El Tribunal Supremo ha ratificado la prescripción de los delitos de cohecho en el caso Fitonovo y, con ella, la absolución de los cargos públicos y funcionarios del Gobierno de Canarias, los cabildos de Lanzarote y Gran Canaria y Gobierno canario que fueron procesados en esa causa.
La sentencia emitida ahora se refiere a la pieza separada sobre las adjudicaciones llevadas a cabo en los ayuntamientos de Sevilla y Algeciras (Cádiz), con penas de entre tres años y dos meses a funcionarios y empresarios, resultado del recurso presentado por una empresa Fitonovo y uno de los procesados, que ha sido desestimado.
En el fallo se repasa lo ocurrido en Canarias, donde se declararon prescritos los delitos y fueron absueltos cargos públicos de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Gobierno de Canarias, funcionarios y miembros de Fitonovo en las islas.
La Audiencia Nacional procesó en su momento en esta causa a 45 personas, de las que cinco estaban relacionadas con Canarias como era el apoderado de la entidad en las islas, Adolfo José de la Torre García.
Luego en una pieza separada sobre administraciones autonómicas e insulares fueron investigados otros cuatro imputados: el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria), el funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales en las islas Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez.
A ellos se unió el jefe de Carreteras del Ejecutivo autonómico entre 2003 y 2011, José María Maya Cáceres, ya fallecido.
Entre los hechos probados pero prescritos se encontraba la entrega al exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín de 24.000 euros por parte del delegado de Fitonovo en Canarias.
Otros dos comerciales de las empresas Elsamex y Api Movilidad fueron acusados de costear junto a Fitonovo un viaje a Marbella de despedida de soltero de Ulises Pérez, cargo de confianza del exconsejero de Obras Públicas del Cabildo grancanario, Miguel Jorge Blanco, cuando José Manuel Soria era presidente.
En la instrucción se nombraba al exjefe de Carreteras del Gobierno de Canarias por haber recibido 53.000 euros en efectivo y se acreditó el pago de la mudanza de su hija como contraprestación por su actuación en la adjudicación y ejecución de contratos públicos a favor de la empresa en ese período.
Desde el año 2022, la Audiencia Nacional ha emitido varios fallos judiciales de las distintas piezas de las que en algunas se llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se contemplaron los atenuantes de dilaciones indebidas y confesión.
De la Torre García, según el juez, era el responsable de Fitonovo en Canarias y el encargado de "todas las contrataciones corruptas" con las que la empresa se hizo en las islas.
Las sentencias consideran probado que Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios.
Estos les facilitaban dicha contratación y se creó "una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
Los delitos que se plantearon fueron los de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude de las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.
Según recoge en los fallos emitidos, De la Torre habría pagado a Machín de Coalición Canaria (CC) determinados sobornos, llamados internamente en la empresa como "impuesto revolucionario", para conseguir varias adjudicaciones y contratos en las islas.
La facturación de la sociedad con el Cabildo conejero ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 700.000 euros y a cambio el consejero Machín recibió 24.000 euros en dos comisiones en metálico, una en 2004 por importe de 6.000 euros, y otra de 18.000 euros en 2005.
Mientras, el coordinador de Obras Públicas Gran Canaria habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos en la Corporación insular por valor de 150.000 euros. El primer pago que recibió Pérez de de la Torre tuvo lugar en marzo de 2005 por 5.058 euros a cambio de otorgar la reparación de un muro en la GC-851, un trabajo que la empresa nunca hizo porque el muro ya se había arreglado cuando se adjudicó la obra.
El otro pago, de 5.322,90 euros, fue realizado en noviembre de 2005 y correspondía a la parte de Fitonovo de un viaje de despedida de soltero del exfuncionario a Marbella y que también fue sufragado por otras dos empresas, Api y Elsamex.
En total el viaje llegó a costar más de 15.900 euros y en él se incluyeron todos los gastos, aunque las tres empresas volvieron a recobrar esa cantidad mediante certificaciones de obras falsas en el Cabildo de Gran Canaria validadas por Pérez.
El juez que llevó la instrucción en la Audiencia Nacional detectó que el 14 de noviembre de 2007, durante el mandato en el Cabildo de Gran Canaria del socialista José Miguel Pérez junto a Nueva Canarias, De la Torre realizó un pago de más de 8.284 euros a un funcionario cuya identidad se desconoce.
