Más de dos años y medio después de que se cerrara la instrucción y de que la Fiscalía presentara el escrito de acusación, el Juzgado de Instrucción Número 4 ha ordenado la apertura de juicio oral sobre otra de las piezas del caso Montecarlo, centrada en el Ayuntamiento de Arrecife, que sentará en el banquillo al ex interventor, Carlos Sáenz, al empresario José Vicente Montesinos, al ex edil de San Bartolomé y actual gerente del grupo de medios Lancelot, Javier Betancort, y al abogado Federico Toledo.
En total, la Fiscalía considera que defraudaron 310.000 euros al Consistorio de Arrecife con el pago de facturas por servicios no prestados y pide en esta pieza 15 años y medio de prisión para Carlos Sáenz y Montesinos por delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales; 5 años y 10 meses de prisión para Javier Betancort por malversación, prevaricación y falsedad documental y cuatro años y diez meses para Federico Toledo, en su caso por deslealtad profesional y como cooperador necesario del delito de malversación.
El auto ordenando la apertura de juicio oral, fechado el pasado 11 de noviembre, vuelve a fijar fianzas también para los acusados, reclamando que Carlos Sáenz y Montesinos depositen 413.000 euros cada uno. En cuanto a Javier Betancort, le exige una fianza de 381.942 euros, mientras que a Federico Toledo le reclama 89.376 euros, para responder de las cantidades que podrían tener que abonar cada uno en caso de condena, tanto en concepto de multa como para devolver al Ayuntamiento de Arrecife el dinero malversado.
Otro juicio pendiente para tres de los acusados
Cabe recordar que el caso Montecarlo tenía otra pieza en Fuerteventura que ya ha sido juzgada y condenada -con la confesión además de Carlos Sáenz-, y una más en San Bartolomé que ya tiene fecha de juicio, y en la que también están acusados Saénz, Montesinos y Betancort. Además, hay otras tres piezas relacionadas con el Consistorio de Arrecife y lo que se ha ordenado ahora es la apertura de juicio oral sobre la primera de ellas.
En esta nueva pieza que irá a juicio se investigaron pagos realizados a tres empresas vinculadas a Montesinos y a Javier Betancort, Gestecal, Progestril y Recingest, por supuestas labores de asesoramiento y de elaboración de pliegos, que según la instrucción realmente no se realizaron. De hecho, la quinta persona que estaba imputada en la causa y que falleció durante la instrucción, el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, llegó a confesar que el trabajo nunca se realizó.
"He pagado por servicios no prestados porque no vi los pliegos", reconoció Rodríguez en su confesión, en la que explicó que aunque las empresas estaban a nombre de Montesinos, quien realmente las "llevaba" era Javier Betancort, que era también quien iba a realizar los supuestos pliegos para el Ayuntamiento de Arrecife.
La relación entre Montesinos y Betancort comenzó cuando el segundo era concejal de Hacienda de San Bartolomé, donde ambos están también acusados de malversar fondos públicos junto a Carlos Sáenz. Después, cuando Javier Betancort dejó el Consistorio, comenzó a trabajar en las empresas de José Vicente Montesinos y presuntamente extendieron la trama a Arrecife, de la mano también del interventor Carlos Sáenz, que ejercía ese puesto en ambos municipios (además de en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde se centraba la pieza de Montecarlo que ya ha sido juzgada). En cuanto a Toledo, trabajó como abogado para el Consistorio en pleitos contra las empresas de Montesinos ?que terminó perdiendo el Ayuntamiento- y a su vez estaba relacionado empresarialmente con Javier Betancort, con quien entre otras cosas coincidió en su etapa en el Partido Popular.
"Le estaban haciendo un favor a Javier Betancort"
Respecto a cómo se realizó ese supuesto encargo, José Miguel Rodríguez afirmó que él se reunió con Javier Betancort "motivado por Carlos Sáenz, que fue quien les presentó, porque quería darle trabajo". Según su declaración, "en ese momento sabía que estaban haciendo un favor a Javier Betancort", que estaba en paro, y también que "los precios eran desorbitados" y que "no era necesario ningún pliego", aunque inicialmente pensaba que "los pliegos sí se iban a ejecutar". Sin embargo, al Ayuntamiento solo llegaron unos borradores que ni siquiera se presentaron en el registro oficial
Después, las facturas se giraron a nombre de las empresas de Montesinos, aunque Rodríguez insistió en que la "única persona válida" con relación a ese supuesto servicio y a esas facturas "era Javier Betancort". En cuanto a por qué autorizó los pagos, reconoció que poco después de entrar al Ayuntamiento como concejal llegó a un "entendimiento" con Carlos Sáenz del que se "beneficiaban mutuamente". De esta forma, según su declaración, el interventor "no ponía reparos" al pago de facturas a empresas de las que se "beneficiaban" el propio José Miguel Rodríguez y su partido, el PIL, y a cambio él "hacía la vista gorda" en otros temas, como el de los pagos de las facturas a las empresas de Montesinos.
Esta confesión de José Miguel Rodríguez se produjo en marzo de 2016, cuando pidió voluntariamente volver a declarar. "Estoy arrepentido y quiero aclarar los aspectos que me pregunten sobre la causa", afirmó el ex concejal, que recordó que en ese momento ya estaba acusado y condenado en distintas piezas del caso Unión. "Solo me queda colaborar con la Justicia. A nivel familiar y laboral lo tengo todo perdido", relató Rodríguez, que poco después falleció, tras haber mostrado su arrepentimiento y tras haber confesado en ésta y otras causas.
