"Hemos podido dar una impresión incluso paranoica”. Ésa ha sido una de las frases que ha dejado este jueves el abogado de Luis Lleó, Manuel Matamoros, al hablar de la estrategia de defensa seguida por este acusado en el caso Unión. Esa estrategia, tal como se volvió a poner de relieve en la vista celebrada este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, se basa en intentar que se anulen las pruebas que existen contra Lleó, y que entre otras cosas incluyen grabaciones en las que se le escucha intentando sobornar al ex consejero Carlos Espino -que fue el denunciante de la causa-, para que le ayudara a desbloquear la construcción de la parcela de Costa Roja.
“Este abogado no va a alimentar esa corriente de ilicitud de todas las actuaciones”, ha sostenido el letrado, pese a que ha sido precisamente su cliente quien durante años ha venido defendiendo y alimentando esa “corriente”. De hecho, Lleó llegó incluso a presentar querellas contra el juez que inició la instrucción de la causa, contra el primer fiscal y contra el sargento de la UCO que llevó la investigación. Unas querellas que ni siquiera fueron admitidas a trámite, al no apreciarse ningún indicio de delito en su actuación.
“Todos han cometido delitos menos él, y los que han cometido delitos son las personas que le investigaron”, ha resumido el fiscal, Javier Ródenas, al referirse a Lleó. En cualquier caso, ha “agradecido” la intervención de su abogado durante la vista, ya que considera que “ha enmendado” la actitud mantenida hasta ahora por su cliente, que había venido representándose a sí mismo en la causa como abogado. Al respecto, ha recordado que el propio Luis Lleó firmó el escrito de defensa, de 558 folios, centrados en sostener las supuestas irregularidades en la instrucción. Un escrito que, según el fiscal, pretende argumentar que “todo es un complot” y que “todo es ilícito y delictivo hasta que no se demuestre lo contrario”.
De querellas a “respeto” a los que han intervenido en la causa
En su intervención, sin embargo, el actual abogado de Lleó ha comenzado mostrando su “respeto hacia el representante del Ministerio Fiscal” y también hacia “las personas que han formado parte de este procedimiento”. De hecho, pese a las afirmaciones que en los últimos años han llegado a lanzar el acusado y su entorno, su abogado ha afirmado que ni hubo “ausencia total de control judicial” en la investigación del caso Unión, ni es cierto que “la investigación la controlara la policía judicial”.
Sin embargo, aunque ha suavizado radicalmente el discurso mantenido durante años por Lleó, sí ha insistido en que existen supuestas “vulneraciones de derechos fundamentales” que, según él, deberían invalidar las pruebas, para que no sean valoradas por el jurado. Eso es precisamente lo que se dirimía en esta vista, celebrada ante el juez Salvador Alba, de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Y es que dado que este juicio se celebrará con un jurado popular, la Audiencia debe decidir antes si existen o no vicios de nulidad en las pruebas.
Al respecto, y pese al cambio de tono, la defensa de Lleó sí sigue insistiendo en que deben invalidarse, entre otras cosas, todas las conversaciones grabadas que incriminan a su cliente, alegando distintas y supuestas vulneraciones de derechos que, según subrayó el fiscal, ya ha sido resueltas durante la instrucción, con distintos autos de la Audiencia Provincial -algunos del propio Salvador Alba- , que rechazaron recursos de Lleó, e incluso con dos sentencias firmes del Tribunal Supremo en otras piezas del caso Unión. Sin embargo, el abogado ha hablado de “arbitrariedad” en la instrucción, de “negligencia” y de actuaciones que, en su opinión, no estaban justificadas para perseguir “un sencillo cohecho”.
Lleó renuncia a una de sus pretensiones
Lo que sí ha hecho el abogado de Lleó es renunciar a una de sus pretensiones, con la que aspiraba a retrasar la celebración del juicio. En su escrito, el acusado había alegado que existía prejudicialidad penal, por una de la querellas que presentó, en este caso contra el secretario judicial y agentes de la UCO. Esa causa, en la que la Fiscalía ha pedido el archivo, sigue abierta en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, a cargo del juez Rafael Lis.
