La jurista del Cabildo Joana Macías ha declarado este jueves como perito en el juicio del caso Stratvs y ha vuelto a relatar las consecuencias que tuvo para ella emitir esos informes periciales bajo el gobierno de Pedro San Ginés, y también ha hablado de las "visitas" que se recibieron en la institución cuando estaba elaborando esos dictámenes a petición del Juzgado.
"Era la primera vez que ocurría", ha subrayado, tras explicar que técnicos del proyecto enviados por la propiedad hicieron "varias visitas a la oficina en relación a este tema". Después, ha explicado que fue el propio dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa, quien acudió al Cabildo junto al que entonces era su abogado en esta causa, Felipe Fernández Camero, para reunirse con el entonces director insular de Ordenación Territorial, Rafael Martín. "Creo que era la primera vez que veía a Rosa en el Cabildo, pero después lo he visto ir más veces", ha recordado.
Reuniones con el director insular "para tratar de Stratvs y de sus cosas"
En este caso, Macías ha subrayado que no le consta que el empresario hablara con los técnicos -"conmigo desde luego no", ha precisado- sino que se dirigía directamente al director insular, que era un cargo de designación política, "para tratar de Stratvs y de sus cosas". Después, tras una de esas reuniones, la funcionaria del Cabildo ha explicado que recibió una instrucción que nunca antes le habían dado. "El director insular me dijo que la pericial había que conciliarla antes de mandarla al Juzgado". "Era la primera vez que yo veía que se hacía eso", ha vuelto a subrayar Joana Macías, que ya había intervenido como perito en otras causas judiciales.
En ese momento, el director insular había pasado a ser ya Miguel Ángel Santana, que llegó a emitir una circular interna para todos los trabajadores, en la que daba instrucciones de que se le entregaran todos los informes periciales que se hubieran solicitado antes de enviarlos a los Juzgados. "Yo le dije que no, porque quien responde en el Juzgado soy yo", explicó esta jurista ya en el primer juicio de Stratvs, en el que también declaró como perito. "Yo a la validación del director insular no me iba a prestar", señaló en esa vista, en la que también hizo hincapié en que Miguel Ángel Santana era un cargo de designación política, que fue nombrado bajo el gobierno de San Ginés.
Así, tal como ha recordado este lunes, Joana Macías decidió firmar una diligencia haciendo constar la entrega de su informe tal como ella lo había elaborado. Y cuando el Juzgado volvió a requerirlo, al haberse cumplido el plazo para enviarlo, el entonces presidente, Pedro San Ginés, lo remitió pero acompañándolo de un escrito en el que afirmaba que la pericial no había sido "debidamente validada ni supervisada" por los servicios jurídicos de la Corporación. Al respecto, cabe recordar que la juez instructora de esta causa, Silvia Muñoz, advirtió tras recibir el escrito del presidente que intentar influir en los peritos de una causa judicial puede constituir un delito.
Contrainformes, destituciones y otras consecuencias
Después, San Ginés encargó varios 'contrainformes' -aunque en su declaración como testigo en este juicio aseguró que no lo recordaba-, para intentar rebatir el de Joana Macías. Sin embargo uno de ellos, elaborado por el que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, llegó exactamente a las mismas conclusiones que el de Macías: que la bodega era ilegal e ilegalizable y que, además, el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria tenía vicios de nulidad. De hecho, poco después ese documento fue anulado por los Tribunales.
Tras la emisión de ese informe, San Ginés destituyó de su cargo a Leopoldo Díaz, en otra decisión que también fue después declarada ilegal por una sentencia que es firme, y que años después le obligó a devolverle a su puesto. En cuanto a Joana Macías, ha señalado que desde entonces se le apartó de la emisión de informes. "En los últimos seis años de mi vida profesional, se puede contar con los dedos de una mano la posibilidad que he tenido de hacer informes o cualquier cosa que tenga que ver con los Juzgados", ha relatado.
"Ahí te dejo el marrón"
Además, a preguntas de la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, la jurista ha explicado que ni siquiera fue el Juzgado quien la designó expresamente para emitir el informe pericial de Stratvs. Quien se lo encomendó fue el propio director insular de Ordenación del Territorio, Rafael Martín, cuando el Cabildo recibió un requerimiento de la juez Silvia Muñoz solicitando un dictamen pericial de la institución.
"Vino a mi despacho y me dijo: te lo dejo a ti, ahí te dejo el marrón", ha explicado Macías. Al respecto, al responder por qué se le encomendó a ella, ha recordado que en la Oficina del Plan Insular solo había tres juristas, y uno de ellos había sido recusado por Juan Francisco Rosa, mientras que la otra, Delia Fernández, era la sobrina del abogado del empresario, Felipe Fernández Camero.
"Por la perito no se preocupe, que se defiende muy bien"
Durante la declaración de Joana Macías, que se ha prologando durante más de una hora, la jurista ha reiterado que son ilegales tanto las obras como el permiso otorgado en su día por el Gobierno de Canarias -que ni siquiera cubre una décima parte de lo construido-, pero además ha rebatido todas las preguntas de los abogados de la defensa.
"Por la perito no se preocupe, que se defiende muy bien", ha llegado a señalar en un momento el presidente de la Sala, Emilio Moya, cuando la abogada de la acusación popular ha cuestionado las preguntas que se estaban formulando. Al igual que han hecho con otros peritos y testigos, tanto la letrada que representa a los acusados del Gobierno de Canarias como el de Juan Francisco Rosa han ido haciendo alusión a otras normativas y a distintos artículos específicos para intentar rebatir las conclusiones de Macías. Pero en todos los casos, la perito ha respondido no solo confirmando que conocía esos artículos, sino también explicando por qué no eran aplicables al suelo donde se ubica Stratvs.
Al respecto, ha precisado que esa zona cuenta hasta con tres tipos de protección: como suelo rústico, como zona paisajística, con la categoría de paisaje singular, y como parte de un espacio natural protegido. Así, ha dejado claro que otras situaciones a las que hacía referencia la defensa "no son comparables", porque cada suelo cuenta con su protección específica y "las medidas de protección son distintas", por lo que no se puede aludir solo, por ejemplo, a la normativa para suelo rústico. Además, también ha defendido la vigencia del Plan Insular para regular La Geria, así como su condición de espacio natural protegido, que es otra de las cosas que intenta cuestionar la defensa.
En cuanto al permiso otorgado en su día por el Gobierno de Canarias, que autorizó la construcción de una bodega-almacén subterráena de 900 metros, ha sido contundente: "Sinceramente, tenían que haberlo denegado, porque no estaba permitido". De hecho, ha llegado a afirmar que esa autorización supuso una "derogación singular de un reglamento, porque se ha exonerado a un caso concreto de cumplir la regla que todos tenemos".
Aunque la declaración de esta perito ha incluido distintos momentos tensos con los abogados de la defensa, ante los que se ha mostrado contundente, y también alguna intervención del presidente de la Sala para señalarle que podía concluir su respuesta y que no era necesario que diera más precisiones, el comienzo ha arrancado de forma distendida a raíz de una equivocación del magistrado, que ha dado paso a la perito pensando que había sido citada a petición del abogado de Juan Francisco Rosa. "No, no. Éste es del Ministerio Fiscal. !Si es mío, renuncio!", ha respondido el letrado, José Antonio Choclán Montalvo, despertando las risas en la Sala y dando un anticipo de lo que iba a suponer esta declaración en el juicio.
