Dos directivos de Urbaser reconocieron ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas los sobornos y dádivas dadas a representantes públicos a cambio de conseguir licitaciones para la empresa, así como aumentar el valor de los pagos. Ambos permanecen acusados junto a otras 14 personas en la Operación Jable, la última pieza que queda por juzgar del caso Unión.
Este miércoles, 12 de abril, dos altos cargo de Urbaser, Manuel de Andrés Martínez y Santiago Alonso Herrero, manifestaron su voluntad de colaborar con la Justicia. Ambos están acusados de un presunto delito de cohecho por la posible alteración de concursos públicos, un delito que ahora reconocen.
El juicio de esta trama se ha dilatado en el tiempo cerca de ocho años desde que concluyó la instrucción e investiga la adjudicación del contrato de limpieza de Arrecife a la empresa Urbaser cuando Isabel Déniz era alcaldesa del municipio. Así como la adjudicación de la contrucción del pabellón de Argana a la empresa FCC.
De acuerdo a los escritos a los que ha tenido acceso La Voz, cada unos de los directivos ha ingresado la candidad de 110.000 euros en la cuenta de la Sala en concepto de multa. Además, tanto Manuel de Andrés como Santiago Alonso han aceptado haber cometido un delito de cohecho y las penas restantes, solicitadas por el Ministerio Fiscal.
La vista, por el momento, está programada para el próximo lunes 17 de abril, a espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre un escrito presentado por la defensa de la exalcaldesa de Arrecife en el que solicita el aplazamiento del juicio oral por motivos de salud, tal y como adelantó este diario.
En ella se sentarán en el banquillo: la exalcaldesa de Arrecife Isabel Déniz, el exsecretario del consistorio Felipe Fernández Camero, el líder histórico del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha y el exsecretario socialista Miguel Ángel Leal. Junto a ellos también permanecen acusados altos cargos de las mercantiles Urbaser, FCC y Gamma Install. Además de las parejas de Déniz y Martín como partícipes a título lucrativo.
El escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal a finales de 2016 sostenía que Dimas Martín e Isabel Déniz se pusieron "de acuerdo" entre 2001 y 2002 para "obtener fotos de forma ilícita procedentes de diversas empresas privadas a través del Ayuntamiento", con "la importante colaboración" de dos funcionarios de la corporación. De acuerdo con la Fiscalía, de esta manera "seleccionaban las empresas a las que iban a adjudicar los contratos y solicitaban "dádivas" o regalos, a cambio.
Por su parte, las empresas para recibir las adjudicaciones, "amañaban" los concursos presentando ofertas más bajas. De acuerdo con el Ministerio Público, una vez obtenida las licitaciones, se aprobaban modificaciones al alza.