Por eso, Lleó alegaba que no debía ser juzgado hasta que se resolviera esa causa. Sin embargo, su propio abogado ha afirmado este jueves que esa petición “no tiene sentido”, porque lo que se dirime en ese otro procedimiento “no es objeto” de la causa contra Lleó. No obstante, ha advertido de que si prosperara esa querella, luego podrían pedir que se revisara la eventual condena a su cliente.
Al respecto, cabe recordar que todas las demás querellas presentadas hasta ahora por Lleó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias –que es quien tiene competencias para investigar a jueces y fiscales- han sido rechazadas, al no apreciarse indicios de delito. Y tampoco fue admitida a trámite otra querella que presentó la asociación de juristas Jiménez de Asúa. Una asociación que, “paradójicamente”, como ha subrayado el fiscal, se sentaba junto al Ministerio Público en esta vista. “Es incompatible querellarse contra el juez instructor y luego ejercer de acusación en esta causa”, ha sostenido Ródenas, que considera que la asociación se ha “quitado la careta” durante la vista, ya que en su intervención no solo no ha cuestionado a la defensa del principal acusado, sino que le ha dado “la razón en parte”, señalando que debía admitirse una de las causas de nulidad que invoca Lleó.
Lleó alega que se vulneraron derechos del acusado confeso
En cuanto a esos supuestos de nulidad, el abogado de Lleó ha empezado refiriéndose a la primera conversación que grabó Carlos Espino con el otro acusado de la causa, Fernando Becerra, que ha confesado que actuó como intermediario para ofrecer ese soborno. Así, tras repetir argumentos como que no se aportó la grabadora o que la grabación que consta en la causa “no es original”, sino una copia, ha alegado dos supuestas vulneraciones de derechos: el derecho a no declarar contra sí mismo y la violación del derecho a su intimidad.
Y en ambos casos, se trata de derechos de Becerra, ya que es él quien aparece en la conversación con el denunciante. Y tal como ha subrayado el fiscal, Fernando Becerra no solo no ha impugnado la grabación, sino que ha reconocido su contenido y ha confesado los hechos.
Sobre este punto, el abogado de Lleó ha defendido el derecho a invocar supuestas vulneraciones de derechos por un tercero, aunque no sea directamente afectado, y ha llegado a poner como ejemplo la posibilidad de impugnar “un testimonio obtenido bajo tortura”.
“No es algo íntimo, es un cohecho como un piano”
En cualquier caso, sobre la supuesta violación de la intimidad, el fiscal ha respondido al abogado de Lleó que “la comisión de un delito no es un acto íntimo, es un acto punible”. Así, ha subrayado que aunque la conversación transcurriera “en la intimidad de un despacho”, eso no significa que su contenido lo fuera. “No es algo íntimo, es un cohecho como un piano”, ha enfatizado.
Respecto al derecho a no declarar contra sí mismo, el fiscal ha citado jurisprudencia del Supremo, que estableció la diferencia entre grabar a alguien confesando un delito cometido con anterioridad, y grabar un hecho que está ocurriendo. “No es una confesión, es la grabación de un delito que se está cometiendo en ese momento”, ha subrayado.
En cualquier caso, ha señalado que incluso aunque se anulara esa grabación, no afectaría al resto del procedimiento. Así, ha tachado de “falaz” el argumento de la defensa de Lleó, que pretende que se anule esa grabación para invalidar también un auto posterior del juez instructor, autorizando las escuchas telefónicas de Becerra y Lleó. La premisa de la defensa es que todo lo que surge de un acto nulo también debe ser anulado, mientras que la Fiscalía, además de defender la legalidad de la grabación, niega que estuviera en ella el origen de estas diligencias.
“Carlos Espino presentó una denuncia. Así empieza. El auto autorizando las escuchas no se centra únicamente en la grabación. Eso hace la denuncia más fiable, más creíble, pero no todo el que denuncia tiene que presentar una grabación”, ha señalado. Así, ha insistido en que esa primera grabación de Espino, realizada tras presentar la denuncia en la UCO y antes de la intervención del juez, fue solo un motivo más para iniciar la causa, pero no su detonante, que estuvo en la propia denuncia en sí. “Lo que denunció Espino es un hecho repugnante, que es que estaba siendo objeto de un intento de soborno”, ha recordado Ródenas.
