El ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, ha pedido ahora al Gobierno que le conceda un indulto, en un nuevo intento de evitar cumplir la condena de un año de cárcel que se le impuso en el caso Yate, en el que confesó delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. Además, se ha dirigido a la Audiencia Provincial de Las Palmas, que había ordenado ya su ingreso en prisión, pidiendo que suspenda la ejecución de la pena hasta que el Consejo de Ministros resuelva su solicitud.
Cabe recordar que la petición de un indulto no implica necesariamente que se suspenda el cumplimiento de la condena, tal como han subrayado tanto la Fiscalía como la acusación popular, que se han opuesto a que se acepte la petición de Bartolomé Fuentes. "El indulto es una medida absolutamente excepcional que trunca lo que es el desarrollo normal de todo procedimiento penal", señala el fiscal en su escrito, que se centra en recordar la gravedad de los delitos por los que fue condenado Vicente Bartolomé Fuentes y en cuestionar que pueda acceder a esta medida de gracia.
"Es de sobra conocido que el criterio del Ministerio Fiscal, en supuestos de delitos enmarcados en la corrupción, como lo son, de ordinario, los relativos a prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos, se ha opuesto de forma rotunda a la concesión de la gracia de indulto en cuanto a que la medida supone una quiebra del principio de legalidad penal y de separación de poderes", señala.
"Una de las mayores causas contra la corrupción urbanística de Canarias"
En el caso del ex secretario, la Fiscalía recuerda que desde su cargo "debía haber impedido el masivo otorgamiento de licencias contrarias al planeamiento urbanístico" por parte del ex alcalde también condenado en la causa, José Francisco Reyes. "El hecho de que la persona que ha perpetrado estos hechos constitutivos de un proceder corrupto tenga una relevancia profesional, incide aún más en el reproche social y, por ende, penal, y así no puede obviarse que los implicados -también acusados y condenados- fueron un referente político del municipio de Yaiza en la época en la que se estaban cometiendo todos y cada uno de los delitos aquí enjuiciados (prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos)", subraya el fiscal Javier Ródenas, que recuerda que el caso Yate "constituye una de las mayores causas contra la corrupción urbanística en Canarias".
Con respecto a la posibilidad de que la concesión del indulto llegue cuando ya haya terminado de cumplir la pena, que es lo que alega el ex secretario para justificar petición de que se suspenda la ejecución, la Fiscalía también se muestra tajante, apuntando a las escasas posibilidades de que prospere esa solicitud.
"Tratándose de delitos referidos a la corrupción, dado el actual posicionamiento de todos los partidos políticos en que asumen la idea ya asentada de tolerancia cero, las expectativas de concesión del indulto total o parcial, como el aquí invocado, son contrarias a dichas motivaciones de política criminal que subrayan la totalidad de los actores políticos. No parece que a estas alturas, cuando el rechazo es unánime a las prácticas corruptas cometidas en el seno de las corporaciones locales, se permita, en uso de la gracia, dejar de sancionar comportamientos corruptos con el instituto del indulto", plantea en su escrito de respuesta a la petición del ex secretario.
"Acuden al indulto como una tercera instancia para evitar el ingreso en prisión"
Por su parte, la acusación particular, ejercida por Carlos Espino como denunciante de la causa, recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía del Tribunal Supremo "consideran que, ante el uso abusivo del derecho de gracia por parte de los condenados, que acuden al indulto como una tercera instancia dirigida a evitar el ingreso en prisión una vez agotados todos los trámites previos, éste debe ser revisado en términos de excepcionalidad y cuando concurran circunstancias como un pronóstico favorable al indulto, por existir requisitos que lo justifican", cosa que considera que no ocurre en este caso.
Además, recuerda que tras diez años de instrucción de esta causa, Vicente Bartolomé Fuentes confesó "in extremis unos hechos de cuya acusación conocía desde que se dictó auto de juicio oral". "Dicho reconocimiento de los hechos ya le ha supuesto al señor Bartolomé una gracia en modo de rebaja de la pena, a pesar de que gran parte de las dilaciones indebidas que la parte alega se deben al ejercicio del derecho de defensa llevado hasta el límite de reconocer los hechos en el acto del juicio oral", añade.
Del mismo modo, recuerda que el acusado "no sólo es reincidente, que es causa directa de denegación del indulto", sino que tiene otros juicios pendientes por corrupción. A esto, agrega además que la condena del caso Yate "relata unos hechos de una gravedad extrema, cuyos daños al erario público no podrán ser reparados nunca". Y también subraya que actualmente, Bartolomé Fuentes "desarrolla su trabajo en la administración pública", concretamente en el Cabildo de Gran Canaria, donde consiguió acceder a una plaza pese a las condenas que pesan sobre él, por lo que considera que existe "un riesgo de reiteración y fuga evidente".
En la misma línea del Ministerio Fiscal, la acusación popular también considera que "la posibilidad de que le sea concedido el indulto a un multicondenado por delitos de corrupción con causas pendientes es ínfima", y subraya que eso "lo sabe la defensa del condenado y lo sabe el propio condenado pero, como es práctica habitual de los condenados por corrupción, optan por agotar las vías y usar los atajos que el sistema penal español ofrece". Además, recuerda que las últimas resoluciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo "deniegan la suspensión de la pena ante la certeza de la denegación del indulto en casos de corrupción, máxime cuando los condenados son reincidentes y tienen juicios pendientes", como es el caso de Bartolomé Fuentes.
