El magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, ya se encuentra oficialmente apartado de forma cautelar de la carrera judicial, después de que el Consejo General del Poder Judicial le notificase el pasado miércoles 12 de septiembre su suspensión "por vía policial".
Hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 19 de julio la suspensión cautelar de Alba tras abrirse contra él juicio oral por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones pohibidas a funcionarios.
La acusación contra Salvador Alba está relacionada con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a su compañera la magistrada Victoria Rosell, en aquella fecha candidata al Congreso por Podemos, prometiendo a Ramírez supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste, a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell, hechos por los que el Ministerio Fiscal solicita un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación para el juez.
"A día de hoy, el magistrado ya se encuentra oficialmente apartado cautelarmente de la carrera judicial a todos los efectos, al menos hasta que se cierre en firme el proceso penal en curso", se ha informado desde el Consejo General del Poder Judicial, desde donde han señalado que la notificación ya ha sido comunicada a la Audiencia Provincial de Las Palmas donde trabajaba y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Debía juzgar el caso Stratvs y algunas de las piezas principales de Unión
En el caso de Lanzarote, Alba es quien debía juzgar las principales causas de corrupción que siguen pendientes de juicio en la isla, entre ellas algunas de las piezas principales del caso Unión, así como la pieza central del caso Stratvs, no sólo como uno de los tres miembros de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que presidirá esos juicios, sino también como ponente de algunas de esas sentencias.
En el caso Stratvs, el magistrado ya tuvo una controvertida intervención hace algo más de un año, cuando estimó un recurso del empresario Juan Francisco Rosa y levantó la medida cautelar de cierre de la bodega, que había sido ordenada por la juez instructora. En aquel momento, el contenido de su auto llevó a la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, a pedir que fueran recusados en esta causa tanto él como sus compañeros de Sala.