“Las periciales dicen lo que dicen, guste o no al señor Lleó”
En cuanto a otro de los argumentos más esgrimidos por Lleó, la supuesta ruptura de la cadena de custodia de los CDs con las conversaciones, su abogado ha vuelto a pedir que sean anulados, alegando que “no es que se rompiera la cadena de custodia”, sino que “no hubo cadena de custodia”. A esto, el fiscal ha respondido con los dos informes periciales que constan en la causa, que confirman que esas grabaciones no han sido manipuladas. Y también con un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que rechazó un recurso de Lleó pidiendo una tercera prueba pericial. “Las periciales acústicas dicen lo que dicen, guste o no al señor Lleó”, señalaba ese auto.
Además, ha vuelto a insistir en que el otro acusado que interviene en esas conversaciones, Fernando Becerra, admitió que lo grabado coincide con lo que dijeron. “Tan cierto como que confesó”, ha evidenciado el fiscal. Y también ha hecho referencia a la primera sentencia del Tribunal Supremo en otra pieza del caso Unión, por los pagos a Francisco Rodríguez Batllori por servicios no prestados. Ese fallo desestimó hasta 115 motivos de impugnación planteados por las defensas, incluyendo los que cuestionaban la validez de las escuchas. “Ni se fabricaron resoluciones, ni hay atisbo de nulidad”, ha insistido Ródenas, recordando todas las periciales y resoluciones judiciales que lo sostienen.
En cualquier caso, el fiscal ha señalado que se podrían volver a volcar del Sitel, que es el sistema que se utilizó para grabar las conversaciones telefónicas, las 25 llamadas que la Fiscalía ha pedido que se escuchen en el juicio, y que son las que utilizará como prueba. Al respecto, el fiscal ha subrayado que aunque Lleó dedica "250" de los 556 folios de su escrito "a elaborar una tesis alternativa sobre cómo funcional Sitel”, la sentencia del Tribunal Supremo ya “despejó” este asunto en la pieza de Batllori. En esa sentencia, el TS dejaba claro que no hay posibilidad material de manipular las grabaciones realizadas con Sitel y que los agentes solo pueden escuchar el contenido, “pero nunca modificarlo”. Después, esas grabaciones se vuelcan a un soporte, CD o DVD, “que es de solo lectura”, por lo que “no se puede grabar sobre el mismo”. Además, el Supremo añadía que en el servidor central de Sitel, de donde “no es posible modificar ni borrar absolutamente nada”, queda registrada una copia completa de todas las conversaciones, que es a la que el fiscal plantea que podría recurrirse si la defensa de Lleó realmente duda de la autenticidad de los CDs incorporados a la causa.
“Se sigue defendiendo algo ya resuelto”
En cuanto a otras supuestas vulneraciones de derechos, como el de la “inviolabilidad del domicilio”, por el que Lleó pretende que se invaliden documentos encontrados durante el registro, el fiscal también ha señalado que ya ha sido resuelto en anteriores autos de la audiencia: “Se sigue defendiendo algo ya resuelto, en la confusión y la visión apocalíptica y caótica que plantea el señor Lleó”.
Por último, la defensa ha vuelto a hacer referencia también a otro tema que Luis LLeó lleva años planteando, sobre el CD de una de las conversaciones, que no está incorporado a la causa. “No se puede incorporar lo que no existe”, le ha respondido el fiscal, que ha admitido que “por desgracia, no es la primera vez que ocurren estas cosas”, ni en los Juzgados de Lanzarote, ni en los de Canarias ni en los de toda España, y que ese CD se extravió, como ya sabe la defensa.
Sin embargo, pese a admitir que es “censurable” que esto ocurra, Ródenas ha subrayado que eso no implica que haya nulidad alguna. “Parece que el CD del 20 de mayo es un talismán exculpatorio”, ha ironizado, señalando que la transcripción de esa conversación sí consta en la causa y que, en cualquier caso, durante el juicio “veremos qué dicen” los otros dos participantes en esa conversación, es decir, Becerra y Espino, sobre su contenido.
