Más de tres años después de que dos investigados recurrieran el auto por el que el juez Rafael Lis permitió personarse a la polémica Asociación de Juristas Jiménez de Asúa (AJJA) en la causa de los Centros Turísticos, el magistrado ha resuelto ese recurso expulsando al colectivo de este procedimiento. Y lo ha hecho después de que el Consejo General del Poder Judicial le abriera un nuevo expediente por estos hechos, dado que ni siquiera tramitó ese recurso ni dio traslado al Ministerio Fiscal, pese a que los recurrentes habían vuelto a reiterar su solicitud un año y medio después, a mediados de 2017, en dos escritos que tampoco fueron atendidos.
Fue la juez que le remplazó durante seis meses en el Juzgado -mientras Rafael Lis cumplía una sanción por otra falta muy grave- quien concluyó que se había omitido "un trámite esencial", y dictó una providencia el pasado 30 de octubre ordenando admitir a trámite ese recurso y notificarlo a la Fiscalía -que se adhirió a la solicitud de los investigados-, así como al resto de partes personadas.
Ahora, al regresar al Juzgado tras cumplir su sanción y cuando se enfrenta a un nuevo expediente, el juez ha dictado un auto, fechado el pasado 14 de marzo, por el que estima el recurso presentado en diciembre de 2015 y deja a AJJA fuera de la causa de los Centros, empleando argumentos similares a los que han llevado a otros Juzgados de Instrucción y a la Audiencia Provincial a expulsar a esta asociación de otros procedimientos abiertos en Lanzarote, al entender que la asociación podría estar guiada por "fines espurios".
De atender todas sus peticiones a afirmar que sus fines no están claros
En el caso del juez Lis, que no solo permitió su personación sino que ha atendido prácticamente todas las peticiones planteadas por esta asociación en ésta y en otras causas, ahora señala que sus fines para intervenir en este procedimiento no están claros. "La representación procesal de la Asociación se limita a indicar que actúa en beneficio de la legalidad (recordemos que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya en su artículo primero le atribuye la actuación en defensa de la legalidad) y del principio de igualdad de cualquier ciudadano ante la Ley, referencia totalmente vaga e inconcreta y más en el curso de un proceso penal", señala. Además, ahora cuestiona también los propios estatutos "aportados en su momento" por la asociación, donde "esos mismos fines resultan igual de vagos y no reflejan interés subjetivo específico que nos permita admitir su personación en este proceso como nueva acusación popular".
Así, concluye que "su finalidad en principio se limita a la defensa de la limpieza" de los procedimientos judiciales y el cumplimiento de las garantías procesales", cuando no es ésa la misión de una acusación popular, y que "su único objetivo estatutario, en el proceso, parece que es velar por la regularidad formal de aquel y ni siquiera es promover acciones penales contra quienes aparezcan como responsables de los delitos".
De hecho, en los últimos años, esta asociación a la que la Fiscalía señaló como un posible "caballo de Troya con intereses bastardos" ha acabado defendiendo las mismas tesis de acusados del caso Unión como Luis Lleó y Juan Francisco Rosa, pese a que supuestamente pretendía ejercer la acusación contra ellos en otras causas. Sin embargo, en el procedimiento de los Centros Turísticos, en el que uno de los investigados es el denunciante del caso Unión, Carlos Espino, sí han solicitado hasta medidas cautelares como la imposición de fianzas millonarias, que fueron aceptadas por el juez y que después fueron anuladas.
Recusado por su vínculo con Rosa
El juez Lis aceptó esa petición e impuso esas fianzas en el caso de los Centros mientras dejaba sin tramitar y sin resolver el recurso pidiendo la expulsión de esta asociación del procedimiento. Y lo hizo además justo antes de ser apartado del Juzgado para cumplir una sanción por haber seguido instruyendo otra causa en la que había sido recusado por tener un interés directo o indirecto en el procedimiento, dado que su mujer trabajaba como abogada para Juan Francisco Rosa. Después, fue la juez que le sustituyó mientras estaba suspendido quien anuló ese auto y revocó las fianzas, tal como había solicitado incluso la Fiscalía, que había pedido que se estimaran los recursos que presentaron los investigados.
La otra decisión que adoptó Rafael Lis justo en la víspera de ser apartado del Juzgado se oponía también al criterio del fiscal, situándose de nuevo junto al de la Asociación de Juristas en otra causa contra Carlos Espino. Concretamente, Lis dictó el auto poniendo fin a la instrucción de otra causa que había sido denunciada por AJJA, por un supuesto delito de prevaricación al otorgar la calificación territorial a una gasolinera en la carretera de Playa Blanca a Femés. En este caso, la Fiscalía había pedido el archivo de la causa al no ver indicios de delito, pero Lis decidió iniciar el trámite para llevarla a juicio. Además, ese mismo día el juez también archivó por tercera vez una investigación sobre Pedro de Armas por blanqueo de capitales, de nuevo en contra del criterio del Ministerio Fiscal. En este caso, era la tercera vez que archivaba esa causa, pese a que la Audiencia ya le había ordenado reabrirla en dos ocasiones.
En el nuevo expediente que le ha abierto el Consejo General del Poder Judicial se investigará si Lis ha incurrido en una falta sancionable por "desatención o retraso injustificado" en la causa de los Centros Turísticos, por no haber resuelto ni tramitado esos recursos contra la personación de AJJA. Fueron los dos investigados que interpusieron esos recursos, Mario Alberto Perdomo y Gloria Valenciano, quienes elevaron una queja al CGPJ, advirtiendo de que el magistrado llevaba tres años sin resolverlos.
