"Todo es un trampantojo. Nada es lo que parece y todo se ha hecho a base de parches, remiendos y ocurrencias". Así ha resumido el fiscal Ignacio Stampa lo ocurrido con el complejo Stratvs, al presentar sus conclusiones en el primero de los dos juicios que se celebrarán por esta causa. En su última intervención, Stampa ha sostenido que todo formaba parte de "un plan preconcebido para que nadie le pusiera pegas al señor Rosa". Y también que "todos los pasos" que dieron los acusados eran "arbitrarios", "en ocasiones por mero capricho y en otras porque tuvieron que seguir hacia adelante por el lío monumental en el que se habían ido metiendo".
Además, ha calificado de "tóxica" la bodega, y no solo para el medio ambiente, que es uno de los delitos que se dirimirán en la otra pieza pendiente de juicio. "Ha sido tóxica porque ha contaminado a las administraciones", ha señalado, en referencia a lo que el juicio ha puesto de relieve sobre la actuación del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote. Y también considera que "ha sido tóxica para la igualdad de los ciudadanos" y "para el propio proceso judicial", refiriéndose a la acusación popular "ficticia y falsa" que intentó a última hora personarse en el procedimiento y que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que solo pretendía "dilatar todavía más" la causa.
Y a esto ha añadido la "toxicidad que haya podido producirse o no hacia la opinión pública". Y es que al inicio de su intervención, el fiscal se había referido también a la "campaña de a acoso y derribo" que han sufrido técnicos, peritos, fiscales y juezas que han intervenido en esta causa, y que entre otras cosas han dado lugar a una condena por ataques contra el honor del propio Stampa.
"En mayo de 2008 Rosa ya sabía que iba a estar muy satisfecho"
"Sé que voy a estar muy satisfecho con los resultados". Con esa frase ha comenzado el fiscal la exposición de sus conclusiones en el juicio. A continuación, ha aclarado que quien la pronunció fue uno de los acusados, el empresario Juan Francisco Rosa, en una entrevista que concedió con motivo de la fiesta de inauguración de la bodega en mayo de 2008, cuando no tenía siquiera licencia de actividad. La entrevista se publicó en el medio de comunicación de su propiedad, Lancelot, y según el fiscal "resume todo el avatar" que ha rodeado a Stratvs, y también a otras propiedades del empresario declaradas ilegales.
"El 2 de mayo de 2008 ya sabe que va a estar muy satisfecho", ha subrayado Stampa al hablar de ese acto de inauguración, al que se han hecho constantes referencias durante el juicio. Y es que a la fiesta asistieron la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y otros dos acusados, los ex concejales Leonardo Rodríguez y Evaristo García, que siete meses después aprobaron la licencia de actividad clasificada en la Junta de Gobierno.
Y en esa licencia, concedida más de medio año después del acto de inauguración, se establecía que no se podría iniciar la actividad hasta que se girara una visita de comprobación de las instalaciones y se obtuviera la licencia de puesta en funcionamiento, que nunca fue otorgada.
"No se engañó a los técnicos ni a los concejales"
"En esta causa en la que todo es un engaño, no se engañó a los técnicos ni a los concejales", ha destacado el fiscal, que previamente había "parafraseado" al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que el miércoles declaró como testigo y dijo que en esa fiesta tomaron vino de la propia bodega, "si no nos engañaron". "Es sorprendente que a Pedro San Ginés le dieran vino Stratvs en la inauguración y a Gladys Acuña nada le hiciera pensar que aquello estaba funcionando", ha enfatizado Stampa. Por eso, entre otros elementos que obran en la causa, la Fiscalía sostiene que la alcaldesa y los ediles que participaron en la Junta de Gobierno eran "plenamente conscientes" de que el complejo llevaba al menos varios meses funcionando cuando le otorgaron esa licencia condicionada de actividad, que tampoco permitía su apertura.
Y también que la instalación nada tenía que ver con lo que había autorizado el Gobierno de Canarias, que era una bodega subterránea de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda. Por eso, ha insistido en que dieron licencia de actividad "a sabiendas" de que era una instalación "ilegal", en una zona donde el Plan Insular "no permitía" esta obra y que por tanto no podía obtener ese permiso. Para ello, el fiscal ha vuelto a remitirse a un reportaje publicado en el medio de Juan Francisco Rosa, en el que se ve a varios acusados y a otros cargos públicos de Lanzarote y de Canarias en las instalaciones y junto a carteles, por ejemplo, que indicaban la existencia de una tienda, pese a que en el juicio afirmaron que no sabían que hubiera un restaurante ni una tienda. "Leonardo Rodríguez dice que solo estuvo dos minutos, pero le debieron cundir mucho", ha ironizado el fiscal, remitiéndose a una de las fotografías publicadas, en la que el ex edil aparece en las instalaciones.
"Teoría del positivismo" para analizar informes
Además, Stampa también ha destacado lo que "no vieron" la alcaldesa, los concejales y los técnicos que intervinieron en el expediente para otorgar la licencia de actividades clasificadas, es decir, los informes negativos. "Todos aplican la teoría filosófica del positivismo", ha cuestionado el fiscal, en referencia a que solo vieron informes positivos y a que "incluso son capaces de descubrir informes positivos que aparecen después de tomar la decisión". Y también ha señalado que en esos en los que aparecía la palabra favorable, "no leyeron" el resto del contenido, que en algunos casos incluía advertencias como que el Plan Insular no permitía ese uso en el suelo donde se ubica Stratvs.
"Lo triste, grosero y patético", según el fiscal, es que esa misma lectura "selectiva" se repitió durante el juicio, cuando pidió a dos de los acusados que leyeran parte de alguno de esos informes. "O se inventaban palabras o se las callaban", ha recordado, apuntando que "igual por eso" siete de los acusados se negaron el pasado lunes a responder a preguntas de la Fiscalía, "por si se les hacía leer".
"Se cerró el negocio chico y se dejó el grande"
El fiscal también ha hecho referencia a la situación que se dio en 2013, cuando Acuña fue imputada en esta causa y ordenó entonces una inspección en Stratvs, abriendo tres expedientes de los que solo culminó uno, con la clausura del restaurante. "Se cerró el negocio chico y se dejó el grande, que era la bodega y la tienda", ha destacado el fiscal, que acusa tanto a la alcaldesa como al que era concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, de un delito de prevaricación por omisión, por no haber cerrado todas las instalaciones al tener conocimiento de su ilegalidad.
Stampa ha planteado que en ese momento podrían haber iniciado una revisión de oficio de las licencias que se habían concedido y anularlas, pero eso les suponía "dos problemas". Uno, que podrían estar "reconociendo una prevaricación", ya que Acuña intervino en la concesión de la licencia de actividad clasificada y Rodríguez en la de obra. Otro, las consecuencias económicas que podría haber tenido para el Ayuntamiento.
Al respecto, el fiscal ha hecho referencia a un escrito remitido por Rosa al Consistorio, en el que "amenaza con ir contra ellos" y contra otras instalaciones de la isla. "En el Ayuntamiento temblaron", ha sostenido, afirmando que por eso tuvieron que "seguir enrocándose, tirándose por el precipicio y seguir disimulando. Hasta hoy", con la celebración del primer juicio del caso Stratvs, que concluirá este viernes con la presentación de los escritos de conclusiones de la acusación popular y de los diez abogados de las defensas.
