -que le reprochó incluso que realizara impugnaciones "sin ninguna fundamentación-, se ha dirigido ahora al Tribunal Constitucional. Además, en el mismo escrito de defensa pide al Juzgado que "suspenda" la tramitación de la causa hasta que el Constitucional se pronuncie sobre si admite o no a trámite esa "demanda de amparo".
Invoca otra supuesta causa de nulidad
Con esta nueva vía extraordinaria, San Ginés sostiene que todos los órganos judiciales que se han pronunciado hasta ahora han lesionado su "derecho al juicio debido", al no estimar sus intentos de que se apartara de la causa a la acusación popular, ejercida por los todavía consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez.
Además, no solo insiste en que esa acusación es "extemporánea" ?pese a que tanto el juez instructor como distintas secciones de la Audiencia le han respondido que el escrito de calificación se presentó dentro del plazo establecido por el magistrado-, sino que también ha añadido ahora una nueva y supuesta "causa de nulidad radical".
Para ello, se aferra a que quien se personó en la causa fue "la formación política Podemos" y alega que el partido "no ha formulado ninguna acusación", ya que quienes aparecen en el encabezamiento del escrito de acusación como "personas físicas" son los todavía consejeros Carlos Meca y Pablo Ramírez. Sin embargo, lo cierto es que así ha sido desde que se personaron en el procedimiento. De hecho, en todos los autos y resoluciones dictadas por el juez instructor y por la Audiencia han venido apareciendo ellos como acusación, y ahora continuarán ejerciéndola aunque no formen parte de la próxima Corporación insular.
El papel de la Fiscalía
La defensa de San Ginés ha tenido acceso a todas las resoluciones judiciales donde la acusación popular ya aparecía de esta misma forma, pero es ahora cuando lo ha planteado para alegar esta nueva supuesta causa de nulidad. Además, a esto suma los mismos argumentos que ya lleva meses sosteniendo sin éxito para intentar apartar de la causa a esta acusación, que es la que le llevará a juicio.
Hasta después de cerrarse la instrucción, la Fiscalía veía indicios de delito e incluso pidió que se rechazaran los recursos de todos los imputados contra el auto que inició el trámite para llevar la causa a juicio, pero después anunció que no formularía acusación. Y lo hizo después de que el polémico juez Salvador Alba dictara un auto desimputando al que era el cuarto investigado en la causa, Ignacio Calatayud.
En su escrito anunciando esta decisión, la fiscal señaló que "ante la imposibilidad de formular acusación" contra este letrado, al que el resto de acusados señalaban como el "ideólogo" de la incautación, tampoco podía hacerlo contra los demás. No obstante, después ha seguido respaldando todos los pasos del juez instructor y se ha opuesto a los recursos de San Ginés, defendiendo así que la causa llegue a juicio con la acusación popular, que pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los tres acusados.
En cuanto al Tribunal Constitucional, de momento ni siquiera ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa de San Ginés. Hasta ahora, lo que ha hecho es requerir a la defensa de San Ginés para que aporte documentos que no remitió con su recurso, como el auto por el que se ordenó la apertura de juicio oral contra él y otras resoluciones judiciales rechazando sus anteriores recursos. No obstante, al margen de lo que ocurra con esta vía extraordinaria a la que ha recurrido San Ginés, será el juez instructor quien decida si accede o no a suspender el procedimiento hasta que se pronuncie este Tribunal.
