Los consejeros de CC comparecen ante el juez como investigados por presunta falsedad documental

David de la Hoz y Tania Ramón se han negado a responder, y el resto solo ha contestado preguntas del magistrado

Los consejeros de CC, a su llegada a los Juzgados (FOTOS: José Luis Carrasco)
Los consejeros de CC, a su llegada a los Juzgados (FOTOS: José Luis Carrasco)

Todos los consejeros de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote han comparecido este lunes en los Juzgados de Arrecife como investigados por un delito de falsedad documental, por la presunta falsificación del documento en el que se basaron para expulsar del grupo a Juan Manuel Sosa.

En el caso de David de la Hoz y de Tania Ramón Espinosa, se han acogido a su derecho a no declarar y se han negado a responder a las preguntas del magistrado. En cuanto al resto -Pedro San Ginés, Samuel Martín, Óscar Pérez, Domingo Cejas y Migdalia Machín-, sí han respondido al juez, pero no al abogado de la acusación particular.

No obstante, Óscar Pérez solo ha contestado preguntas relativas al primer delito que se empezó a investigar en esta causa, el de coacciones, pero no respecto a la presunta falsedad del reglamento del grupo.

Cabe recordar que este procedimiento se inició por una querella de Juan Manuel Sosa contra Pedro San Ginés, que fue el primer imputado en la causa por un presunto delito de coacciones. En la denuncia, Sosa afirmaba que recibió amenazas de San Ginés -algunas de ellas en presencia de Óscar Pérez- para que entregara su acta en el Cabildo, y la Audiencia Provincial ordenó al Juzgado que lo investigara.

Después, Sosa presentó una ampliación de la denuncia, que también fue admitida a trámite y llevó a la imputación del resto de consejeros de CC.

Esa ampliación se basa en su posterior expulsión del grupo político CC-PNC en el Cabildo, amparándose en un supuesto reglamento que, según el consejero, “fue creado artificialmente para justificar su expulsión", lo que "supondría un delito de falsificación de documento público y otro de vulneración de derechos fundamentales".

En su auto, fechado el pasado de mayo, el magistrado concluía que se debe “determinar si el reglamento del grupo de CC-PNC fue una creación ad hoc dirigida a fundamentar artificiosamente la expulsión del denunciante”.

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